23 de marzo de 2015

REFORMA ENERGÉTICA EN MÉXICO: ¿ALFIL EN GUERRA CHINA-EUA?


Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla*
Mientras la estatización de la industria petrolera mexicana en 1938 respondió a una agenda nacional que aprovechó la coyuntura mundial, su privatización en 2014 respondió a una agenda extranjera que aprovechó la coyuntura nacional. El Gral. Lázaro Cárdenas sabía que la riqueza petrolera mexicana era capaz de financiar el desarrollo económico del país por muchas décadas y había entonces que aprovechar que tanto los Estados Unidos de América (EUA) como Inglaterra se encontraban ante un inminente conflicto bélico. Por ello, expropiar los activos de las compañías estadounidenses e inglesas en México tenía un riesgo inusualmente bajo, pues estos países difícilmente abrirían otro frente de batalla donde más bien necesitaban un aliado. El resultado ya todos lo conocemos. Poco se conoce, sin embargo, de la reciente geopolítica que posibilitó la privatización de nuestras reservas de petróleo y gas natural[1].

Los EUA ya entraron en un período de pre-guerra contra China y necesitan asegurar un abastecimiento estable y a gran escala de hidrocarburos para movilizar tropas y su economía cuando llegue el momento. Obtener petróleo de Medio Oriente está siendo cada vez más difícil para ellos y sus días de ocupaciones en Medio Oriente están contados. Ante ello, México se presenta como su gran abastecedor de cara al futuro, como lo reconoce el propio reporte “Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo”, del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos del 21 de Diciembre de 2012[2]. Abordemos primero el tema de la posible guerra China-EUA y después el del plan de los EUA para México.

*
Existe una fricción de, hasta ahora, baja intensidad entre los EUA y China. El reciente posicionamiento de China como la primera economía mundial –medido en términos del valor de su Producto Interno Bruto- ha apresurado el inminente choque entre ambas potencias. Ese choque fue anticipado por Samuel P. Huntington en 1993 en su obra El Choque de Civilizaciones (The Clash of Civilizations).

En el Choque de Civilizaciones, Huntington señala una creciente tendencia a la regionalización del planeta; regionalización explicada en buena medida por la religión, la cercanía cultural y la cohesión histórica. Al respecto, Huntington identifica siete civilizaciones básicas: Occidental (Europa Occidental y Central, EUA, Canadá y Oceanía), Latinoamérica, Ortodoxa (Europa Oriental y la mayor parte de Rusia), el mundo Oriental (budistas, hindús, chinos y japoneses), el mundo Musulmán y el África Sub-Sahariana. 

De acuerdo a las tesis de Huntington, el desarrollo de las siguientes tres décadas (1990’s, 2000’s y 2010’s) se caracterizaría por un acercamiento entre China y el mundo musulmán, en particular con Irán y Paquistán con el fin de aumentar su posicionamiento global por medio de enclaves. Por su parte, Rusia se iría acercando a Occidente –aún a pesar de eventuales roses por Ucrania y de sus inciertas relaciones con Irán por mantener la paz en el Cáucaso y asegurar el transporte de hidrocarburos. También la India se iría acercando a los EUA, especialmente debido al conflicto entre India y Paquistán por Cachemira, conflicto que va a predominar por encima del resentimiento de India hacia Occidente por los siglos de dominio –predominantemente- británico. Todo ello está teniendo lugar.

Siguiendo con las tesis de Huntington, durante la presente década China haría una petición internacional para que los EUA retiren sus bases militares de las Filipinas y Taiwán, con lo que China recuperaría la soberanía del Mar de la China Meridional, convirtiéndose con ello en una amenaza latente para eventualmente posicionarse en todo el Sureste Asiático y de ahí quedar de frente a la India. 

Ante lo anterior, los EUA no podrían oponerse, puesto que la moneda de cambio de los chinos sería la actual deuda del gobierno de los EUA, puesto que desde hace más de una década el gobierno chino es el principal tenedor de los bonos de la Reserva de los EUA, por lo que, de negarse los EUA a retirar sus bases, China podría exigir el cobro al unísono de toda esa deuda y con ello desatar la peor crisis económica en la historia de los EUA y de las economías más ligadas a ella.

Alrededor del año 2024, siguiendo nuevamente a Huntington, se realizarían las primeras provocaciones armadas chinas por medio de hostilidades en el Tíbet y/o de una eventual incursión en Vietnam. Con ello, los EUA finalmente atacarían a China y daría así inicio una guerra entre China y los EUA –de posible escalada a Guerra Mundial.

Los preparativos ante ello ya son notables. Un número especial del semanario inglés The Economist dedicado a la India[3] hace una reiterada persuasión a dicho país para que fortalezca sus sistemas de defensa militar y naval, haciendo interesantes comparativos de posiciones indias frente a chinas, poniendo repetidamente el acento en la necesidad de que la India se incline abiertamente por Occidente, aumente su gasto militar así como  mejore sus representaciones internacionales (EUA necesita, pues, un aliado fuerte en el corazón de Asia en caso del latente estallido).

Por su parte, China estrecha cada vez más sus lazos con el mundo árabe y sub-sahariano, lo cual es notable en el rampante ascenso de intercambios entre científicos nucleares iranís y chinos así como por la creciente cooperación militar de China con países africanos[4]. El creciente posicionamiento del Estado Islámico y de grupos opuestos a los intereses de Washington en el mundo árabe –muy probablemente financiados desde Beijing- apuntan en la dirección de que los días de las ocupaciones de las fuerzas aliadas a los EUA están contados. 

En el caso de Latinoamérica, los EUA están iniciando un proceso de creciente acercamiento con, predominantemente, México y Brasil a fin de asegurarlos como aliados, puesto que ambas naciones son los líderes de la región latinoamericana. Aún cuando Brasil se ha adherido al bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), la eventual adhesión de Rusia e India (y muy probablemente también Sudáfrica) a los EUA así como la aún alta participación de capitales estadounidenses en la economía brasileña forzará a Brasil a, al menos, no aliarse a China contra los EUA. El caso de México es aún más simple en términos de alianzas, pues para cuando el conflicto China-EUA haya escalado, difícilmente México habrá reducido su dependencia económica de los EUA (especialmente en materia de inversiones y del mercado laboral). Por ello una eventual alianza militar México-China sería aún remota para entonces.

**

El mencionado Reporte “Petróleo, México y el Acuerdo Transfronterizo”, del Senado de los EUA fue integrado por el Senador Richard Lugar derivado de reuniones con el equipo del Presidente Enrique Peña Nieto, líderes del Congreso Mexicano, funcionarios de Petróleos de México (PEMEX), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la embajada mexicana en Washington, representantes de la industria estadounidense y académicos; Fue presentado al senado estadounidense por el entonces Senador John Kerry, entonces presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y actual Secretario de Estado de los EUA. En ese informe se pone de manifiesto el interés de Washington por la implementación de una reforma energética en México que garantice el abastecimiento de petróleo de México a los EUA, resaltando que para ello cuentan con la voluntad del entonces equipo entrante del gobierno mexicano de Enrique Peña Nieto. El informe también hace hincapié en que sólo compañías internacionales registradas ante la Comisión de Valores y Cambios de los EUA (U.S. Securities and Exchange Commission) deben encargarse de la extracción de petróleo y gas en México a fin de garantizar la propiedad de los EUA sobre esos hidrocarburos. Con esa compatibilidad y prisa fue aprobada por el Senado de la Republica Mexicana la Reforma Energética el pasado 11 de agosto.

***

Así, desde el 11 de agosto de 2014, el petróleo y gas natural del subsuelo mexicano ha dejado de representar un activo para el financiamiento de nuestro desarrollo y se ha convertido en insumo disponible para la economía de los EUA –y para una eventual guerra. Aún cuando podemos reconocer que existe una tremenda asimetría entre México y los EUA tal que permite explicarnos por qué los planes de ellos se han impuesto sobre los nuestros, también debemos señalar que el gobierno mexicano tenía el deber de oponerse a ese plan pues el saldo neto para México es negativo. Cada gobierno tiene el derecho (y el deber) de actuar para conseguirle a su pueblo los mayores beneficios posibles. Eso es lo que están haciendo los EUA; no podemos culparlos del todo por eso. Sí debemos, no obstante, culpar al gobierno mexicano por no hacer lo mismo. Debemos señalar el fracaso del gobierno mexicano en el cumplimiento de su deber por defender a su pueblo ante el intento de intereses extranjeros por disponer de nuestros recursos. El gobierno mexicano pudo oponerse de muchas formas pero no lo hizo de ninguna manera. Si hay un beneficio a cambio, ese no es para el país, pues de haberlo se nos habría publicitado. 

A quienes piensan que pudo haber habido una amenaza de guerra de los EUA hacia México si este último se rehusaba a semejante reforma energética, les digo que de ser así, el asunto bien pudo haberse llevado ante Naciones Unidas; Haciéndose uso del Servicio Exterior Mexicano, bien se hubiera librado una intensa batalla diplomática global. Pero no fue así. Por ello deduzco que los beneficios de semejante entrega de la riqueza petrolera tienen como destino bolsillos de particulares mexicanos. Así, la deslegitimación del Estado mexicano es ahora absoluta, pues ya no sólo incumple con el uso del poder público para procurar justicia y garantizar seguridad pública al Pueblo, sino también ha dispuesto de los bienes de la Nación defraudándola. Los tiempos difíciles al interior de México recién comienzan. 

La estrategia demócrata de Washington por asegurar su abastecimiento de petróleo desde México está fracasando porque hicieron el trato con un gobierno mexicano que hoy se está cayendo en pedazos. El apresuramiento de los EUA, lejos de “garantizar la seguridad energética de Norteamérica”, como reiteradamente lo presume el mencionado reporte del senado de los EUA, más bien está alimentando la inestabilidad política y la incertidumbre en la región. 

Mientras México debe derogar las recientes reformas constitucionales en materia energética y sus respectivas leyes secundarias y reanudar su transición democrática, los EUA deben elaborar un nuevo plan de abastecimiento energético que comprenda la compra de petróleo mexicano producido por PEMEX en los volúmenes acordes a nuestros intereses.


* Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Twitter: @SergioSaldanaZ
[1] Colección de sietes: hoy se cumplen 77 años de la nacionalización de la industria petrolera mexicana; hace 7 meses y 7 días se volvió a abrir al capital extranjero.
[2] 112th Congress (2012). Oil, Mexico and The Transboundary Agreement: a Minority Staff Report. Committee on Foreign Relations. 21 de Diciembre de 2012. 33 pp. Washington, DC.
Puede consultarse este reporte en la página web del Senado de los EUA: http://www.foreign.senate.gov/imo/media/doc/77567.pdf
[3] The Economist (2013). “Can India become a great power?” 30 de Marzo, 2013.
[4] Cordesman, Anthony (2013). Red Lines, Deadlines, and Thinking the Unthinkable: India, Pakistan, Iran, North Korea, and China. Center for Strategic and International Studies. Washington, DC

11 de diciembre de 2014

DOS PROPUESTAS PARA RESOLVER LA CRISIS DE AYOTZINAPA

(Reproducido de mi columna en la Revista Forbes México, 11 de diciembre de 2014)

Aun cuando podrían ser útiles las diez medidas en materia de seguridad que recién anunció el Presidente Peña, estas carecen de medidas de fondo para el desmantelamiento de las estructuras más corrompidas del régimen. Al no incluirse, implícitamente se renovó el pacto con lo peor del Estado mexicano. Al no tocarlos, el Presidente Peña ratificó una especie de pacto de impunidad que priva en el país; ratificó a los mismos mandos policiacos y militares, a los mismos ministros de la corte, a los mismos magistrados, jueces y agentes del ministerio público, a los mismos procuradores de justicia y, en general, ratificó a los mismos encargados de la justicia y la seguridad pública que nos han llevado a donde hoy estamos. Esa ratificación condena las diez medidas del Presidente a un inminente fracaso; serán simulación pura porque los mandos más corrompidos seguramente impedirán su implementación.

Por lo urgente de la coyuntura[1], no quiero detenerme a especular si el Presidente Peña no quiso, o no pudo o no le dejan desmantelar esas estructuras. En su lugar, mejor tomémosle la palabra al Presidente en su ofrecimiento de que él encabece los esfuerzos para establecer un pleno estado de derecho con cambios de fondo: pidámosle nosotros, la sociedad civil, la conformación de una Comisión de la Verdad sobre la Justicia y la Seguridad en México, así como el consecuente enjuiciamiento de quienes resulten responsables. El caso argentino de los procesos de los años 80 contra los miembros de la Junta Militar nos deja una clara lección al respecto: las desapariciones forzadas en ese país no cesaron sino hasta que se enjuició a los mandos involucrados del ejército y la policía[2].

Como hoy la gran mayoría de los mexicanos ya no confiamos en quienes nos procuran justica[3], nuestra Comisión de la Verdad deberá integrarse por ciudadanos:
i) Conocedores de temas de justicia
ii) Con prestigio académico
iii) Con probidad
iv) Ajenos a los partidos políticos
v) Independientes de los mandos altos del gobierno.

Esa Comisión será coordinada por una misión especial de Naciones Unidas –como se hizo en Guatemala en los 1990’s[4]- a fin de garantizar que no se transará con las pruebas ni con las sentencias. Esa Comisión realizará una investigación transparente y ágil a todos los probables responsables de la actual inseguridad e impunidad en el país, incluyendo a mandos de las policías, del ejército, a jueces, magistrados, ministros y a personal de procuradurías y ministerios públicos. Derivado de las investigaciones, se iniciarán los juicios correspondientes, los cuales serán públicos y se transmitirán en vivo por todos los medios de comunicación posibles. Derivado de las investigaciones y de los juicios muy probablemente resultarán más personas implicadas provenientes del resto del gobierno y de la sociedad mexicana. Este será el primer paso para satisfacer la generalizada demanda de justicia.

El segundo paso consiste en prevenir que esta crisis de seguridad y justicia se repita. Ello exige el rediseño del sistema de seguridad pública e impartición y procuración de justicia en el país. Lo anterior debe basarse en una Política de Estado. Una Política de Estado es el conjunto de criterios de actuación del poder público para la realización de los fines del Estado. Los fines del Estado comprenden mínimamente la provisión de seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Aunque México ya comprende esos fines en su Constitución Política, aún tenemos que convertirlos en Política de Estado. Esa Política de Estado debe fijar objetivos concretos de cumplimiento[5], mismos que, mínimamente, deben contemplar:

1. Implementar procedimientos policiacos y militares que garanticen el respeto a los derechos humanos con penas muy altas por incumplimiento. Deben considerarse como guía a los códigos de Alemania, Austria y Suiza.

2. Adoctrinar a las fuerzas armadas y a la policía con un inquebrantable código de honor y principios de lealtad al Pueblo de México. El adoctrinamiento recibido actualmente sobre lealtad y la ideología de servicio a la Nación es débil y lo poco que existe está hoy más que nunca antes en contradicción con las prácticas mercenarias de las que existen fuertes indicios en distintos mandos del ejército y la policía. Necesitamos una sólida doctrina militar y policiaca en México. Al respecto, podemos basarnos en documentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con quizás la doctrina militar mejor estructurada del mundo[6].

3. Ciudadanizar los consejos de la judicatura federal y de las entidades federativas a fin de impedir que, como ha ocurrido hasta ahora, se seleccione personal que sirva al presidente de la república y a los gobernadores. Ello ha anulado la división de poderes e impedido la impartición de justicia en México –lo cual ha sido especialmente grave en los casos en que miembros del poder ejecutivo obedecen a organizaciones criminales. También debe adoctrinarse a los servidores del poder judicial y castigarse con prisión el incumplimiento a los principios de independencia de poderes, lealtad a la patria y honradez, así como la aplicación de criterios de exhaustividad en la investigación y justicia en la aplicación de las leyes.

4. Constituir una defensoría de derechos humanos ciudadana e independiente. Esta defensoría realizará una vigilancia permanente a todo el aparato gubernamental y se le dotará de facultades de fiscalía para actuar contra funcionarios públicos que cometan violaciones a los derechos humanos. A quienes se desempeñen en esta defensoría se les seleccionará por su impecable trayectoria y además deberá inculcárseles una sólida moral.

Sólo si se implementan medidas de fondo como éstas se nos demostrará a los mexicanos que sí existe una verdadera voluntad política por superar esta crisis. Hoy estamos confrontados con nosotros mismos, con nuestra tradición antidemocrática, con nuestra historia de autoritarismo;  hoy estamos, sin embargo, obligados a romper con esa tradición y con esa historia, estamos obligados a seguir empujando hasta lograr la refundación del Estado mexicano para acuñarle a sus instituciones una moral inquebrantable que perdure por siglos.

________________
NOTAS
[1] Meyer, Lorenzo (2014). Coyuntura Crítica. Agenda Ciudadana. Periódico Reforma. 20 de noviembre de 2014. http://www.lorenzomeyer.com.mx/documentos/pdf/141120.pdf
[2] Consúltese:
Ciancaglini, Sergio y Granovsky, Martín (1995). Nada más que la verdad: el juicio a las juntas. Ed. Planeta. ISBN 950-742-664-7. Buenos Aires, Argentina.
Reportaje sobre los juicios a las Juntas Militares argentinas: http://www.argentina.ar/temas/historia-y-efemerides/21125-juicio-a-las-juntas-militares
[3] Al respecto (por inferencia):
– 81% de los mexicanos no confía en los jueces, 80% no confía en los agentes del ministerio público, y 83% no confía en la policía estatal, según datos de la encuesta de Parametría de enero de 2014: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4622
– 81% de los mexicanos no confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Véase:
Barba, Sandra y Sanginés, Gabriela (2010). “Confianza y Legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. En: Confianza en las Instituciones, Coord. Moreno, Alejandro. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pp. 201-225. México, DF.
– 70% de los mexicanos no confía en las instituciones de seguridad pública, véase encuesta de Parametría del 13 de enero de 2014: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4615
[4] Véase el “Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca”, Oficina de las Naciones Unidas para Guatemala: http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20Comisi%C3%B3n%20Esclarecimiento%20Hist%C3%B3rico.pdf
[5] A plazos de 5, 10, 15 y 30 años; recordemos pues que se trata de la vida del Estado, la cual debe superar la perennidad y sesgos de los gobiernos a fin de garantizar la trascendencia del Estado. Al respecto, véanse:
Montesquieu, Charles (2001). Del Espíritu de las Leyes. Ed. Porrúa. México, D.F.
Porrúa Pérez, Francisco (2000). Teoría del Estado. Ed. Porrúa. México, D.F.
Serra Rojas, Andrés (1984). Teoría General del Estado. Ed. Porrúa. México, D.F.
[6] Por ejemplo, consúltese la Doctrina Aliada Conjunta de la OTAN: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/33694/AJP01D.pdf

Twitter: @SergioSaldanaZ
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26 de noviembre de 2014

LISTA DE INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE HAN CONDENADO PÚBLICAMENTE LA IMPUNIDAD Y EL NARCO-ESTADO MEXICANO

 a) MEDIOS
- The New York Times (EUA)
- Financial Times (Inglaterra)
- Der Spiegel (Alemania)...
- Le Monde (Francia)
- El País (España)
- Telesur (Argentina)
- The Guardian (Inglaterra)

- The Washington Post (EUA)
 - The Economist (Inglaterra)
- Telemundo (EUA)
- MVS (México)

- The Chicago Tribune (EUA)
- Sin Embargo (México)
- La Jornada (México)
- Proceso (México)
- Reporte Índigo (México)
b) ORGANISMOS INTERNACIONALES Y PARLAMENTOS
- ONU‬
- Human Rights Watch
- Parlamento Inglés (Cámara de los Comunes)
- Parlamento de Alemania
- Congreso de Costa Rica
 c) PERSONALIDADES
- Padre Solalinde
- Kaylash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014
- Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006
- Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997
- Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992
- Javier Sicilia
- José Mujica, Presidente de Uruguay
- Evo Morales, Presidente de Bolivia
- Calle 13
- Café Tacuba
- Alfonso Cuarón
- Caifanes
- Javier "El Chicharito" Hernandez
- Kate del Castillo
- Héctor Suárez
- Zoe
- Ana Colchero
- Gael García
- Damián Alcázar
- Ana de la Reguera
- Talía Vázquez (ex-abogada de Mireles)
d) COMUNIDADES UNIVERSITARIAS
- ‪#‎UNAM‬ (Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Música)
- ‪#‎IPN‬
- ‪#‎UAM‬
- ‪#‎UACM‬
- Universidad Autónoma de Chapingo
- UNACH (Facultad de Ciencias Sociales)
e) ORGANIZACIONES
- Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
- Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra de Atenco
- Comité del 68
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Asociación Nacional de Empresas para el Campo
- Congreso Popular
- Cooperativa Pascual
- CNTE, varias secciones
- STTPDF
- Trabajadores Migrantes
- Sindicato de Telefonistas
- Guía Orgánica A.C.
- STUNAM
- SITUAM
- Campaña Sin maíz no hay país
- Colectivo los Escribientes
- Colectivo Siniestra
- Comité Estudiantil Metropolitano
- Punto Final
- Frente Popular de la Cd. de México
- Fundación ProAcción
- Nueva Central de Trabajadores
f) REDES SOCIALES
- 146 millones de veces se ha usado el hashtag ‪#‎YaMeCanse‬ en Twitter
- 13 millones de entradas de 'Ayotzinapa' en Google
- 1 millón de entradas de 'Ayotzinapa crimen de Estado' en Google
g) MANIFESTACIONES
- 138 manifestaciones en 67 países
- 5 mega marchas en el DF
- 218 manifestaciones en 52 ciudades de México

22 de noviembre de 2014

ATAQUE DE POLICÍA FEDERAL Y GRANADEROS A POBLACIÓN CIVIL INDEFENSA DURANTE MARCHA PACÍFICA DEL 20NOV POR AYOTZINAPA EN EL ZOCALO // MEXICAN POLICE ATACK ON CIVIL UNARMED POPULATION DURING PACIFIC RALLY ON NOVEMBER 20 FOR AYOTZINAPA CRIMES AT ZOCALO SQUARE


ESPAÑOL  //  ENGLISH
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ESPAÑOL
Comparto video de la represión policiaca el 20 de noviembre de 2014 en el zócalo de la Ciudad de México contra manifestantes por la desaparición y asesinatos de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Policía federal y granaderos del DF golpearon a población civil indefensa. Golpearon e insultaron a mujeres, adultos mayores, niños, familias enteras que pacíficamente marcharon para pedir justicia por la desaparición de 43 estudiantes que se suman a los miles de desapariciones y asesinatos de este año que a su vez se agregan a los cientos de miles de crímenes de los años recientes cometidos con la complicidad de políticos, funcionarios públicos, policías y el ejército mexicano y que quedan en la completa impunidad.
Los encapuchados que actuaron violentamente fueron coordinados por la policía; fueron contratados para infiltrarse entre los manifestantes y simular provocaciones a la policía. Con ello trataron de justificar que la policía disolviera la manifestación y golpeara a miles de personas pacíficas -seguramente con el fin de inhibir las siguientes manifestaciones.
La orden de ataque de la policía fue dada por medio de tres cohetes cuya luz iluminó la plancha del zócalo, disparados desde cerca de la reja principal de catedral y lanzados en dirección a Palacio Nacional. Coincidentemente, al estallido de cada cohete la policía avanzaba sus filas en una acción claramente coordinada y premeditada.
Quienes debieran gobernar delinquen, quienes debieran investigar los crímenes encubren a los criminales, quienes debieran capturar a los criminales reprimen al pueblo que les exige justicia.
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ENGLISH
I share video of police repression on November 20th, 2014, at Zocalo square (Mexico City’s main square) against demonstrators. Federal and Mexico City’s police attacked civil unarmed population. They hit and insulted women, elders, children and entire families, who walked by and/or stood there peacefully to demand justice for the recent abduction of 43 students and murder of 6 more (from Ayotzinapa town) by policemen in Iguala City, state of Guerrero. These crimes build on the current year’s thousands of abductions and murders. In turn, these crimes join the hundreds of thousands of crimes from the recent years, which account on the complicity of politicians, governmental officers, policemen and –most alarming- army elements. All these crimes remain unpunished.
Ca. 30 hooded people started hostilities against the police and buildings during the rally. However, overwhelming evidence suggests that they obeyed police commando in order to infiltrate the rally pretending being provocative to the police. It attempted justifying police intervention to disseminate and beat thousand of peaceful demonstrators –and most likely for inhibiting upcoming demonstrations.
The police attack order came from three flares launched from near the cathedral main entrance in direction to the presidential building. They lighted the square. By coincidence, every flare triggered police frontlines advancement. Evidently, it was a coordinated and planned action.
Those who are supposed to rule commit crime; those supposed to investigate cover up criminals; those supposed to catch criminals repress the people demanding justice.

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18 de noviembre de 2014

RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO EN CRÍMENES DE AYOTZINAPA: INTERROGUÉMOSLO

(Reproducido de mi columna en SDP Noticias del 17 de noviembre de 2014)

La responsabilidad del Ejército mexicano en los crímenes de Ayotzinapa es clara. Por ello debe llamársele a interrogatorio público. Si bien el pasado jueves 13 de noviembre el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), se reunió con diputados integrantes de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, esta reunión fue en privado y, a juzgar por las declaraciones de prensa de los legisladores al final del encuentro, me parece que tanto el tono como el contenido de dicha reunión fueron como un día de campo para el Gral. Cienfuegos[1]. Yo esperaba mucho más de los integrantes de esta comisión. Sea por falta de preparación sobre el caso por parte de los diputados o sea por falta de voluntad política –o por ambas-, mis expectativas sobre los resultados de esta comisión son ahora muy bajas.

Abundan los testimonios sobre la complicidad de elementos del ejército aquella noche. La presencia del ejército en esa zona data de décadas y poco se mueve dentro del territorio guerrerense sin que el ejército se entere; especialmente en la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que el ejército tuvo un papel protagónico. Al respecto, véase la declaración de Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente del ataque, en entrevista con Carmen Aristegui[2]. En esa entrevista, el testigo describe la complicidad a sueldo que por años ha tenido el ejército mexicano con los carteles de la droga en el estado de Guerrero y la participación activa de los militares esa noche en los asesinatos y desaparición de los estudiantes –por eso me indigna tanto la timorata actitud de los diputados con el titular de la SEDENA[3].

Es abrumadora la evidencia de que estas prácticas mercenarias del ejército están teniendo lugar en todo el territorio nacional desde hace décadas y que se ha ido agravando en los últimos años[4].

Al día de hoy, la opinión pública tiene fuertes elementos sobre la culpabilidad en este crimen de lesa humanidad por parte de elementos del Estado provenientes de los tres niveles de gobierno, mínimamente: del gobierno federal por medio del ejército mexicano; del gobierno estatal por medio del Gobernador con licencia Ángel Aguirre y de su Secretario General de Gobierno, y; del gobierno municipal de Iguala y de Cocula por medio de policías y funcionarios municipales.

La responsabilidad por estos crímenes de Estado[5] no se limita a los autores materiales directos, pues también –y con más peso aún- incluye a los jefes y otros superiores. Lo anterior lo afirmo con fundamento en el Estatuto de Roma[6], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005 –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte.

La responsabilidad, con base al Estatuto de Roma, recae también en los jefes y otros superiores:

Artículo 28.- Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Quien debiera indagar la participación del ejército en este crimen y en la mayor parte de los crímenes a gran escala es la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, parece no estarlo haciendo.

El Senado de la República, en su facultad de órgano investigador del Estado, debe entonces llenar ese vacío y llamar a interrogatorio en sesión pública, mínimamente, a las siguientes autoridades castrenses  –en este orden:

1.      José Rodríguez Pérez, Coronel Comandante del 27/o Batallón de Iguala, Guerrero;

2.      Alejandro Saavedra Hernández, General de Brigada de la 35/a Zona militar, en Chilpancingo, Guerrero;

3.      Martín Cordero Luqueño, Comandante General de División de la 9ª región militar de Acapulco, Guerrero, y, al final, a;

4.      Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

Una vez hecho el interrogatorio, el Senado debe instar al Agente del Ministerio Público respectivo y a la PGR a proceder con base en los elementos recabados por esta investigación.

Aunque en sus discursos los senadores, la PGR y el propio Presidente Peña se desgarren de indignación, de no llamar a interrogatorio público y en su caso procesar, entre otros, a estos personajes castrenses, volverán a enviarle el mensaje a la ciudadanía de que se rehúsan a desempeñar su mandato como servidores del Pueblo y que prefieren ser percibidos por la ciudadanía y el mundo entero como cómplices antes que dejar que la Justicia abra esta Caja de Pandora. Fue el Estado quien perpetró este crimen y es el Estado quien está encubriendo a sus responsables.




[3] Además, léanse los siguientes testimonios documentales:
-          Ejército presenció masacre a estudiantes de Ayotzinapa sin intervenir: http://www.losangelespress.org/ejercito-presencio-masacre-a-estudiantes-de-ayotzinapa-sin-intervenir/#sthash.n3gHVFcH.dpuf
-          Blog del Estado Mayor sobre la intervención del ejército en contra de los normalistas: http://estadomayor.mx/48206
-          Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa: http://www.losangelespress.org/militar-torturado-por-la-policia-de-iguala-antes-de-caso-ayotzinapa
-          Artículo de Jenaro Villamil en la Revista Proceso: Ayotzinapa, desaparición forzada y crisis de EPN: http://www.proceso.com.mx/?p=386077
[4] Véanse:
-          Artículo del diario inglés The Guardian, “Alianza de Estado asesina de México, el ejército y los carteles de la droga (Mexico’s murderous alliance of state, the army and the drug cartels)”: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/mexicos-murderous-alliance-of-state-army-and-the-drug-cartels
-          Artículo del diario The New York Times sobre señalamientos oficiales del gobierno de los EUA sobre la complicidad de militares mexicanos con los cárteles de la droga: http://www.nytimes.com/2012/05/30/world/americas/mexican-army-case-adds-to-us-unease-in-drug-war.html?pagewanted=all&_r=0
-          Artículo del periódico ABC de España: http://www.abc.es/internacional/20131108/abci-estados-unidos-narco-mexico-201311071744.html
[5]  O, más precisamente, Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado, cuya validez del término he fundamentado en otro artículo. Véase: http://www.losangelespress.org/senor-procurador-iguala-si-es-el-estado-mexicano/
[6] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.

13 de noviembre de 2014

EL FIN DE UNA SOCIEDAD MISERABLE

Ser pobre y ser miserable son dos cosas muy distintas. Ser pobre es carecer de los recursos para satisfacer las necesidades humanas básicas (alimentación, vivienda digna, salud y educación, principalmente). Ser miserable, en cambio, es estar dispuesto a rebajar la dignidad propia a cambio de unos centavos. Existen miserables pobres y ricos, miserables ignorantes y doctos, miserables de primer y tercer mundo, mis...erables rubios y morenos.

Existen, a su vez, épocas de las sociedades en que la miseria se generaliza más marcadamente. Hoy México vive una época de extrema miseria; miseria -más no pobreza- que nos coloca como sociedad al nivel de sociedades sin estructuras civilizatorias sólidas como las que se encuentran en ciertas regiones del Congo y otras partes del África Subsahariana.

Aún existen, afortunadamente, enclaves de civilización en México en las universidades, en organizaciones de la sociedad civil, en ciertos círculos religiosos, etc., que hoy están actuando más colaborativamente. Esos enclaves son la última oportunidad de revertir el actual proceso de salvajismo al que -en mi quizás relativa apreciación- desde hace 14 años retrocede esta sociedad. De la capacidad de unificación de esas burbujas de civilización depende la redirección de esta sociedad.

De nosotros depende re-adoctrinar a las mayorías. Esa tarea tiene todas las características de una misión, como las de la ONU (que a su vez se inspiran en las antiguas misiones católicas, basadas en el convencimiento, el llamado a la razón, al entendimiento y la conexión espiritual). De nosotros depende propagar prácticas civilizadas en nuestra sociedad; hacerle entender al que cambia su voto por una prebenda (100 pesos, despensa, láminas, etc.) que está cometiendo un acto miserable; igual que al policía que extorsiona, al que responde con violencia, etc. Hagamos que hoy termine la permisividad a la miseria.

SR. PROCURADOR, AYOTZINAPA SÍ ES CRIMEN DE ESTADO

(Reproducido de mi columna del 11 de noviembre de 2014 en Los Angeles Press)
Se equivoca el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al afirmar que llamar Crimen de Estado a los crímenes de los normalistas de Ayotzinapa “es un poco peligroso”, que “un Crimen de Estado es una cosa mucho mayor”.[1] Mi fundamento para decir que sí se trata de un Crimen de Estado, es el Estatuto de Roma[2], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005[3] –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte[4]. De hecho, denominar esos actos atroces como Crimen de Estado es incluso abreviar lo que en realidad debe ser su tipificación completa: Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado.

El Estatuto de Roma establece que:

“Artículo 7. …se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato;… e)… privación grave de la libertad física…; f) Tortura;…h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos… i) Desaparición forzada de personas;… Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

También es impreciso el Procurador Murillo al afirmar que “Iguala no es el Estado mexicano”. Al igual que el resto de municipios que conforman el gobierno mexicano (en su nivel municipal), el municipio de Iguala forma parte del Estado mexicano. Recordemos que la Teoría del Estado convencionalmente considera al gobierno como elemento formativo del Estado (junto con la población y el territorio) así como elemento de cumplimiento de los fines del Estado (junto con el poder público)[5].

Finalmente, hago un respetuoso llamado a las autoridades investigadoras de este caso a que le den la seriedad que requiere y no den respuestas que denoten minimización de su gravedad y cansancio en su labor. Este no es un caso más. Este es el primer caso en que la sociedad mexicana tiene cero tolerancias a la justicia selectiva, a la impunidad, a la ineficacia, a la simulación, al carpetazo, al uso de chivos expiatorios, de cortinas de humo, de montajes televisivos y demás vicios no poco frecuentes de la justicia mexicana. Si valoran lo poco de legitimidad y prestigio internacional que aún le queda a la actual administración, deben aplicar una pronta justicia en casa y evitar la vergüenza internacional que sería exhibir este caso ante la Corte Penal Internacional en la Haya.



[1] Conferencia de prensa del pasado viernes 7 de noviembre de 2014. Ver video de Gobierno de la República, minuto 55:15 al 55:41: https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c

[2] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.
[3] Desde el 7 de septiembre del 2000, México firmó el Estatuto de Roma (ratificado por el Senado el 21 de junio de 2005), por lo que acepta la competencia de la Corte Penal Internacional de la Haya. Véase: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/6/pim/pim39.pdf
[4] Estatuto de Roma (ONU 1998): “Artículo 12. 1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte....”
[5] González González, María de la Luz (2008). Teoría General del Estado. Ed. Porrúa y Facultad de Derecho de la UNAM. ISBN 978–970–07–7541–8. 670 pp. México, DF.

¿CÓMO REEMPLAZAR AL APARATO POLICIACO-CRIMINAL?

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 5 de noviembre del 2014)

Hoy estamos pagando los costos de haber permitido la implantación de un Estado policiaco: la lista de desaparecidos y crímenes de Estado va en aumento. Las policías municipales, estatales y federales en México son un gran riesgo para el ciudadano. Desde el sexenio de Calderón proliferaron los retenes policiacos y militares a lo largo y ancho del territorio mexicano con el pretexto de aumentar la vigilancia y la seguridad –violando con ello el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1]. Similarmente, los patrullajes se intensificaron. El aparato policiaco-militar ya se adueñó de los principales cruces de caminos, carreteras y calles, así como de las entradas y salidas miles de poblaciones y puntos intermedios. Hoy tienen el control absoluto del tránsito del país. Se distribuyeron entre ellos zonas geográficas y sectores productivos de una forma parecida al reparto de cuotas. Hoy, ellos saben perfectamente quiénes pasan por dónde en cada punto de nuestra geografía. Si bien es cierto que existen casos de exitosas detenciones de delincuentes por esos medios, por otra parte las violaciones a los derechos humanos han sido por mucho superiores a esos escasos casos de éxito.

Existe una gran heterogeneidad en los niveles de capacitación y corrupción del personal policiaco y militar, especialmente de aquellos ubicados en retenes y módulos. Es incierta la suerte que el ciudadano corre al ser retenido o detenido. Como pueden ser respetuosos y molestar al mínimo al conductor o peatón, también pueden ser agresivos, hostigadores, secuestradores y/o asesinos –como sucedió con el reciente caso de los cuatro jóvenes en Matamoros, con los asesinados en Iguala y con los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados, por nombrar sólo los casos más recientes.

Los ciudadanos estamos vulnerables al bajo nivel de capacitación de esos policías y militares, estamos expuestos a sus estados de ánimos, a sus acuerdos con el crimen organizado, con la delincuencia común y con gobernantes asesinos; somos vulnerables a las cuotas de extorsión exigidas por sus superiores y hasta a sus niveles de alcohol y drogas consumidas que alteran sus formas de proceder.

Esto debe cambiarse a partir de este momento:

1.      Deben someterse a una investigación inmediata todos los integrantes de policías y del ejército presuntamente asociados con asesinatos y secuestros, para, en su caso, procesárseles penalmente;

2.      Se debe constituir una policía nacional, única, con mando único –este punto lo desarrollaré en otro artículo, pues su definición es harto compleja para abordarse aquí mismo.

3.      Se deben desaparecer las policías municipales y estatales, pues serán reemplazadas por la policía nacional.

4.      Promulgar un código de procedimientos policiacos y militares que cumpla con las garantías individuales y con los protocolos internacionales de trato respetuoso al ciudadano y con penas muy altas en caso de incumplimiento (como la prisión mínima de diez años por la más pequeña falta, como es el caso de los Carabineros en Chile, lo cual explica parte de su éxito).

5.      El código de procedimientos policiacos y militares debe al menos garantizar:

a)      Que nadie, que no haya sido sorprendido in fraganti cometiendo un delito, podrá ser molestado en su persona o en sus propiedades sin la orden expresa de un juez. Con ello, se suprimen los retenes policiacos y militares así como las detenciones y revisiones en patrullajes;

b)      Los policías y militares deberán permitir que cualquier ciudadano los filme y/o fotografíe en cualquier momento, estén o no en servicio. Su calidad de servidores públicos así lo exige;

c)      Todo elemento policiaco y militar deberá actuar inmediatamente ante cualquier hecho delictivo (¡lo ridículo que puede parecer esto por su obviedad!); su retraso u omisión ante un crimen serán tratados como traición y serán castigados con severidad;

d)      Prohibición a las patrullas de activar sus faros, sirenas y timbres si no se encuentran en una persecución –ya que suelen usarlos para intimidar al ciudadano;

e)      Un trato respetuoso hacia al ciudadano ante cualquier situación no delictiva, incluyendo el tono de la voz y la forma de mirar, así como con un uso proporcional de la fuerza ante la comisión de delitos;

f)       La totalidad de garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. Para su cumplimiento debe constituirse una defensoría de derechos humanos independiente y de designación ciudadana. Con ello, la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos quedaría sustituida.

Estos puntos deben ser considerados en la definición de la agenda ciudadana de quienes hoy nos manifestamos en las calles. Debemos protestar a todo pulmón y en todas las formas contra estos crímenes de Estado, sí. Pero con ello no basta. Ello es sólo el punto de partida para restablecer el funcionamiento del Estado mexicano, lo cual se logrará con base en el diseño de una clara y concreta ruta de reconstrucción que se impulse con un muy bien estructurado pliego petitorio –o ruta constituyente, en caso de continuar la actual negativa gubernamental de cumplirle al Pueblo.



[1] Que consagra la garantía individual de que nadie podrá ser molestado en su persona o sus bienes sin una orden expresa de un juez.