2 de febrero de 2016

LA COMPLICIDAD DE LA SHCP CON EL CRIMEN ORGANIZADO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al no investigar, se ha convertido en parte de la red de cómplices del crimen organizado que desde hace años está haciendo pedazos al país. Las omisiones de la SHCP encubren al crimen organizado porque, disponiendo de todos los recursos humanos y financieros necesarios, no genera los elementos de prueba para identificar a los responsables del abrumador lavado de dinero de narcotraficantes, políticos, empresarios, funcionarios públicos así como de mandos medios y altos del ejército y policías en el país (el lavado de dinero no se limita al narcotráfico; también abarca las rutas de salida de dinero proveniente del desvío de recursos públicos robados por funcionarios públicos, gobernantes, legisladores y empresarios). En política no existen las casualidades; estas omisiones tienen lugar por órdenes expresas.
No es casualidad que la SHCP no elabore matrices de consistencia entre los ingresos y los gastos de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, así como de los demás miembros del gabinete y sus respectivas familias, aun cuando existe abrumadora evidencia pública que sugiere el enriquecimiento inexplicable e ilegal de estos sujetos.
Tampoco es casualidad que ahora que recapturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán no le han incautado una sola propiedad, no le han decomisado una sola tonelada de drogas, no le han intervenido una sola cuenta bancaria: ni a él, ni a alguien de su familia, allegados, empresarios, políticos, funcionarios, militares, policías y demás cómplices que conforman su red de operadores.
El encubrimiento de la SHCP a los delincuentes de este país alcanzó un nivel superior de descaro ahora que recientemente detuvieron al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira en España. El gobierno español, aún con la precariedad que la distancia y la otredad implican para conducir una investigación como ésta, sí pudieron (y quisieron, al menos al inicio) integrar elementos financieros de prueba para someterlo a un proceso judicial por lavado de dinero, lo cual la SHCP nunca tuvo siquiera en sus planes hacer.
Además, tanto la SHCP como los órganos electorales mexicanos correspondientes fueron –y son aún- omisos respecto de las abrumadoras pruebas del ilegal apoyo financiero de, entre otros gobernadores en su momento- Humberto Moreira a la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo anterior se replica en la totalidad de campañas electorales de al menos los últimos quince años.
La complicidad de la SHCP y el resto de la administración pública federal rebasó todos los umbrales del cinismo en la campaña electoral de 2012, donde existe abrumadora evidencia de toda clase de desvío de recursos públicos (Moreira, Murat, Herrera, Sabines, etc.) y privados ilícitos (Soriana, Monex, el Chapo, etc.) hacia las campañas, incluyendo a la empresa española OHL, que hoy además se beneficia de multimillonarios contratos gubernamentales y negociaciones con funcionarios para estafarnos doblemente a los usuarios de autopistas.
Para sostener intactas las redes del crimen organizado en México, la SHCP se coordina cínicamente con los tres poderes de la unión en sus tres niveles de gobierno. Sin la coordinación entre todas sus instituciones, esta complicidad no sería posible. Existe entre los titulares de todas estas instituciones una especie de código de no rajar, como en la mafia, para encubrir a criminales y a sus socios empresarios, políticos y funcionarios públicos. Las dependencias clave para esta coordinación financiera son:
i) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo mandato incluye el encabezar las labores de inteligencia financiera del gobierno, pero que a juzgar por sus resultados más bien me parece que se dedican a borrar pruebas de lavado de dinero (así como a ser omisos en la prevención de fraudes financieros a ahorradores, como el reciente caso FICREA);
ii) La Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por un mamarracho colaborador de Peña, impresentable de pies a cabeza;
iii) La Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por la hermana de un vicepresidente de Televisa y bajo cuya batuta en nada ha mejorado la procuración de justicia desde que reveló al tristemente célebre autor del “ya me cansé”;
iv) Los Tribunales correspondientes del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyos jueces se dedican a mirar para arriba cuando deberían girar órdenes masivas para detener sospechosos –y si se sienten intimidados por los criminales, como suelen justificarse, pues que mejor renuncien y se dediquen a otra cosa (pero son tan miserables que, conscientemente, optan por seguir dañando al país);
v) La Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP), cuyo titular lleva décadas con acceso a información privilegiada: él debe saber perfectamente quienes lavan dinero en este país, pero esa información, a juzgar por los hechos, la usa sólo para seguir protegiéndolos;
vi) El Poder Legislativo, que aun cuando algún legislador llegue a expresar en tribuna su inquietud por actuar al respecto, en los hechos la mayoría de diputados y senadores empantanan la consumación de una sola acción real para actuar al respecto, limitándose a simular preocupación por medio de la creación de supuestas comisiones para analizar equis o ye escándalo de corrupción: grotescas farsas todas estas comisiones.
La solución
Si el actual gobierno mexicano fue puesto en el poder por actos de corrupción y se sostiene ahora gracias a esta red de complicidades, es por demás ridículo esperar que este mismo gobierno mueva un dedo contra la corrupción y el crimen organizado. Tampoco a un gobierno extranjero le interesa hacernos justicia, pues los países que podrían intervenir actualmente se benefician de esta corrupción general para hacer formidables negocios con México. Algo similar sucede con los organismos internacionales, los cuales se financian con las cuotas pagadas por sus estados miembro, como México, por lo que no se arriesgan a tomar la iniciativa para exigir justicia; Sin embargo, la credibilidad mundial de estos organismos quedaría por los suelos si no hicieran caso a una petición de un amplio sector de la población de un Estado miembro, lo cual nos abre una oportunidad de justicia.
La única ruta viable para hacer justicia en actos de corrupción en México es que la sociedad civil organizada tome la iniciativa de exigir procesos judiciales ante la ONU. Esto demanda analizar detalladamente los elementos de éxito de los casos de Guatemala e Italia: de Guatemala para forzar la instalación de una comisión especial de la ONU para investigar y con facultades para co-juzgar; de Italia para abrir Maxiprocesos.
Un Maxiproceso (en italiano: Maxiprocesso) es un término que proviene de un proceso penal que inició en Palermo (Sicilia), Italia, a mediados de los años 1980, para poner fin al entonces insostenible contexto político de corrupción, asesinatos, extorsión y financiamiento ilegal de los partidos políticos. Por este proceso fueron declarados culpables cientos de acusados por una multitud de delitos del crimen organizado, acusaciones basadas principalmente en el testimonio de informantes clave.
El éxito de estos juicios se debió a una serie de negociaciones en la que muchos inculpados testificaron en contra de sus antiguos socios a cambio de atenuar sus condenas. Este proceso provocó un notable descenso en el tráfico de drogas y una fractura financiera a toda la estructura del crimen organizado en Italia. Este maxiproceso y su secuela, el Proceso Manos Limpias (Mani pulite, en italiano), llevó ante la justicia incluso a conocidos empresarios, ministros en activo, así como a tantos diputados y senadores que en ocasiones el Congreso llegó incluso a carecer de quórum para sesionar. Es por ahí.
Twitter @SergioSaldanaZ

13 de enero de 2016

YA PERDIERON EL PODER

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 12 de enero de 2016)

Hay fuertes indicios de que compraron la Presidencia de la República con dinero robado al Pueblo por sus gobernadores y probablemente también con dinero de organizaciones criminales. Hay fuertes indicios de que con el dinero de todos los mexicanos después compraron al Partido Acción Nacional (PAN) para entregar el petróleo de la Nación a extranjeros a cambio de más sobornos.

Hay fuertes indicios de que recibieron mansiones como propinas a sus adjudicaciones amañadas de obra. Luego encarcelaron a gente de campo sólo por defenderse de criminales. Hay fuertes indicios de que mandaron al Ejército a darnos el mensaje a todos los mexicanos de que no debemos cuestionarlos: por medio de un cobarde “castigo ejemplar” a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y hay fuertes indicios de que quieren hacer más, porque parece que lo quieren todo… pero la sociedad mexicana ya les contestó.

Les contestó que los queremos fuera porque hoy, aunque quieran, ya no tienen el respeto de nadie en este país; aunque quieran ya no engañan a nadie con que están investigando; aunque no quieran, nadie les cree que la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera haya sido real –la vox populi sospecha que fue una captura pactada; aunque quieran ni sus subordinados les aplauden y hasta los critican por redes sociales; aunque quieran ni los empresarios de este país confían en ellos; aunque quieran no hay periódico ni revista prestigiosa en el mundo que quiera darles una buena nota.

Aunque quieran no hay organización internacional seria que se atreva a elogiarlos; aunque quieran ya no pueden desmantelar a los cárteles de la droga porque hay fuertes indicios de que en sus mandos policiacos y militares tienen repartidas cuotas al crimen; aunque no quieran ya perdieron la poca legitimidad que los sostenía; aunque no quieran, sus mandos militares y policiacos son reiteradamente acusados de ser déspotas violadores de derechos de sus subordinados pero sumisos cual corderito con los narcos, lo que les ha merecido el odio de su tropa.

Aunque no quieran, el Presidente, su gabinete, sus legisladores, sus gobernadores, sus generales, sus mujeres, sus ministros, sus dueños de medios, sus magistrados, sus jueces, su farándula, sus consejeros y toda su corte de aduladores, ya perdieron el poder.

Ya perdieron el poder porque aunque quieren muchas cosas no las pueden tener; esa es la esencia misma de la ausencia de poder. Ya perdieron el poder porque ya no pueden hacer Justicia ni disponiendo de todo el dinero del erario. Ya perdieron el poder porque, ni con todas las armas de su Ejército, no pueden cambiar el pasado reciente que los hace imperdonables. Ya perdieron el poder porque no pueden, ni con toda la publicidad que pagan, quitarle de la mente a su Pueblo de que mienten.

Ya perdieron el poder porque no pueden ni convencer a sus propios diplomáticos para que salgan a convencer al mundo de que este gobierno es digno de respeto. Ya perdieron el poder porque, siguiendo a Rousseau, el poder público que ejerce el Estado se sostiene de un intangible acto de confianza colectiva depositado en un determinado grupo de personas… y hoy esa confianza está rota.

EL SENADO DEBE DESAPARECER

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 5 de enero de 2016)

El Senado de la República en México debe disolverse y erradicarse. Debe disolverse por el actuar de sus miembros y erradicarse por su falta de pertinencia institucional en México. El Senado mexicano es una institución que hoy sirve a una patria extranjera, que no emana del mandato popular y que duplica funciones con la Cámara de Diputados.

Sirve a una patria extranjera en tanto que legisla para fortalecer los intereses de los Estados Unidos de América en México, como quedó evidenciado con la recientemente aprobada Reforma Energética. No emana del mandato popular en tanto que las últimas dos elecciones federales estuvieron dominadas por el fraude: así, cada cosa aprobada por el Senado es fraudulenta porque sus miembros fueron elegidos por fraude. Los senadores impuestos para las últimas dos legislaturas (2006-2012 y 2012-2018), casi en su totalidad, sólo representan a los titulares del poder Ejecutivo federal y locales (presidente y gobernadores) así como a las dos grandes televisoras; en donde la supuesta oposición es una oposición a modo, calculada para simular un debate que cree en el ciudadano la falsa sensación de que su voz es llevada a tribuna. El Senado mexicano, además, duplica funciones con Diputados en tanto que ambas cámaras discuten lo mismo y votan en la misma dirección –no actúa como cámara revisora de nada y ni en materia de relaciones exteriores tiene autonomía de decisión, pues está totalmente dirigida por el poder ejecutivo (y éste a su vez por una nación extranjera).

Mi postura de disolver el Senado surge de la convicción de que si queremos hacer de México una civilización (hoy no lo es), debemos antes romper con la deferencia hacia ciertas instituciones creada por el hábito. En el párrafo anterior cuestioné el actuar de la actual y la anterior legislatura; a partir de aquí cuestiono la pertinencia misma de que México tenga un Senado.

El Senado es en esencia una institución conservadora: su función es conservar el –bueno o malo- antiguo estado paterno, de donde procede la palabra “patriota” (de ahí que el lema del Senado mexicano sea “La patria es primero”). La patria no es más que un orden establecido en torno a un patriarca. Un patriarca es el padre moral de un grupo de individuos. El origen del Senado nos remonta a la antigua Roma, cuyo Senado surge con la fundación misma de su República en el 509 a.C., la cual se basa en la unión de los patriarcas de las distintas tribus de la región central de la península itálica.

La fuente original de autoridad de cada Senador debe ser sus atributos morales y sabiduría demostrados en la conducción de los destinos de su grupo social en una región determinada. Así, la unión de patrias tiene lugar por medio de los acuerdos entre sus respectivos patriarcas, lo que facilita la construcción de una patria ampliada usualmente llamada federación; la federación implica el establecimiento de un sistema capaz de distribuir equitativamente las decisiones y beneficios de la unión, por lo que el Senado debe cumplir con la función de proporcionar los equilibrios regionales de esa unión.

El gran riesgo de disponer de un Senado consiste, sin embargo, en la probabilidad de que sus miembros carezcan de atributos morales y que sus miembros no sean patriarcas bondadosos sino individuos de intereses mezquinos, sin liderazgo y designados por grupos ajenos a los pueblos que debieran representar; en cuyo caso, la unión de semejantes individuos no conforma un Senado sino una Tiranía, como es el caso mexicano actual.

En México no tenemos Senado, en su lugar tenemos un simple espacio para el acomodo de políticos. Una característica fundamental de cualquier República consiste en el criterio de que las instituciones no son mandamientos divinos sino productos del hombre; no son naturales sino convencionales (esto es, producto del acuerdo de sus miembros).

Si bien la Constitución de Apatzingán de 1814 esboza la creación del Senado mexicano, su verdadero diseño data de la Constitución de 1824. Sin embargo, su diseño es desde entonces artificioso, pues no se basa en la representación de las patrias que constituían a la joven nación mexicana, sino en un mapa colonial de provincias para la explotación de los recursos naturales –lo cual era, y es, sumamente conveniente para unos cuantos.

México no es el Reino Unido como para presumir que debemos dar representatividad a los descendientes de los señores feudales por medio de una Cámara Alta; tampoco es Roma ni Esparta, donde había que dar asiento protagonista a los grandes patriarcas tribales; tampoco somos los Estados Unidos de América, donde cada colonia aspiraba a mantener una soberanía relativa. México viene de ser una colonia unitaria, donde el poder de la mayoría de las tribus originales fue disuelto, reestructurado en un orden colonial de explotación de recursos naturales subsidiario de la metrópoli.

México no necesita fortalecer la representación de esas concesiones de explotación postcolonial, México necesita fortalecer su poder popular. Por ello el Senado es una institución totalmente opuesta a las necesidades del país. Por ello, el Senado debe desaparecer.

25 de diciembre de 2015

TREGUA POR NAVIDAD

Esta noche siento un México exhausto, que ha decidido hacer una tregua por esta navidad. Siento un México harto de otro año más de ofensas por parte de un gobierno corrompido; Siento un México indignado y, aunque muy herido, en pié de guerra. También siento esta noche un México que necesita un respiro, reconfortarse aunque sea sólo por esta noche. No, no les pido la reconciliación ni el perdón. Por el contrario, les pido recobrar fuerzas para retornar con más contundencia.

Sí, a veces se necesita una tregua; hasta los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial pararon un instante en esta fecha. Para algunos esta guerra comenzó el 26 de septiembre de 2014; para otros el 1 de diciembre de 2012; para otros el 6 de julio de 2006; para otros el 1 de enero de 1994; y para otros, como yo, nunca ha habido paz. Como sea, estamos en guerra.

Esta nochebuena me uno a la tregua; pero no para bajar la guardia, sino para retomar aliento y reorganizar la estrategia porque el enemigo sigue ahí.

A todos sólo quiero pedirles una cosa: mantengamos la fé. La fé lo puede todo y el poder de Dios es infinito. Esta noche yo le pido con todas mis fuerzas a Dios que nos ayude a liberarnos de esta casta de criminales que hoy gobiernan México.

Les pido a todos que en el seno de sus hogares hagan una plegaria a Dios y a su hijo, Jesucristo, nacido en esta fecha, para pedirles que nos ayuden a lograr que se vayan todos los que mantienen a nuestra Patria en esta tortuosa noche y que por fin amanezca.

Sergio O. Saldaña Zorrilla
‪#‎FrenteRefundacion‬
24 de diciembre de 2015

8 de diciembre de 2015

CORREDOR CULTURAL CHAPULTEPEC Y COMERCIO AMBULANTE

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla
(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 8 diciembre 2015)

El pasado domingo 6 de diciembre se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre el proyecto del Gobierno de la Ciudad de México “Corredor Cultural Chapultepec”. Ganó claramente el “no” al proyecto, con un 63 por ciento del total de los votos. La esencia del rechazo al proyecto consiste en la incertidumbre colectiva sobre la potencial entrega de un bien público a un grupo de empresarios; en este caso, la entrega del espacio público de Av. Chapultepec.

Este corredor implica la construcción de un complejo de locales comerciales con dinero público y en espacios públicos para el lucro de particulares.
Por su parte, esta obra posee múltiples impactos urbanísticos negativos: i) Aumentaría el caos vial de esta zona tan céntrica de la ciudad al sobrecargarla de comercios adicionales. Las actuales vías públicas ya son de por sí insuficientes, por lo que un aumento de la densidad comercial en la zona aumentaría dramáticamente el tránsito vehicular; ii) Si el espacio público en la Ciudad de México ya de por sí es muy escaso, esta obra destinaría sumas multimillonarias de dinero público para espacios privados. A la ciudad le urge disponer de áreas verdes recreativas; y si se ha de construir infraestructura, que esta sea para aumentar la eficiencia urbanística y el bienestar público; iii) El valor de esta megaobra debe contabilizar no sólo la sumatoria de sus costos de construcción, sino además debe sumársele el sobreprecio de mercado del metro cuadrado por estar tan bien ubicado. El precio del metro cuadrado en esta zona es alto, por lo que invertir un millón de pesos en ladrillos en esta zona tiene un retorno de la inversión muy alto comparado con invertir el mismo millón de pesos en una zona promedio de la ciudad: por eso, esta megaobra significaría un gigantesco regalo de nuestros recursos para un grupo de privilegiados; iv) Esta megaobra carece de valor estético y funcionalidad urbana, de acuerdo a las abrumadoras opiniones de arquitectos y urbanistas que han alzado la voz.

En lugar de este complejo comercial, debería construirse un espacio realmente público, para todos, en cuya planeación se escuchen antes las voces expertas; y si se quieren introducir locales comerciales, que estos no sean una extensión de las plazas comerciales que abundan por todo el país –y que benefician siempre a los mismos empresarios. Bien podría aprovecharse este tipo de espacios para erradicar el comercio en la vía pública y recuperar así –y con toda autoridad- los espacios públicos tomados por el ambulantaje en el Eje Central, en las calles de atrás de Palacio Nacional, en Av. Puente de Alvarado, Av. San Cosme, Calz. México-Tacuba, entre otros muchos espacios públicos actualmente perdidos para los ciudadanos. Así, por cada metro cuadrado construido se podrían recuperar muchos más de espacios públicos, con lo que la ciudadanía obtendría una enorme ganancia neta en términos de calidad de vida al recuperar nuestras banquetas, fachadas de edificios históricos, parques, plazas, jardines, etc., amén de la mejora de la salubridad en la vía pública.

Los ambulantes no sólo son objeto del interés público, también son sujeto. En tanto la economía mexicana continúe sin crecer en términos reales, como ha sucedido durante los últimos treinta años, el gobierno seguirá careciendo de autoridad moral para prohibir el comercio ambulante; en ese sentido son sujetos a respetarse. Sin embargo, no por ello los ciudadanos podemos seguir siendo privados de los espacios públicos que se han apropiado los ambulantes; en ese sentido, deben ser objeto de regulación pública. Ante ello, es Estado debe intervenir: estructuralmente, debe generar más crecimiento económico; coyunturalmente, debe reordenar –casi quirúrgicamente- el espacio público.

El problema del ambulantaje en la Ciudad de México podría resolverse si se le ordena y estructura en grandes centros comerciales en zonas de alta concurrencia, con un valor estético notable, que incluya áreas verdes de calidad y se les dota de ágiles vías de comunicación. No estoy con esto sugiriendo que esto necesariamente se haga sobre Av. Chapultepec, pero sí sugiero que abramos seriamente el análisis al respecto.

Como ejemplo exitoso, cito el caso de Tailandia. Hasta 1985, el comercio ambulante en Bangkok, su capital, era tanto o más conflictivo que el nuestro; con problemas similares en materia de mafias organizadas, condiciones de insalubridad, fricción constante con autoridades y ciudadanía, entre otros.
La presencia creciente de mafias internacionales en Tailandia amenazaba entonces con filtrarse fácilmente en la gran red del comercio ambulante de Bangkok, lo cual habría hecho ingobernable la ciudad. Así, en 1985 el gobierno Tailandés construyó el centro comercial Mahboonkrong, más conocido por sus siglas MBK.

A diferencia de las típicas reubicaciones del comercio ambulante en centros comerciales en México -que fracasan fácilmente debido a la poca afluencia de compradores-, el éxito de MBK radicó en que su construyó en el corazón del centro financiero de Bangkok y las cuotas cobradas a los locatarios por concepto de servicios (electricidad, seguridad, etc.) fueron similares a las pagadas en la vía pública. Sus instalaciones incluyen bancos, restaurantes, estacionamientos, entre otros servicios de calidad. MBK ocupa toda una manzana con espacios óptimamente aprovechados en 10 pisos superiores y 2 subterráneos en la intersección de varias líneas del metro y del tren ligero elevado.

La clave del éxito de esta reubicación consiste en proporcionar al comercio ambulante un espacio alterno con expectativas de ingresos superiores. El error común de planeadores urbanos y autoridades en México consiste en que han subestimando la racionalidad económica de los comerciantes: si el espacio sustituto para establecerse no les garantiza un horizonte de ingresos superior al proporcionado por su espacio actual, no tendrán entonces incentivo para reubicarse.

Si se aplica estratégicamente, esta medida podría incluso fortalecer a la industria nacional. El primer obstáculo a vencer consiste en el origen lícito de las mercancías. Como solución –simultánea al combate a la corrupción aduanera-, podrían establecerse plazos de regularización, lo que les implicaría a los comerciantes cambiar progresivamente de proveedores de mercancías de contrabando a proveedores legales.
Ello estimularía la comercialización de productos nacionales, reposicionando, por ejemplo, a la industria nacional textil y del juguete, además de abrir un nicho estable de mercado a los hasta ahora fabricantes de aparatos electrónicos “hechizos”, permitiéndoles establecer fábricas con controles de calidad (de lo cual Vietnam, Tailandia, China y la India proporcionan experiencias exitosas).

No debemos oponernos a la inversión público-privada; por el contrario, es necesario coordinar inversiones para optimizar los recursos de la sociedad.
Sin embargo, sí debemos seguir oponiéndonos a la secrecía con la que se están manejando las megaobras no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país; debemos oponernos a que el gobierno no consulte a los expertos en arquitectura, planeación urbana y finanzas públicas para llevar a cabo tremendas inversiones de nuestros dineros; debemos oponernos a que le regalen concesiones a particulares amañados con el gobierno; debemos oponernos a que se lesione el interés público; debemos oponernos a la manipulación de la información de los proyectos públicos; debemos seguir oponiéndonos a que los gobiernos no construyan para los ciudadanos sino para acrecentar fortunas personales. La organización social demostrada contra el Corredor Cultural Chapultepec acaba de ganar una emblemática batalla contra el cáncer de la corrupción en México: es por ahí.

Twitter: @SergioSaldanaZ

25 de noviembre de 2015

LA MISERABLE NEGOCIACIÓN MEXICANA DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO (TPP)



Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla

Si un país desea controlar a otro, basta con regularle el suministro de alimentos. Durante los últimos veinte años, los Estados Unidos de América (EUA) han controlado precios y volúmenes del producto base de nuestra alimentación: el maíz. Tan sólo durante el primer trimestre del año en curso, las importaciones de maíz procedentes de los EUA han rebasado los 1,100 millones de dólares. El riesgo de ello es que si los EUA toman la decisión de prohibir la exportación de maíz a México, México enfrentaría en el corto plazo una escasez de maíz y sus derivados. 

Aunque en el mediano plazo la economía mexicana pueda resolver dicha escasez, en el corto plazo es poco probable que México enfrente exitosamente las rigideces de la oferta de Maíz (ya sea por medio de encontrar otro país de dónde importar rápidamente maíz o por medio de rehabilitar tierras para su cultivo). Al ser el maíz un ingrediente tan crucial en la dieta del mexicano, dicha escasez podría crear una espiral inflacionaria y desencadenar una serie de problemas económicos para el país, en especial para los menos favorecidos. Por ello, la política alimentaria de cualquier gobierno que se respete es un asunto de seguridad nacional. No así en México.


El saldo de la balanza comercial agropecuaria de México es cada vez más negativo, como puede apreciarse en el gráfico. Ese saldo negativo a través de los años que lleva en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra creciente apertura a otros países nos deja al descubierto tres hechos:

  1. La creciente dependencia alimentaria de México;
  2. La falta de interés de los gobiernos mexicanos de los últimos treinta años para defender nuestra soberanía, en este caso la alimentaria, hoy ha llegado ya a niveles sospechosos de traición; 
  3. La incapacidad de las organizaciones campesinas para defenderse, mezcla de corrupción e ignorancia de la mayoría de sus líderes así como por la falta de valor del campesinado para hacer algo al respecto.

El 5 de octubre de 2015 México ingresó formalmente al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido como TPP por sus siglas en inglés: Trans-Pacific Partnership), acuerdo que no hará más que ahondar nuestra fragilidad comercial y darle el tiro de gracia al campesinado mexicano. El TPP es un acuerdo de libre comercio entre doce países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, EUA, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Oficialmente, este Acuerdo plantea rebajar barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual así como reforzar estándares laborales y ambientales.

Sin embargo, en la práctica, este Acuerdo es, a todas luces, una jugada geopolítica de los EUA para, en un primer momento, enfrentar comercialmente a China; en un segundo momento servirá muy probablemente para enfrentarlo militarmente. Si se observa la distribución geográfica de los doce miembros de este acuerdo, se notará que estos países forman un cordón que rodea a China (ver mapa abajo). Este acuerdo inicialmente atará a estas doce economías a la de los EUA. Con ello, los EUA contralarán –como lo hacen ya con México, Canadá, Perú y Chile- las economías, sistemas políticos y relaciones exteriores de todos estos países. 
 

El sector económico más vulnerable de México frente al TPP es el agropecuario, pues países como Australia y Nueva Zelanda tienen ventajas competitivas muy fuertes sobre nosotros: i) son potencias agropecuarias mundiales; ii) cuentan con puertos muy superiores a los nuestros, por lo que, como sucedió con el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ellos exportarán mucho a México pero México no dispondrá de la logística portuaria para responder en proporción. 

Nuestra desventaja para competir comercialmente con países no-limítrofes, como ha sido el caso de China y la Unión Europea, consiste básicamente en el subdesarrollo portuario mexicano. Así, mientras sólo el 19% de nuestras exportaciones se realizan por vía marítima, el 33% de nuestras importaciones ingresan al país por esa vía, lo cual demuestra que ahí tenemos una importante fragilidad estructural para competir comercialmente.
Similar a lo sucedido en 2013 y 2014 con la Reforma Energética:

  • La firma de México al TPP no nos fue consultado ni al pueblo ni a expertos en materia comercial;
  • El gobierno no dispone de análisis económico de posibles escenarios de impactos;
  • El diseño y reglas de este acuerdo fueron impuestas por el gobierno de los EUA, con una sumisión realmente cobarde por parte del actual gobierno mexicano.

México debe recurrir al proteccionismo de su economía y hacer sólo una apertura selectiva y estratégica. No podemos aceptar la validez de este Acuerdo debido a la secrecía con que se ha manejado su preparación y firma. No podemos firmar acuerdos en los que, como el TPP, los beneficiados no somos nosotros los consumidores, sino las grandes empresas amigas de Washington. No podemos aceptar un acuerdo en el que la mayoría de los mexicanos perdemos.

México debe salirse del TLCAN y del TPP. México no necesita a los EUA. Son los EUA los que necesitan a México. La economía mexicana está diversificada, podemos sostenernos perfectamente sin la necesidad del actual intercambio desventajoso que estos acuerdos implican. Los defensores de los aparentes logros del TLCAN, que siempre son gente sin una preparación sólida en ciencias económicas, suelen argumentar que gracias al TLCAN ya somos una potencia exportadora y que tenemos un superávit comercial gigante con los EUA. A ellos les contesto, nuevamente, que el saldo positivo de nuestra Balanza Comercial con los EUA es sólo un espejismo contable, en el cual nuestras exportaciones hacia ese país están infladas por las importaciones de insumos para el ensamble de mercancías, pero cuyo valor agregado nacional neto exportado es insignificante. Finalmente, México debe mantenerse fuera del conflicto entre EUA y China y dejar de jugarle –junto con Chile, Perú y Colombia- al Caballo de Troya de los intereses americanos en América Latina.

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Twitter: @SergioSaldanaZ

18 de noviembre de 2015

Vialidades inviables en la Ciudad de México


(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 17 octubre 2015)

En la Ciudad de México, tanto el parque vehicular como las vialidades por donde circulan son disfuncionales, ineficientes y caras. Por ello, se requiere invertir en vías de transporte subterráneo de calidad. De acuerdo a estimaciones propias con un equipo de investigadores del International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) basadas en simple análisis costo-beneficio, la red del metro de la Ciudad de México necesita al menos duplicarse para reducir la actual presión por transporte, así como al menos triplicarse para absorber el crecimiento poblacional de los próximos diez años. 

Las vialidades, tanto para el transporte público como particular, son insuficientes para el flujo del actual parque vehicular, el cual sigue creciendo a tasas superiores al cinco por ciento anual mientras la construcción de vialidades no supera el uno por ciento anual. Por ello, la ciudad tiende inequívocamente hacia una cada vez mayor parálisis de transporte. La solución del problema está en el transporte público subterráneo complementado con ejes viales subterráneos.

Contrario a la creencia popular de que la Ciudad de México posee una enorme red del metro, esta red es muy pequeña si se le compara con su población. Esta ciudad además carece de una red de trenes suburbanos como extensión de la red del metro para interconectar todo el sistema de transporte colectivo. Por ello la línea del tren suburbano Buenavista-Lechería debe replicarse a gran escala.

En vista del actual hacinamiento urbano de la Ciudad de México, el subsuelo debe aprovecharse como vía de comunicación. Entendamos de una vez por todas que ya no queda espacio superficial para construir más líneas de metrobús ni de más metro superficial ni elevado. Al quitar carriles a las avenidas para hacer carriles exclusivos de metrobús están estrangulando más el de por sí denso tránsito vehicular.

En lo relativo al transporte particular, volteemos la vista a las autopistas subterráneas de ciudades como Santiago, Chile y Viena, Austria. Yo viví varios años en esas ciudades y pude disfrutar de un tráfico muy fluido gracias a que los gobiernos de esas ciudades saben planear. Se trata de mega obras que requieren financiamientos muy complejos por lo elevado de sus costos, pero, en un análisis costo-beneficio, su beneficio socioeconómico neto es altísimo y con un retorno muy rápido debido al elevado ingreso marginal que generan para la economía.
 Foto: Autopista urbana subterránea Costanera Norte, Santiago de Chile

Por ejemplo, el actual costo de transporte para todos los habitantes de la Ciudad de México alcanza los 500 mil millones de pesos anuales. Esta suma de costos, sin embargo, es abatible en más del sesenta por ciento si los habitantes de esta ciudad dispusieran de un transporte público de calidad, tal que les permitiera reemplazar el automóvil. Así, ese ahorro de dinero y de tiempo ganado por los habitantes les elevaría enormemente su nivel de bienestar, así como dispondrían de recursos que bien podrían invertir más eficientemente en abrir algún negocio y generar con ello más empleos, trazando así un círculo virtuoso de ahorro-crecimiento económico-bienestar.

A quienes suelen objetar que la construcción de túneles es compleja por lo cavernoso, acuoso y sísmico de la zona, les contesto que entonces ¿cómo se construyeron  tantos kilómetros de metro subterráneo en los años 1960's y 1970's? ¿O es que alienígenas ancestrales descendieron a ayudarnos? No, no hay pretextos, y menos hoy en día que la tecnología está aún más desarrollada para hacer esas megaobras en menos tiempo y con mayores medidas de seguridad. Lo que hoy ha faltado es visión de Estado.

Otra de las virtudes del metro es que, a diferencia de microbuses y gran parte de los autobuses, su propiedad y operación es de carácter público, por lo que puede mantener un control más directo para tomar decisiones. Mientras las grandes ciudades del mundo han articulado una red única, gubernamental y centralizada de transporte público con el fin de regular óptimamente su operación, en las ciudades mexicanas gran parte del servicio –otrora también centralizado en el DF- se ha concesionado a particulares. El concesionar el transporte público a particulares ha sido muy rentable para las autoridades de las entidades federativas, pues la emisión de los permisos correspondientes ha enriquecido a muchos políticos corruptos. La ciudadanía, en cambio, ha tenido que pagar el precio en términos de mala calidad del servicio así como la propia autoridad se ha ido volviendo incompetente de resolver casi cualquier ineficiencia del transporte público como consecuencia de la pérdida de control derivada de la concesión desmedida.
Gran parte de la conflictiva cotidiana de esta ciudad se debe a la tensión de conducir un vehículo, misma que representa no sólo un desperdicio enorme de energía humana y fósil (y de dinero), sino que es también fuente de una serie de padecimientos neurológicos y de bajo rendimiento laboral. Todo esto en conjunto, lamentablemente, conduce a la actual baja calidad de vida y estancada productividad económica en que se encuentra la ciudad. Solucionémoslo.

13 de noviembre de 2015

10 razones por las que la economía mexicana no crece


En términos reales, la economía mexicana no ha crecido en los últimos 40 años; Y seguirá sin crecer mientras estén las mismas personas a cargo de nuestras instituciones públicas tomando las mismas decisiones de los últimos 40 años. A continuación explico un poco más al respecto simplificándolo en 10 razones:

1. Progreso técnico. Veamos primero el largo plazo. Los modelos económicos de crecimiento endógeno tienen dos determinantes de crecimiento de largo plazo: el progreso técnico (K) y el crecimiento demográfico (L). El progreso técnico está en función de la cobertura de la educación de calidad. En México la educación de calidad es escasa principalmente porque: i) tanto por razones gubernamentales como sindicales, la oferta de educación pública de calidad es cada vez más limitada como proporción de la población existente y; ii) el gobierno mexicano delega la educación pública excesivamente y con poca regulación a colegios, universidades y demás instituciones particulares que en su mayoría son de muy baja calidad. La educación es un área estratégica para cualquier país. Sin embargo, en México la educación va a la deriva.

2. Crecimiento demográfico. Al igual que el punto anterior, el crecimiento demográfico es un determinante para el crecimiento de largo plazo, pues el aumento poblacional presiona al alza la demanda de bienes y servicios (al aumentar el número de consumidores) y también aumenta la oferta (al engrosar las filas de trabajadores). El crecimiento de la población mexicana se ha desacelerado fuertemente desde los años 1990’s. Sin embargo, dado que el sistema educativo mexicano hoy se encuentra colapsado, estimular crecimiento demográfico sería irresponsable, pues un incremento poblacional se traduciría en una multiplicación de los actuales problemas económicos. Antes debe resolverse el problema educativo.

3. Energía. Toda economía necesita energía para funcionar. En tanto las fuentes alternativas de energía no sean comercialmente asequibles, los hidrocarburos seguirán siendo el insumo energético básico para la industria nacional. Por ello, al igual que los dos puntos anteriores, este sector es estratégico para todo Estado. En el caso de México, sin embargo, la reciente reforma energética aprobada en 2014 entregó nuestra política energética a los Estados Unidos de América (EUA), por lo que hoy México no dispone de esta herramienta para planear su crecimiento. Por ello, México debe derogar lo antes posible la reforma energética.

4. Banca. Desde hace al menos tres décadas, el papel de las autoridades económicas mexicanas se reduce al de un simple empleado bancario más. Si bien es cierto que en el largo plazo todas las tasas de interés se encuentran fuera del control de cualquier banco central (incluso de la Fed), en el corto plazo las autoridades económicas siempre deben hacer una programación financiera eficiente. Por ejemplo, deben inducir un alza en las tasas de interés cuando la economía comienza a calentarse y bajarlas cuando esta se enfría para mantener así la estabilidad con crecimiento. Sin embargo, el Banco de México ha renunciado a regular las tasas de interés; regular las tasas de interés es, desde hace décadas, una decisión que se han atribuido para sí los dueños de los bancos; decisión en la que las tasas de interés son siempre altas si pides un crédito pero son siempre bajas si ahorras o “inviertes”. Nuevamente, el Estado ausente nos sigue costando dinero.

5. Comercio exterior. El comercio exterior depende principalmente de la planta productiva nacional existente y de la eficiencia del transporte. El tipo de transporte más eficiente, esto es, el que representa los costos más bajos medido por kilómetro/tonelada, es el marítimo. Por eso no hay gran economía sin grandes puertos. En el caso mexicano, sin embargo, no se ha querido aumentar la escala de inversión en nuestros puertos ni se han querido desmantelar las mafias que controlan la entrada y salida de productos por esta vía.

6. Autosuficiencia alimentaria. Un país que depende de otro para comer, depende enteramente de él y está obligado a obedecerle. La apertura a las importaciones agropecuarias que inició con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994 ha quebrado a la mayoría de unidades agropecuarias del país (principalmente por el excesivo subsidio y dumping agropecuario con el que los EUA nos juegan sucio). Ello ha: i) disparado la pobreza y; ii) nos ha hecho dependientes de los EUA. Mientras no renegociemos el capítulo agropecuario del TLCAN, los EUA tienen en su poder la llave del suministro de nuestra alimentación. México debe salirse del TLCAN. Si bien es cierto que el TLCAN nos trae algunos beneficios, como los ingresos por maquila, etc.,  los costos que tenemos que pagar son mayores, por lo que el beneficio neto para México es negativo.

7. Estado de derecho. En México el estado de derecho es selectivo, ocasional y regional. Es selectivo porque no aplica por igual a todos los mexicanos; es ocasional porque no es permanente en el tiempo y; es regional porque en la práctica hay (vastas) zonas de exclusión de la aplicación de las leyes –especialmente en las zonas gobernadas por el crimen organizado. Esto inhibe la creación de nuevas empresas y la expansión de las existentes. Contrario a la errónea creencia popular sobre las bondades económicas del dinero derivado del crimen, el más elemental análisis costo-beneficio nos arroja abrumadores resultados negativos sobre su efecto inhibidor del crecimiento económico.

8. Transporte público. La ineficiencia del transporte público en México representa una gran fuga de riqueza nacional. Mientras la calidad del transporte público siga siendo baja, seguirá estimulándose la compra de más autos, con lo que el colapso vial seguirá aumentando y el costo diario de transporte por ciudadano seguirá disparándose. En lugar de invertir en más pavimento, debe invertirse en más y mejor transporte público. Una posible solución sería centralizar todo el sistema de transporte colectivo en empresas públicas de los ayuntamientos. Esto implica reemplazar los denigrantes microbuses y combis por autobuses eléctricos así como triplicar la actual red del metro de las ciudades de México, Guadalajara y Monterrey a la vez de inaugurar líneas de metro en al menos Puebla, Tijuana, León y Morelia.

9. Recursos naturales. México es de los países que más desperdician sus recursos naturales. Por ejemplo, debe construirse un sistema de canales navegables en el sureste del país. Esto incluye un canal transoceánico a través de Chiapas y Tabasco usando las corrientes del Río Mezcalapa-Grijalva y del río Pijijiapan. Con esto se regularán los flujos de estos ríos para evitar inundaciones, se aumentará la disponibilidad de riego agrícola, la generación de energía hidroeléctrica, se abatirán costos de transporte y se generarán divisas para el país a perpetuidad por el tránsito mercante transoceánico internacional.

10. Democratización. La solución a estos puntos no la realizará jamás el actual gobierno ni ningún otro gobierno emanado de acuerdos y complicidades con este y sus predecesores. Se necesita una ruptura. Está claro e incluso sobrediagnosticado el hecho de que el actual gobierno y los de los últimos 40 años no acatan el mandato popular ni velan por el interés nacional. Así mismo, tienen controlado el acceso al poder por medio del dominio absoluto de los órganos electorales para impedir que llegue a la presidencia de la república alguien emanado de la voluntad popular. Hay que entonces impulsar la democratización del país. El primer paso es reemplazar el actual Instituto Nacional Electoral (INE) por un órgano electoral ciudadano e independiente: del gobierno, de los partidos políticos y de cualquier otra influencia que defraude el voto popular. Por todos estos puntos, ya tienen que irse quienes hoy toman las grandes decisiones del país. Ya le estorban a México.