12 de junio de 2015

FRAUDE AL VOTO NULO: ¿NUEVA MODALIDAD DE FRAUDE ELECTORAL?

El fraude electoral gubernamental es un recurso ocupado ininterrumpidamente desde el Porfiriato en México. Este había consistido siempre en alterar resultados entre candidatos: quitándole votos a los candidatos no deseados por el gobierno y fabricando una votación en favor de sus candidatos (así como intervenir en las elecciones internas de los partidos para obtener candidatos a modo en todos los partidos).

En las pasadas elecciones del 7 de junio de 2015, el gobierno mexicano, a través de su control del Instituto Nacional Electoral (INE), parece haber introducido una innovación a su sistema electoral al haber creado una nueva variante de fraude: el fraude al voto nulo.

La casa encuestadora Parametría había estimado el porcentaje de electores que pensaban anular su voto en 11% [1]. Adicionalmente, el voto nulo histórico (esto es, el promedio de votos anulados de la últimas décadas) se ubica en el 3% [2]. Por ello, el voto nulo para las pasadas elecciones debió situarse al rededor de entre el 11% y el 14%. Sin embargo, el INE nos reporta hoy que el voto nulo de esta elección fue menor al 5% (4.77%).


Parece que alguien no quiere que se sepa que millones de mexicanos ya no creemos en las elecciones debido al control del gobierno de estas así como que tampoco queremos a ninguno de los candidatos "palomeados" por gobernadores y el presidente de la república. 

Si me equivoco, pido entonces nos permitan a una comisión de ciudadanos intervenir los registros del INE y hacer una auditoría con actas y boletas. Yo sé que no están dispuestos a destapar semejante cloaca. Aunque saben que esa sería la única forma de librarse de la duda razonable que ha surgido entre la mayoría de nosotros los ciudadanos mexicanos, no están dispuestos a hacerlo jamás porque hay muchos implicados: desde partidos, gobiernos, hasta empresarios y un rector universitario. Lo que corresponde en un país civilizado es entonces:

1. Exigir la anulación de la elección.
2. Disolver los órganos electorales del país: INE, TRIFE y sus contrapartes en las entidades federativas.
3. Constituir nuevos órganos electorales ciudadanos, independientes e imparciales.
4. Destituir dirigencias de los partidos y convocar a la militancia a nuevas elecciones internas para elegir dirigencia con reglas democráticas y transparentes con la vigilancia de los nuevos órganos electorales.
5. Convocar a nuevas elecciones en las que se elija todo en el país, pues data de al menos el 2003 el mismo equipo amafiado de funcionarios de los órganos electorales. Así, corresponde elegir nuevo presidente de la república, senadores, diputados federales y locales, gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal y presidentes municipales.

Los que alteraron el conteo de los votos nulos saben que en el fondo eso pensamos la mayoría de quienes anulamos y de ahí provino su necesidad de minimizar su contabilidad oficial.

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Notas
[1] Parametría (2015). Voto Nulo en México. Carta Paramétrica. Mayo de 2015. http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4763 
[2] Flores, Imer B. (2012). El problema del voto nulo y del voto en blanco a propósito del derecho a votar y del movimiento anulacionista. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, p. 162. México, DF. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2967/14.pdf

RAZONES PARA DISOLVER EL INE (y todos los órganos electorales mexicanos)


Se tienen que ir los actuales titulares de los órganos electorales de México: consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), de institutos estatales electorales (IEE's), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE) y de los tribunales estatales electorales (TEE's) porque:

1. Le obedecen a gobiernos y partidos*, no al electorado, traicionándonos con ello a los electores y a nuestro deseo de ser una democracia.
 

2. Se negaron a quitarle el registro al Partido Verde a pesar de la reiterada violación a la legislación electoral.
 

3. Son continuidad de los funcionarios que colaboraron en los fraudes electorales de 2012 y 2006.
 

4. Se coordinaron con la policía federal y el ejército para violar derechos humanos de opositores a los comicios en diversas zonas del país en las pasadas elecciones del 7 de junio. Ello incluyó asesinato, golpizas brutales y torturas.
 

5. El conteo de votos del PREP de la elección del 7 de junio se lo entregaron a un grupo de priistas, que bajo el argumento de ser de la UNAM (el rector Narro es priista fiel), están manipulando los resultados al antojo del gobierno.
 

6. Existe un probado desprecio de estos funcionarios hacia la ciudadanía mexicana, hacia sus pueblos originarios y hacia la Constitución.

Aunque la razón del punto 1 basta para exigir que se vayan, ¿alguien más tiene otra razón? 

El siguiente paso es crear un nuevo instituto electoral independiente (de gobiernos, partidos y de cualquier entidad distinta del electorado), con integrantes ciudadanos (sin pertenencia a gobiernos ni partidos) y que sí brinde certidumbre, legalidad e imparcialidad.

* Yo no veo a ningún partido impulsando esto, y no lo harán porque tienen un pacto de impunidad y de reparto del poder, del que forman parte incluso los partidos aparentemente del Pueblo. Nuevamente, estamos solos ante un Estado corrompido.

9 de junio de 2015

AL OTRO DÍA DE LAS ELECCIONES DEL 7 DE JUNIO DE 2015

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla

Aún con el voto duro y la compra de votos, no me cuadra que el PRI haya obtenido 30% de la votación nacional; no me cuadra que los partidos manejados por presidencia de la república (PRI+PVEM+PANAL+PES+PH) sumen prácticamente la mitad de la votación nacional. No me cuadra si consideramos que -según encuestas- más del 80% de los mexicanos desaprueban a EPN y las reformas estructurales. Aquí hay más que lo que se vió: repartieron de todo estos partidos, pero aún así los resultados van más allá de eso. INE y TRIFE están y seguirán trabajando duro estos días para preparar resoluciones y sentencias para imponer una impunidad legaloide a fin de justificar lo que del acuerdo gobierno-partidos surja.

Hace rato leí un comentario de una persona que defiende ese tipo de acuerdos (su argumento es haber participado en las 2 campañas presidenciales panistas); su ignorancia de Teoría del Estado y Derecho Constitucional le ha llevado a creer que es natural e incluso buena para todos nosotros esta dictadura pactada que de facto mantienen estos partidos.

Acá debemos detenernos a corregir a los viejos retrógradas (y jóvenes retrógradas, que también los hay) que crecieron con conceptos retorcidos sobre la política y que hoy nos quieren dar clases y enseñarnos que esta dictadura se debe aceptar, que ellos con su experiencia han llegado a comprenderla y aceptarla. Pues no. Que la acepten sus miserables mentes; esas mentes que han sido domadas por la Indefensión Aprendida (ver video al final) que hoy les ha hecho renunciar a aspirar a levantar la cara con dignidad. Quienes no pertenecemos a esa clase, no aceptamos y menos justificamos esta realidad. Nuestra lucha es por la democratización de este país.

Yo anulé mi voto como consistentemente expliqué en artículos, videos, twitts y en persona en distintos foros. No pienso regresar a ese debate, menos seguir justificándome, es mi derecho. La señal ya está dada. El 5% de votos nulos que 'nos dice el INE' que hubieron, pero principalmente las abrumadoras fotos de votos anulados que ya circulan por todos lados con las más variadas leyendas, mandan el mensaje de que no confiamos en esta dictadura perfecta, farsa democrática, democracia dirigida (por rateros y criminales) y demás conceptos que tenemos de esto que nos gobierna en México (y a quien me jure que su partido y su Führer son santos y puros y que ellos tienen una mega estrategia para ir avanzando y que en 2018 ganarán las presidenciales, perdón pero ya no tengo más peras y manzanas para explicarles que el INE viene manipulado desde Los Pinos).

Les dije que antes del 7 de junio estaríamos divididos y que a partir del día siguiente vendría la reunificación de movimientos sociales; eso mismo está sucediendo. Hoy varias personas que se sintieron defraudadas con estas elecciones (militantes y candidatos) se acercaron a darnos la razón y a sumarse al Frente Refundación que estamos integrando y del que muy pronto sabrán con precisión nuestras propuestas (en especial las Células Ciudadanas). Muchos militantes de distintos partidos nos están dando la razón de que tenemos que dar la lucha por la democratización de México antes que salir en falso en campañas sin sentido.

En este momento hay una crisis de credibilidad del gobierno, su población lo tiene bajo acusación de asesino y corrupto; los órganos electorales del país (que jamás debieron ser estructura gubernamental) también se han ganado a pulso nuestra desconfianza y desprecio. Es evidente su sistemático engaño a los ciudadanos. 

De estas elecciones mínimamente debe lograrse:

1. La renuncia de consejeros del INE y magistrados del TRIFE, así como de consejeros y magistrados de los institutos electorales de los estados y del DF;
 
2. Crear INE y TRIFE que no pertenezcan ni al gobierno ni a partidos (autónomos) integrados por ciudadanos independientes (de gobierno y de partidos) con una impecable trayectoria en la materia y con probidad moral;
 
3. Depurar de corrupción las dirigencias de los partidos políticos.
(Los grandes ganadores de estas medidas serán los ciudadanos y los militantes auténticos de los partidos, a quienes sus dirigencias suelen relegar de candidaturas por no disponer de millones de pesos o por no gozar del 'cariño' del gobernante)

Finalmente, les comparto un video que proporciona una posible explicación del porqué muchos se niegan a luchar por su Libertad (y en este caso, por la Democracia y la Justicia), me lo compartió una vez Omar García, un buen amigo estudiante de la Escuela Normal Rural 'Isidro Burgos' de Ayotzinapa: 


 Un abrazo a todos.

3 de junio de 2015

MI CONTESTACIÓN A EMBAJADOR MEXICANO SOBRE "LOGROS" EN DERECHOS HUMANOS

"Gobierno cómplice de criminales", "El gobierno mexicano debe renunciar", "Yo sí me sentiría un criminal si (como Ud embajador) apoyara la versión oficial (de las desapariciones en México)"... Nuestras respuestas al embajador de México en Austria luego de presumir ante extranjeros los "avances" del gobierno mexicano en materia de ‪#‎DerechosHumanos‬ en ‪#‎México‬ y caso ‪#‎Ayotzinapa‬. Academia Diplomática de Viena, Austria, 27 de mayo de 2015.






1 de junio de 2015

LA ACEPTACIÓN DE LA VERDAD

La verdad, como la libertad, no la aceptan todos. Revelar una farsa genera dos resistencias: la del inocente y la del culpable. Es como revelar que Santa Claus no existe: hay niños que se enfadan negándolo mientras que si se hiciera público los empresarios navideños no estarían tan contentos. Lo mismo pasa con la farsa democrática. A veces creo que muchos no están preparados para conocer la verdad. Hay quienes la niegan sólo por el rubor que les produce internamente el reconocer que han adorado un ídolo de barro. Antes que reconocer que se han equivocado, prefieren defender la farsa, la mentira, la creencia. Tenemos que madurar como sociedad. La búsqueda -y aceptación- de la verdad es parte del proceso de maduración social. En esa búsqueda podemos equivocarnos, pero nunca permitirnos dejar de buscarla.


8 de mayo de 2015

LA FARSA DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

(Reproducido en mi columna de la Revista Forbes México del 12 de mayo de 2015)

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla*


Prefacio
La decisión  de publicar este artículo no me fue fácil. Tengo una relación cordial con muchos actores involucrados a quienes quizás no les agrade la dureza de mi argumentación. Sin embargo, si la civilización en México ha de subsistir, debemos romper con la sistemática tolerancia a la violación de los preceptos democráticos de la que, pasiva o activamente, son cómplices quienes no llaman a las cosas por su nombre. Si nos mostramos blandos en la crítica hoy que el Estado mexicano se cae en pedazos, mañana recaerá sobre nosotros la responsabilidad histórica de no haber diseñado una ruta para refundarlo. No diseñar un nuevo orden implica necesariamente la repetición de la historia; y en nuestro caso, de una muy trágica historia.

Me parece que el resultado de las elecciones del 7 de junio de 2015 será resultado de acuerdos entre los partidos políticos y el gobierno federal. Los partidos podrían ocupar un número de cargos sin corresponder necesariamente al número de votos que obtengan en las urnas. Una vez electos, los diputados de cada partido simularán en tribuna defender con su discurso a uno u otro ideal pero finalmente las votaciones en el congreso seguirán yendo en la dirección que la presidencia de la república señale. En ese caso, el sistema político mexicano seguirá representando una farsa democrática. Ante ello, la anulación del voto en las próximas elecciones me parece una repuesta eficaz. Mis argumentos y fundamentos a continuación.

La falta de independencia de partidos y órganos electorales

Es muy probable que las próximas elecciones sean un fraude porque existe abundante evidencia de que las dirigencias de los partidos políticos y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) fueron decididos desde Los Pinos. Esta vez no será un fraude a algún partido político e, indirectamente, al Pueblo; esta vez será directamente al Pueblo. La intervención de la presidencia de la república en la elección del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) está bastante documentada[1]; lo mismo con la del Partido de la Revolución Democrática (PRD) [2]; en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)… quizás salga sobrando documentar al respecto. Entonces, si las dirigencias de los partidos le deben el cargo al presidente, no es difícil advertir que estos partidos no tienen independencia para decidir a sus candidatos; es muy factible, entonces, que los candidatos de los partidos sean sólo aquellos autorizados por la Presidencia de la República.

A su vez, las dirigencias de estos partidos son las que han ido decidiendo a los consejeros del INE, pactando entre ellos cuotas de cada partido al interior del Consejo General del INE[3]. Así, el INE tampoco es independiente, sino dependiente de las dirigencias de los partidos políticos, las cuales a su vez tienen una deuda con el presidente de la república. Lo mismo ha sucedido con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, o TRIFE) y de los tribunales electorales locales[4], los cuales son los encargados de resolver las controversias legales en los procesos electorales.

Entonces, tanto los candidatos, como los árbitros (INE) como los jueces (TRIFE) de la elección son decididos por la presidencia de la república. Así, mientras la selección de candidatos al interior de los partidos no es objetiva, ni imparcial, ni independiente debido a que las dirigencias de, al menos, los tres grandes partidos provienen de Los Pinos, igualmente, cualquier controversia o impugnación sobre el proceso y la jornada electoral tampoco tiene garantizada la objetividad ni mucho menos la imparcialidad de estos órganos electorales por provenir sus consejeros y magistrados igualmente de Los Pinos[5]. Lo anterior no quiere decir que todas las decisiones del INE y del TRIFE vayan necesariamente en beneficio del partido en el poder; hace tiempo que los fallos favorables se negocian entre los partidos y el ejecutivo federal (y no de acuerdo a la ley ni a la voluntad popular, como debe ser en un sistema democrático). La falsa sensación fabricada para el ciudadano sobre un reparto del poder entre partidos electos por el Pueblo es la esencia de la farsa democrática actual en México, pues el poder público se reparte sólo a voluntad de la presidencia de la república y no del Pueblo.

Así, se han encendido dos señales de alarma de la lucha por la democratización en México: 1) Al ser decididas desde la presidencia de la república las dirigencias de los partidos mayoritarios, estos partidos no representan a la mayoría del Pueblo, por lo que no existe la representatividad democrática en México; 2) La existencia de un pacto no escrito entre los partidos mencionados en el que, de facto, se le permite el uso del poder a una sola persona (al presidente de la república) para controlar el resultado de las elecciones, son síntomas de la instauración de una dictadura. Fundamentemos lo anterior, pues alguien con razón aparente podrá objetar que una dictadura es algo mucho peor (como aquel que dijo que los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 no son un crimen de Estado, que “crimen de Estado es algo mucho más grave”[6]). Así define Ignacio Molina (2007[7]) la dictadura:



“Dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder”.



Opositores farsantes

Esta farsa democrática tiene muchos cómplices. La base de esta farsa son los políticos a modo del presidente, los cuales, sin el más mínimo respeto por la democracia, aprueban sin leer todo lo que el presidente envía al congreso; este bloque es evidente y está integrado por los legisladores del PRI, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (PANAL). El resto de la farsa la constituye el bloque de legisladores del PAN y del PRD, quienes, bajo pretextos siempre inverosímiles, alternadamente se unen al bloque de los legisladores del presidente para aprobarle todo también. Los legisladores aparentemente en contra –incluyendo a los de partidos pequeños- toman la palabra para contradecir las iniciativas presidenciales; su discurso en tribuna pronto parece convertirse en un predicar en el desierto en una alegada defensa de las mayorías de este país en medio de un huracán de legisladores abiertamente serviles al presidente que terminan por ganarles cada ronda de votación. 

Pero, ¿por qué las figuras de oposición no salen a la opinión pública a denunciar esto? ¿No brillarían más si empujaran una verdadera democratización y denunciaran esta farsa convocándonos a todo el Pueblo a exigir juntos la democratización por medio de una movilización histórica? Después de todo, sus partidos disponen de una estructura territorial para movilizarnos si ellos quisieran. Ello sería la prueba irrefutable de que no son unos farsantes y de que en verdad son nuestros representantes. Sin embargo, no lo hacen porque les conviene, no los dejan o simplemente porque se conforman con interpretar el papel de víctimas del parlamentarismo en esta farsa, que no es más que una obra de teatro.

Para esta obra, ellos luchan entre sí –por medio de las elecciones- para quedarse con el papel de parlamentario opositor; para interpretar el papel del que se desgañita en tribuna defendiendo al pobre Pueblo del infame tirano; tirano al que reiteradamente expresan su coraje para ganar credibilidad. Que ese papel lo interpreten ellos y no otros en nada cambiará nuestras vidas ni la de la Nación. Eso solamente es relevante en la vida personal de ellos, que acrecentarán su fama personal. Las elecciones internas para esas candidaturas de oposición parecen cumplir más bien la función de casting de selección de actores. El guión ya está escrito; sólo tienen que competir entre ellos. Una vez electos, ellos no pueden modificar sus líneas de los diálogos de la obra –sólo el estilo personal. 

Así, las figuras de oposición hacen las veces de válvulas de escape de la presión social, a través de las cuales se calma el ansia popular, pues nos hacen sentir que alguien ya llevó nuestra voz a las más altas tribunas de la Nación. Luego del fracaso al proponer una iniciativa popular, en entrevistas nos dicen: “lo intentamos, soy un convencido de que la próxima vez sí lo logremos”, invitándonos siempre a seguir apoyándolos votando por ellos. Puedo comprender las motivaciones de estas figuras de oposición; para ellos esto es una carrera profesional, con prestigio, privilegios y cuya remuneración suele ser tan buena como la de un parlamentario del partido oficial –o incluso mayor, dependiendo de su papel relativo al interior del grupo parlamentario a que pertenezcan. Todos, con diferentes papeles y vestuarios: actores de la misma farsa.

El caso del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) es el mismo. Aunque este partido dará la lucha, sólo le reconocerán algunas posiciones; las suficientes para que el Pueblo crea que alguien lleva su voz a tribuna, pero menos de las necesarias para que se aprueben sus iniciativas populares. Si las elecciones se definirán nuevamente en Los Pinos y Gobernación, me queda la impresión de que a MORENA se le ha invitado a un fraude electoral en forma de Pacto de Caballeros; me queda la impresión de que MORENA aceptó esa invitación y que, aunque van a presionar muy fuerte para que les reconozcan sus triunfos (como lo hacía la oposición –de izquierda y de derecha- de los años setenta en una mezcla de heroísmo y mendicidad), al final se tendrán que conformar.

Los seguidores de MORENA me parecen el elemento más vulnerable de esta farsa porque los avances de su partido este 2015 les darán falsas esperanzas. En el 2018 nuevamente no los dejarán pasar a la presidencia, luego de lo cual sus líderes volverán a invitar a sus seguidores a desfogarse en marchas y plantones y, un mes después, refunfuñando todos, les pedirán continuar con sus vidas. Sus líderes, no obstante, habrán arrebatado a otros partidos los papeles estelares de líderes del pueblo en el congreso.

Anulación del voto

Así las cosas, en las elecciones del 7 de junio próximo ¿debemos votar, abstenernos, anular el voto, boicotear las elecciones o qué hacer? Para efectos legales, ni la abstención, ni la anulación del voto ni el boicot electoral tienen posibilidades reales de anular la elección[8]. Partidos y gobierno ya se aseguraron que la legislación electoral posibilite que las elecciones sean válidas así sea con un solo voto (además de que ellos controlan el TRIFE[9]).

Para efectos morales, en cambio, la abstención, anulación y boicot sí serán cachetadas con guante blanco al sistema político mexicano actual. Su impacto sería indirecto. Una cachetada con guante blanco surte efecto directo sólo cuando quien la recibe tiene un mínimo de moral –y por tanto de vergüenza- y reacciona ante ello corrigiendo su actuar. Sin embargo, el gobierno y sus partidos carecen de moral y de vergüenza, por lo que la medida no tendrá gran impacto directamente en ellos. 

El impacto de estas acciones provendrá de su eco al interior de cada hogar en el país así como por su alcance internacional. El mensaje de deslegitimación será difundido entre nosotros a todos los mexicanos así como por todos los medios a todo el mundo. Esto fortalecerá la unidad de la sociedad mexicana para exigir con más fuerza la democratización del país. A través de nuestros relatos, estas acciones se traducirán en millones de mensajes a nuestros familiares, vecinos, amigos, redes sociales y por múltiples declaraciones a medios nacionales y extranjeros.

Entre las acciones mencionadas, creo que la mejor es anular el voto. El voto se anula al: i) Escribir un mensaje en la papeleta; ii) Marcar en la papeleta a más de un candidato, o; iii) Depositar en blanco la papeleta en la urna. Ello, además de ser perfectamente legal, será un mensaje pacífico y claro. En contraparte, abstenernos de votar sólo alimentaría el argumento de que nos quedamos viendo el futbol; mientras que boicotear las elecciones –ya sea pacífica o violentamente- abre la puerta a caer en provocaciones del propio gobierno y sus partidos (no necesitamos más mártires en México; los 120 mil de los últimos diez años ya son suficientes).

Existe un no-estructurado pero generalizado repudio de la sociedad mexicana a esta farsa democrática. Este repudio se ha ido manifestando por etapas: la primera fue (y es) la “Acción Global por Ayotzinapa”; la segunda el “Aristegui se queda”; y la tercera son estas elecciones. Mientras el guión de esta farsa está muy claro, el nuestro no está escrito; en ello radica nuestra ventaja.








* Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Twitter: @SergioSaldanaZ

[1] “El PAN ya no es oposición; ‘Peña sí cumple’, Madero”. Documental. Revista Proceso. 11 de mayo de 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=341740
“PAN cogobierna con Peña Nieto”, entrevista de El Universal a Gustavo Madero del 21 de abril de 2014: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/entrevista-el-pan-cogobierna-con-penia-nieto-como-nunca-madero-1004845.html
[2] La campaña de Carlos Navarrete a la presidencia del PRD fue apoyada por Ángel Aguirre:  http://m.eluniversal.com.mx/notas/columnistas/2014/10/109432.html; y Ángel Aguirre, a su vez, apoyó la campaña de Peña Nieto: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-perredista-que-apoyo-a-pena-nieto.html
[3] “El INE, en crisis por intervención de partidos en elección de Consejeros”. Reportaje de El Universal del 31 de marzo del 2015: http://www.redpolitica.mx/elecciones-2015/ine-en-crisis-por-intervencion-de-partidos-en-eleccion-de-consejeros
“Elección de consejeros del INE tuvo el respaldo de partidos”. Azteca Noticias, 23 de febrero del 2015: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/213765/eleccion-de-consejeros-del-ine-tuvo-el-respaldo-de-partidos
“Expertos: cuotas de partidos tienen al INE en crisis”. Reportaje de El Universal del 25 de febrero del 2015: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/expertos-cuotas-de-partidos-tienen-al-ine-en-crisis-1079903.html
[4] Los magistrados del TRIFE son elegidos por el Senado por medio de ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (y a su vez, los ministros de la SCJN son propuestos a votación del Senado por ternas propuestas por el presidente de la república). Al respecto de la elección de magistrados del TRIFE, véase la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Art. 198: http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/171/200.htm
Respecto de la elección de los magistrados locales, consúltese la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 108: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014   
[5] Aquí podrán objetar muchos, en especial los magistrados del TRIFE, que ellos son gente de carrera, que estudian y se preparan mucho día con día. Tienen razón; Eso yo no lo podría objetar en la mayoría de los casos. El elemento que, en contraparte ellos no me podrán objetar, es que al ser ellos postura de alguien dejan de ser independientes en sus fallos: su conciencia ya no es libre.
[6] Al respecto, véase mi respuesta al ex-procurador Murillo Karam al respecto: http://www.losangelespress.org/senor-procurador-iguala-si-es-el-estado-mexicano/
[7] Molina, Ignacio (2007). Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Alianza Editorial. ISBN 84-206-8653-0.
[8] Véase el art. 75, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), los cuales describen todas las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla, mismas que no contemplan ni la anulación del voto ni la abstención electoral. Si bien el art. 77 de la misma LGSMIME considera que la no instalación de al menos 20% de las casillas en un distrito electoral federal es causal de nulidad de la elección del diputado del distrito correspondiente, impedir que se instalen esas casillas conlleva un alto riesgo de tensión o incluso violencia innecesaria. Innecesaria porque, aun si con ello se lograra anular la elección en algún distrito, puede hacerse efectiva la Tesis LXXII/98 del TEPJF, la cual contempla la expedición de convocatoria para organizar una nueva elección en ese distrito –y así, tantas veces como sea necesario hasta elegir diputado.
http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/sistema_nulidades.pdf

[9] Si bien la Tesis X/2001 y Sentencia SUP-JRC-165/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contempla la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales (como la falta de independencia de la autoridad electoral, aquí demostrada), ello queda sujeto a interpretación de la Sala Superior del TEPJF; y ya expliqué a quién se deben sus magistrados. Insisto, el laberinto no es sólo legal, también es político.


VIDEO "La Farsa Democrática"

23 de marzo de 2015

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO: ¿ALFIL EN GUERRA CHINA-EUA?


Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla*
Mientras la estatización de la industria petrolera mexicana en 1938 respondió a una agenda nacional que aprovechó la coyuntura mundial, su privatización en 2014 respondió a una agenda extranjera que aprovechó la coyuntura nacional. El Gral. Lázaro Cárdenas sabía que la riqueza petrolera mexicana era capaz de financiar el desarrollo económico del país por muchas décadas y había entonces que aprovechar que tanto los Estados Unidos de América (EUA) como Inglaterra se encontraban ante un inminente conflicto bélico. Por ello, expropiar los activos de las compañías estadounidenses e inglesas en México tenía un riesgo inusualmente bajo, pues estos países difícilmente abrirían otro frente de batalla donde más bien necesitaban un aliado. El resultado ya todos lo conocemos. Poco se conoce, sin embargo, de la reciente geopolítica que posibilitó la privatización de nuestras reservas de petróleo y gas natural[1].

Los EUA ya entraron en un período de pre-guerra contra China y necesitan asegurar un abastecimiento estable y a gran escala de hidrocarburos para movilizar tropas y su economía cuando llegue el momento. Obtener petróleo de Medio Oriente está siendo cada vez más difícil para ellos y sus días de ocupaciones en Medio Oriente están contados. Ante ello, México se presenta como su gran abastecedor de cara al futuro, como lo reconoce el propio reporte “Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo”, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos del 21 de Diciembre de 2012[2]. Abordemos primero el tema de la posible guerra China-EUA y después el del plan de los EUA para México.

*
Existe una fricción de, hasta ahora, baja intensidad entre los EUA y China. El reciente posicionamiento de China como la primera economía mundial –medido en términos del valor de su Producto Interno Bruto- ha apresurado el inminente choque entre ambas potencias. Ese choque fue anticipado por Samuel P. Huntington en 1993 en su obra El Choque de Civilizaciones (The Clash of Civilizations).

En el Choque de Civilizaciones, Huntington señala una creciente tendencia a la regionalización del planeta; regionalización explicada en buena medida por la religión, la cercanía cultural y la cohesión histórica. Al respecto, Huntington identifica siete civilizaciones básicas: Occidental (Europa Occidental y Central, EUA, Canadá y Oceanía), Latinoamérica, Ortodoxa (Europa Oriental y la mayor parte de Rusia), el mundo Oriental (budistas, hindús, chinos y japoneses), el mundo Musulmán y el África Sub-Sahariana. 

De acuerdo a las tesis de Huntington, el desarrollo de las siguientes tres décadas (1990’s, 2000’s y 2010’s) se caracterizaría por un acercamiento entre China y el mundo musulmán, en particular con Irán y Paquistán con el fin de aumentar su posicionamiento global por medio de enclaves. Por su parte, Rusia se iría acercando a Occidente –aún a pesar de eventuales roses por Ucrania y de sus inciertas relaciones con Irán por mantener la paz en el Cáucaso y asegurar el transporte de hidrocarburos. También la India se iría acercando a los EUA, especialmente debido al conflicto entre India y Paquistán por Cachemira, conflicto que va a predominar por encima del resentimiento de India hacia Occidente por los siglos de dominio –predominantemente- británico. Todo ello está teniendo lugar.

Siguiendo con las tesis de Huntington, durante la presente década China haría una petición internacional para que los EUA retiren sus bases militares de las Filipinas y Taiwán, con lo que China recuperaría la soberanía del Mar de la China Meridional, convirtiéndose con ello en una amenaza latente para eventualmente posicionarse en todo el Sureste Asiático y de ahí quedar de frente a la India. 

Ante lo anterior, los EUA no podrían oponerse, puesto que la moneda de cambio de los chinos sería la actual deuda del gobierno de los EUA, puesto que desde hace más de una década el gobierno chino es el principal tenedor de los bonos de la Reserva de los EUA, por lo que, de negarse los EUA a retirar sus bases, China podría exigir el cobro al unísono de toda esa deuda y con ello desatar la peor crisis económica en la historia de los EUA y de las economías más ligadas a ella.

Alrededor del año 2024, siguiendo nuevamente a Huntington, se realizarían las primeras provocaciones armadas chinas por medio de hostilidades en el Tíbet y/o de una eventual incursión en Vietnam. Con ello, los EUA finalmente atacarían a China y daría así inicio una guerra entre China y los EUA –de posible escalada a Guerra Mundial.

Los preparativos ante ello ya son notables. Un número especial del semanario inglés The Economist dedicado a la India[3] hace una reiterada persuasión a dicho país para que fortalezca sus sistemas de defensa militar y naval, haciendo interesantes comparativos de posiciones indias frente a chinas, poniendo repetidamente el acento en la necesidad de que la India se incline abiertamente por Occidente, aumente su gasto militar así como  mejore sus representaciones internacionales (EUA necesita, pues, un aliado fuerte en el corazón de Asia en caso del latente estallido).

Por su parte, China estrecha cada vez más sus lazos con el mundo árabe y sub-sahariano, lo cual es notable en el rampante ascenso de intercambios entre científicos nucleares iranís y chinos así como por la creciente cooperación militar de China con países africanos[4]. El creciente posicionamiento del Estado Islámico y de grupos opuestos a los intereses de Washington en el mundo árabe –muy probablemente financiados desde Beijing- apuntan en la dirección de que los días de las ocupaciones de las fuerzas aliadas a los EUA están contados. 

En el caso de Latinoamérica, los EUA están iniciando un proceso de creciente acercamiento con, predominantemente, México y Brasil a fin de asegurarlos como aliados, puesto que ambas naciones son los líderes de la región latinoamericana. Aún cuando Brasil se ha adherido al bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la eventual adhesión de Rusia e India (y muy probablemente también Sudáfrica) a los EUA así como la aún alta participación de capitales estadounidenses en la economía brasileña forzará a Brasil a, al menos, no aliarse a China contra los EUA. El caso de México es aún más simple en términos de alianzas, pues para cuando el conflicto China-EUA haya escalado, difícilmente México habrá reducido su dependencia económica de los EUA (especialmente en materia de inversiones y del mercado laboral). Por ello una eventual alianza militar México-China sería aún remota para entonces.

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El mencionado Reporte “Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo”, del Senado de los EUA fue integrado por el Senador Richard Lugar derivado de reuniones con el equipo del Presidente Enrique Peña Nieto, líderes del Congreso Mexicano, funcionarios de Petróleos de México (PEMEX), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la embajada mexicana en Washington, representantes de la industria estadounidense y académicos; Fue presentado al senado estadounidense por el entonces Senador John Kerry, entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y actual Secretario de Estado de los EUA. En ese informe se pone de manifiesto el interés de Washington por la implementación de una reforma energética en México que garantice el abastecimiento de petróleo de México a los EUA, resaltando que para ello cuentan con la voluntad del entonces equipo entrante del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto. El informe también hace hincapié en que sólo compañías internacionales registradas ante la Comisión de Valores y Cambios de los EUA (U.S. Securities and Exchange Commission) deben encargarse de la extracción de petróleo y gas en México a fin de garantizar la propiedad de los EUA sobre esos hidrocarburos. Con esa compatibilidad y prisa fue aprobada por el Senado de la Republica Mexicana la Reforma Energética el pasado 11 de agosto.

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Así, desde el 11 de agosto de 2014, el petróleo y gas natural del subsuelo mexicano ha dejado de representar un activo para el financiamiento de nuestro desarrollo y se ha convertido en insumo disponible para la economía de los EUA –y para una eventual guerra. Aún cuando podemos reconocer que existe una tremenda asimetría entre México y los EUA tal que permite explicarnos por qué los planes de ellos se han impuesto sobre los nuestros, también debemos señalar que el gobierno mexicano tenía el deber de oponerse a ese plan pues el saldo neto para México es negativo. Cada gobierno tiene el derecho (y el deber) de actuar para conseguirle a su pueblo los mayores beneficios posibles. Eso es lo que están haciendo los EUA; no podemos culparlos del todo por eso. Sí debemos, no obstante, culpar al gobierno mexicano por no hacer lo mismo. Debemos señalar el fracaso del gobierno mexicano en el cumplimiento de su deber por defender a su pueblo ante el intento de intereses extranjeros por disponer de nuestros recursos. El gobierno mexicano pudo oponerse de muchas formas pero no lo hizo de ninguna manera. Si hay un beneficio a cambio, ese no es para el país, pues de haberlo se nos habría publicitado. 

A quienes piensan que pudo haber habido una amenaza de guerra de los EUA hacia México si este último se rehusaba a semejante reforma energética, les digo que de ser así, el asunto bien pudo haberse llevado ante Naciones Unidas; Haciéndose uso del Servicio Exterior Mexicano, bien se hubiera librado una intensa batalla diplomática global. Pero no fue así. Por ello deduzco que los beneficios de semejante entrega de la riqueza petrolera tienen como destino bolsillos de particulares mexicanos. Así, la deslegitimación del Estado mexicano es ahora absoluta, pues ya no sólo incumple con el uso del poder público para procurar justicia y garantizar seguridad pública al Pueblo, sino también ha dispuesto de los bienes de la Nación defraudándola. Los tiempos difíciles al interior de México recién comienzan. 

La estrategia demócrata de Washington por asegurar su abastecimiento de petróleo desde México está fracasando porque hicieron el trato con un gobierno mexicano que hoy se está cayendo en pedazos. El apresuramiento de los EUA, lejos de “garantizar la seguridad energética de Norteamérica”, como reiteradamente lo presume el mencionado reporte del senado de los EUA, más bien está alimentando la inestabilidad política y la incertidumbre en la región. 

Mientras México debe derogar las recientes reformas constitucionales en materia energética y sus respectivas leyes secundarias y reanudar su transición democrática, los EUA deben elaborar un nuevo plan de abastecimiento energético que comprenda la compra de petróleo mexicano producido por PEMEX en los volúmenes acordes a nuestros intereses.


* Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Twitter: @SergioSaldanaZ
[1] Colección de sietes: hoy se cumplen 77 años de la nacionalización de la industria petrolera mexicana; hace 7 meses y 7 días se volvió a abrir al capital extranjero.
[2] 112th Congress (2012). Oil, Mexico and The Transboundary Agreement: a Minority Staff Report. Committee on Foreign Relations. 21 de Diciembre de 2012. 33 pp. Washington, DC.
Puede consultarse este reporte en la página web del Senado de los EUA: http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/77567.pdf
[3] The Economist (2013). “Can India become a great power?” 30 de Marzo, 2013.
[4] Cordesman, Anthony (2013). Red Lines, Deadlines, and Thinking the Unthinkable: India, Pakistan, Iran, North Korea, and China. Center for Strategic and International Studies. Washington, DC

11 de diciembre de 2014

DOS PROPUESTAS PARA RESOLVER LA CRISIS DE AYOTZINAPA

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla

Aun cuando podrían ser útiles las diez medidas en materia de seguridad que recién anunció el Presidente Peña, estas carecen de medidas de fondo para el desmantelamiento de las estructuras más corrompidas del régimen. Al no incluirse, implícitamente se renovó el pacto con lo peor del Estado mexicano. Al no tocarlos, el Presidente Peña ratificó una especie de pacto de impunidad que priva en el país; ratificó a los mismos mandos policiacos y militares, a los mismos ministros de la corte, a los mismos magistrados, jueces y agentes del ministerio público, a los mismos procuradores de justicia y, en general, ratificó a los mismos encargados de la justicia y la seguridad pública que nos han llevado a donde hoy estamos. Esa ratificación condena las diez medidas del Presidente a un inminente fracaso; serán simulación pura porque los mandos más corrompidos seguramente impedirán su implementación.

Por lo urgente de la coyuntura[1], no quiero detenerme a especular si el Presidente Peña no quiso, o no pudo o no le dejan desmantelar esas estructuras. En su lugar, mejor tomémosle la palabra al Presidente en su ofrecimiento de que él encabece los esfuerzos para establecer un pleno estado de derecho con cambios de fondo: pidámosle nosotros, la sociedad civil, la conformación de una Comisión de la Verdad sobre la Justicia y la Seguridad en México, así como el consecuente enjuiciamiento de quienes resulten responsables. El caso argentino de los procesos de los años 80 contra los miembros de la Junta Militar nos deja una clara lección al respecto: las desapariciones forzadas en ese país no cesaron sino hasta que se enjuició a los mandos involucrados del ejército y la policía[2].

Como hoy la gran mayoría de los mexicanos ya no confiamos en quienes nos procuran justica[3], nuestra Comisión de la Verdad deberá integrarse por ciudadanos:
i) Conocedores de temas de justicia
ii) Con prestigio académico
iii) Con probidad
iv) Ajenos a los partidos políticos
v) Independientes de los mandos altos del gobierno.

Esa Comisión será coordinada por una misión especial de Naciones Unidas –como se hizo en Guatemala en los 1990’s[4]- a fin de garantizar que no se transará con las pruebas ni con las sentencias. Esa Comisión realizará una investigación transparente y ágil a todos los probables responsables de la actual inseguridad e impunidad en el país, incluyendo a mandos de las policías, del ejército, a jueces, magistrados, ministros y a personal de procuradurías y ministerios públicos. Derivado de las investigaciones, se iniciarán los juicios correspondientes, los cuales serán públicos y se transmitirán en vivo por todos los medios de comunicación posibles. Derivado de las investigaciones y de los juicios muy probablemente resultarán más personas implicadas provenientes del resto del gobierno y de la sociedad mexicana. Este será el primer paso para satisfacer la generalizada demanda de justicia.

El segundo paso consiste en prevenir que esta crisis de seguridad y justicia se repita. Ello exige el rediseño del sistema de seguridad pública e impartición y procuración de justicia en el país. Lo anterior debe basarse en una Política de Estado. Una Política de Estado es el conjunto de criterios de actuación del poder público para la realización de los fines del Estado. Los fines del Estado comprenden mínimamente la provisión de seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Aunque México ya comprende esos fines en su Constitución Política, aún tenemos que convertirlos en Política de Estado. Esa Política de Estado debe fijar objetivos concretos de cumplimiento[5], mismos que, mínimamente, deben contemplar:

1. Implementar procedimientos policiacos y militares que garanticen el respeto a los derechos humanos con penas muy altas por incumplimiento. Deben considerarse como guía a los códigos de Alemania, Austria y Suiza.

2. Adoctrinar a las fuerzas armadas y a la policía con un inquebrantable código de honor y principios de lealtad al Pueblo de México. El adoctrinamiento recibido actualmente sobre lealtad y la ideología de servicio a la Nación es débil y lo poco que existe está hoy más que nunca antes en contradicción con las prácticas mercenarias de las que existen fuertes indicios en distintos mandos del ejército y la policía. Necesitamos una sólida doctrina militar y policiaca en México. Al respecto, podemos basarnos en documentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con quizás la doctrina militar mejor estructurada del mundo[6].

3. Ciudadanizar los consejos de la judicatura federal y de las entidades federativas a fin de impedir que, como ha ocurrido hasta ahora, se seleccione personal que sirva al presidente de la república y a los gobernadores. Ello ha anulado la división de poderes e impedido la impartición de justicia en México –lo cual ha sido especialmente grave en los casos en que miembros del poder ejecutivo obedecen a organizaciones criminales. También debe adoctrinarse a los servidores del poder judicial y castigarse con prisión el incumplimiento a los principios de independencia de poderes, lealtad a la patria y honradez, así como la aplicación de criterios de exhaustividad en la investigación y justicia en la aplicación de las leyes.

4. Constituir una defensoría de derechos humanos ciudadana e independiente. Esta defensoría realizará una vigilancia permanente a todo el aparato gubernamental y se le dotará de facultades de fiscalía para actuar contra funcionarios públicos que cometan violaciones a los derechos humanos. A quienes se desempeñen en esta defensoría se les seleccionará por su impecable trayectoria y además deberá inculcárseles una sólida moral.

Sólo si se implementan medidas de fondo como éstas se nos demostrará a los mexicanos que sí existe una verdadera voluntad política por superar esta crisis. Hoy estamos confrontados con nosotros mismos, con nuestra tradición antidemocrática, con nuestra historia de autoritarismo;  hoy estamos, sin embargo, obligados a romper con esa tradición y con esa historia, estamos obligados a seguir empujando hasta lograr la refundación del Estado mexicano para acuñarle a sus instituciones una moral inquebrantable que perdure por siglos.

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NOTAS
[1] Meyer, Lorenzo (2014). Coyuntura Crítica. Agenda Ciudadana. Periódico Reforma. 20 de noviembre de 2014. http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/141120.pdf
[2] Consúltese:
Ciancaglini, Sergio y Granovsky, Martín (1995). Nada más que la verdad: el juicio a las juntas. Ed. Planeta. ISBN 950-742-664-7. Buenos Aires, Argentina.
Reportaje sobre los juicios a las Juntas Militares argentinas: http://www.argentina.ar/temas/historia-y-efemerides/21125-juicio-a-las-juntas-militares
[3] Al respecto (por inferencia):
– 81% de los mexicanos no confía en los jueces, 80% no confía en los agentes del ministerio público, y 83% no confía en la policía estatal, según datos de la encuesta de Parametría de enero de 2014: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4622
– 81% de los mexicanos no confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Véase:
Barba, Sandra y Sanginés, Gabriela (2010). “Confianza y Legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. En: Confianza en las Instituciones, Coord. Moreno, Alejandro. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pp. 201-225. México, DF.
– 70% de los mexicanos no confía en las instituciones de seguridad pública, véase encuesta de Parametría del 13 de enero de 2014: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4615
[4] Véase el “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca”, Oficina de las Naciones Unidas para Guatemala: http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20Comisi%C3%B3n%20Esclarecimiento%20Hist%C3%B3rico.pdf
[5] A plazos de 5, 10, 15 y 30 años; recordemos pues que se trata de la vida del Estado, la cual debe superar la perennidad y sesgos de los gobiernos a fin de garantizar la trascendencia del Estado. Al respecto, véanse:
Montesquieu, Charles (2001). Del Espíritu de las Leyes. Ed. Porrúa. México, D.F.
Porrúa Pérez, Francisco (2000). Teoría del Estado. Ed. Porrúa. México, D.F.
Serra Rojas, Andrés (1984). Teoría General del Estado. Ed. Porrúa. México, D.F.
[6] Por ejemplo, consúltese la Doctrina Aliada Conjunta de la OTAN: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf

Twitter: @SergioSaldanaZ
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