1 de abril de 2016

TE INVITAMOS A UNIRTE AL FRENTE REFUNDACIÓN


MÁS MENTIRAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Por: Sergio Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 29 marzo 2016

Desde el inicio de la reforma energética, el precio de la luz ha subido 19 por ciento, el gas ha aumentado 7 por ciento, y la gasolina 3 por ciento.
Si tuviera algo de verdad el discurso oficial sobre los supuestos beneficios de la reforma energética, a estas alturas ya no nos daríamos abasto con tantas ofertas laborales para trabajar en empresas petroleras; llenaríamos el tanque de gasolina de nuestro auto con 80 pesos; los trabajadores del sindicato de petroleros estarían muy contentos con sus nuevas condiciones laborales y hasta nos alegraríamos al ver recibos de la luz.
Si abrimos la página web de la Presidencia de la República, ahí podemos ver una serie de mentiras propagandísticas sobre los beneficios de esta reforma energética. Entre otros supuestos beneficios, la propaganda oficial dice:
“Lo que busca la Reforma Energética es dotar a México de un marco jurídico moderno, para, sin privatizar, fortalecer a la industria petrolera e incrementar la renta petrolera en beneficio de los mexicanos.”
Sin embargo:
  • El marco jurídico de esta reforma no es moderno; se asemeja mucho a la legislación nigeriana de los años 1980’s con la que aún despojan a este país de sus hidrocarburos empresas de los Estados Unidos de América (EUA) y de la Gran Bretaña (GB).
  • Sí se está privatizando nuestra industria petrolera, ¿o qué otra cosa se está haciendo con las licitaciones de la Ronda Uno y la bursatilización-endeudamiento de Petróleos Mexicanos (PEMEX)?
  • Tampoco se ha incrementado la renta petrolera, por el contrario, los ingresos petroleros del gobierno mexicano han caído en 63 por ciento desde que la reforma energética entró en vigor. Si bien la caída de los precios internacionales del petróleo ayudan a entender lo anterior, aún cuando estos precios se recuperen la renta petrolera marginal (ingresos públicos por barril de petróleo equivalente extraído) disminuirá debido al bajísimo nivel de impuestos y regalías que se les cobra a las empresas particulares.
La propaganda oficial también miente al decir que:
Con la Reforma Energética bajará el precio de la luz y también del gas.
El precio de la luz en México ha subido un 19 por ciento desde el inicio de la reforma energética. Entre julio de 2014 (un mes previo a la aprobación final de la reforma energética) y febrero de 2016 (último corte estadístico), el precio de la luz se incrementó en promedio 19 por ciento en las 46 ciudades que son usadas como muestra por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) para la medición de precios en el país.
Llaman particularmente la atención los incrementos del precio de la luz durante este período en lugares como Ciudad Acuña (Coahuila), con un aumento del 63 por ciento; Culiacán (Sinaloa), Hermosillo (Sonora) y Mexicali (Baja California), donde el precio de la luz subió 55 por ciento; Monterrey (Nuevo León), Veracruz (Veracruz), Iguala (Guerrero) y Mérida (Yucatán), donde aumentó 47 por ciento; Villahermosa (Tabasco), Matamoros (Tamaulipas) y Monclova (Coahuila), donde la luz subió 43 por ciento; Acapulco (Guerrero), Chihuahua (Chihuahua) y Colima (Colima), con un incremento de 22 por ciento. Ver Gráfico a continuación:

El precio promedio del gas ha aumentado 7 por ciento desde el inicio de la reforma energética. El precio promedio ponderado del gas LP y del gas natural aumentó casi parejo en toda la República Mexicana, con diferencias mínimas entre las ciudades consideradas dentro de la muestra estadística del INEGI. En julio de 2014, el precio promedio del gas LP en el país era de 7.5 pesos por litro; en febrero de 2016 su precio subió a 8.1 pesos por litro.
A pesar de la caída del 70 por ciento en el precio internacional del petróleo, el precio promedio de las gasolinas Magna y Premium ha aumentado en 3% desde el inicio de la reforma energética. Mientras que en julio de 2014 el precio promedio de las gasolinas Magna y Premium era de 13.21 pesos por litro, su precio ha subido a 13.55.
Esta reforma energética está hundiendo más al país. Si el gobierno mexicano realmente hubiera querido mejorar la calidad de vida de los mexicanos, esta reforma energética nuca hubiera tenido lugar. Todos estos incrementos de precios combinados están causando un daño irreparable al bienestar de las mayorías de este país. Estos incrementos son proporcionalmente más gravosos para las personas de menos recursos. Después de estos aumentos en la luz, el gas y la gasolina, cualquier transferencia de dinero de los programas sociales es irrelevante para compensar el daño patrimonial a los hogares del país.
Luego de todo lo que ha mentido el actual gobierno mexicano, creo que a pocos debe sorprendernos esta serie de mentiras sobre la reforma energética. Es insultante el cinismo de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza, del de la Secretaría de Energía (SENER), Pedro Joaquín Coldwell, del actual y del anterior titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), José Antonio González Anaya y Emilio Lozoya Austin, del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray y Caso, y del propio Enrique Peña Nieto, quienes, además de todos los escándalos de corrupción en los que se han visto involucrados, siguen presumiendo esta reforma energética; su cinismo sólo es comparado con el de todos los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN), del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (PANAL), quienes servilmente aprobaron esta reforma.
Lo he dicho en múltiples ocasiones y no desperdiciaré esta oportunidad para repetirlo: si estos personajes tuvieran un mínimo de sentido del honor, renunciarían.
Twitter @SergioSaldanaZ

16 de marzo de 2016

EL SÍNDROME DE ESTOCOLMO MEXICANO

Hoy México no puede darse el lujo siquiera de debatir si vamos a la izquierda o a la derecha. México necesita antes desmantelar la actual dictadura, refundar al Estado e implementar una República democrática. El error fundamental de la actual resistencia mexicana –término con el que describo a quienes se oponen a la actual dictadura- es que se conforman con divergir y no dan el paso a la ruptura con la dictadura.
El Estado es un conjunto de instituciones que poseen la autoridad para establecer las normas que regulan una sociedad y son soberanas tanto interna como externamente sobre un territorio determinado. Antes del Estado, las sociedades vivían en lo que Thomas Hobbes llamó el estado natural. El estado natural es aquel donde priva la Ley del más fuerte.
En el amplio sentido del término, hoy México carece de Estado: nuevamente está volviendo a privar la Ley del más fuerte en un triste retorno al salvajismo a la vez que la soberanía nacional se ha perdido. Por eso necesitamos volver a fundar el Estado mexicano. Hay quienes, más fundamentalmente, opinan que en realidad nunca se fundó Estado mexicano alguno. Sin embargo, es posible que la República Restaurada (1867-1876) haya sido acaso el único período de la historia de México en que hubo un Estado en toda la extensión del término. No obstante, sería un anacronismo re-restaurar un Estado basado en la forma de gobierno republicano Juarista. En su momento, Juárez consideró conveniente aliarse con los Estados Unidos de América (EUA) para ganar soberanía al alejarnos del recurrente intento de dominación europea; adoptar un federalismo, un bicamarismo y un presidencialismo parecido al de ellos, entre otras características que, más mímicas que adecuadas, al cabo de poco tiempo, demostraron su inadecuación.
La actual forma de gobierno en México es una dictadura presidencialista con enclaves de salvajismo y bajo el dominio de un imperio en decadencia. En su lugar, debemos fundar una República democrática participativa, con estado pleno de derecho, con una soberanía absoluta.
¿Por qué necesitamos fundar una República democrática? Pretender reducir el antagonismo de clases –objetivo de las democracias republicanas–, es, aparentemente, oponerle una fuerza artificial a la humanidad. Ortega y Gasset considera la democracia como el artificio más anti-natural de la civilización ya que, desde una óptica darwiniana de selección natural, la democracia crea mecanismos para impedir que los más fuertes siempre ganen, posibilitando la existencia de los más débiles a pesar de su tendencia natural a perecer. ¿Es entonces la democracia un sistema que desacelera la trayectoria evolutiva de la raza humana –en el camino al superhombre nietzscheano–, en tanto que obliga a ésta a cargar con el lastre de los más débiles? Parece que no.
La selección natural no premia precisamente al individuo más apto de la especie, sino a aquel cuyo comportamiento maximiza las probabilidades de éxito de la especie en su conjunto en el largo plazo. De ello presenta clara evidencia empírica la teoría genética evolutiva contemporánea, señalando que los genes del tipo de individuos que se comportan en beneficio de la especie en su conjunto, tienden a transmitirse más frecuentemente que los de aquellos que se comportan de otros modos.
Desde Pericles hasta nuestros días podemos observar que la instauración de dictaduras y democracias es cíclica. Las sociedades son inequívocamente aristocráticas y tienden a estratificarse de manera natural –lo que hace a las democracias republicanas tan vulnerables. Un simple hueco dejado por los sectores económicamente más débiles jamás lo desperdicia un fuerte. Aún con ello, el riesgo no consiste solamente en que los grupos económicos más poderosos instauren una monarquía, consiste más bien en la poca capacidad de análisis económico y político de largo plazo que tienen esos grupos, tendiendo a acumular la riqueza y de ahí el poder hasta el punto de asfixiar el poder adquisitivo generalizado y la libertad, ampliando la brecha de demanda de la economía y generando mayor polarización, punto de arranque de las grandes depresiones que terminan por golpear a las élites mismas.
La República de la antigua Roma es destituida por la dictadura, pero –para sorpresa de la retórica de Cicerón– logra devenir en imperio gracias a su superioridad tecnológica e institucional relativa a otras sociedades de la época. Similar al de egipcios, aztecas y todo imperio, el financiamiento tanto para las élites del imperio romano como para su pueblo se obtiene de la explotación a los pueblos tributarios. Sin embargo, sociedades sin esa fuente externa de explotación, como México, suelen ser reemplazadas por largas dictaduras sangrientas.
En dictaduras como la mexicana surge un particular conflicto moral al interior de la sociedad: el ciudadano que vive bajo una dictadura suele tener la impresión de estar haciendo algo malo. La interdependencia entre cualquier actividad de esa sociedad y la dictadura le genera al ciudadano una sensación de complicidad. Al mismo tiempo se exculpa porque sabe que está siendo obligado a ello y porque cree que su capacidad de organizar una insurgencia exitosa es muy baja.
Al igual que en la Alemania y la Austria nazis, en donde hasta la enfermera y el empleado de correos eran un engrane de la dictadura nacionalsocialista, de alguna manera en México también todos estamos involucrados con la dictadura: muchos reciben el programa Progresa, una beca del CONACYT, trabajan en alguna dependencia de gobierno, han asistido a escuelas y hospitales públicos, etc.
A la mayoría le es difícil discernir los límites entre la dictadura y sus instituciones; entre el colaboracionismo y la resistencia; entre el pacto con el diablo para minimizar los males y lucha sin tregua en su contra. Tal vez por eso no es poco frecuente observar las aparentes contradicciones de defensores de derechos humanos hartos del régimen abogando por víctimas en oficinas de gobierno; o ver a líderes políticos maldecir por los fraudes electorales que grotescamente les ha cometido el gobierno mexicano y que al mismo tiempo militan en un partido. Parece que a todos les tiembla la mano al intentar derrumbar esta dictadura. Lo piensan, lo comentan, lo fraguan pero no lo consuman. Esa indecisión de los grandes líderes sociales mexicanos actuales también está presente en vastos sectores de la sociedad mexicana ¿Tal vez padecen una especie de síndrome de Estocolmo en el que el secuestrado se enamora de su secuestrador? ¿Es indefensión aprendida? ¿O es cooptación sistemática de sus líderes, que uno a uno sucumbe al canto de las sirenas y cae en el mar del presupuesto gubernamental? ¿Es holgazanería del pueblo y sus líderes? ¿O es simple cobardía?
@SergioSaldanaZ

8 de marzo de 2016

México: peón de los EUA en la actual crisis petrolera

Por: Sergio Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 8 marzo 2016

El gobierno mexicano está siendo utilizado para contribuir a sostener el actual bajo precio internacional del petróleo. Desde 2014, con la aprobación de la reforma energética, los Estados Unidos de América (EUA) han tomado el control de los ritmos de producción y exportación de hidrocarburos en México. Aun cuando México es el noveno productor mundial de petróleo, nuestras reservas de hidrocarburos son el dato importante para influir en la cotización internacional del petróleo, pues modifica expectativas a mediano y largo plazo.

En los hechos, las reservas mundiales de crudo probadas son una incógnita, pues cada país publica el volumen de reservas que quiere que los demás países sepan que posee. Sin embargo, para los EUA las reservas de México han dejado de ser una incógnita. Si visualizamos el mercado mundial de crudo como una mesa de póker donde cada país productor es un jugador que esconde muy bien sus cartas, México aparece mostrando sus cartas a su vecino, otorgándole información que lo colocan por encima de los demás jugadores, información con la que mueve el juego a su entero beneficio.

Mantener un precio bajo del petróleo puede dar mucha popularidad al gobierno de los EUA ante sus ciudadanos, pues es el principal determinante del precio de las gasolinas de un consumidor americano altamente dependiente del uso del automóvil. Por ello, el actual control de los EUA de nuestra política energética es usado, junto con la actual intervención americana en Medio Oriente, para presionar a la baja el precio del petróleo.

El precio del petróleo es quizás el más difícil de analizar para los economistas. Su determinación escapa el simple análisis de oferta y demanda así como del análisis de los ciclos económicos. Su cotización es predominantemente especulativa, internaliza expectativas adaptativas de largo plazo y es altamente sensible a factores políticos globales. Estos tres factores combinados hacen que su determinación sea compleja y su predicción incierta. Aún así, ciertas decisiones políticas del pasado y del presente han logrado empujar su cotización.

La primera crisis del petróleo comenzó el 17 de octubre de 1973. Fue resultado de la decisión de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC, por sus siglas en inglés) de no exportar más petróleo a los países aliados de Israel durante la guerra del Yom Kippur. Esta medida incluía principalmente a los EUA y a sus aliados de Europa Occidental. La segunda crisis del petróleo ocurrió en 1979 debido a los efectos conjugados de la revolución iraní y de la Guerra Irán-Irak. 

El término crisis de petróleo es generalmente usado para describir altos precios y fuerte escasez de crudo del lado de Europa y los EUA. Sin embargo, para los países productores en vías de desarrollo, como México, el actual bajo precio sostenido del petróleo es también una crisis de petróleo. Esta vez, la crisis es alimentada desde Europa y los EUA.

Por simple abducción, tengo la impresión de que existe una sincronización perfecta entre la aprobación final de la reforma energética en México y el inicio del avance del Estado Islámico sobre vastas zonas de Siria tomando el control de grandes campos petroleros. Ambas cosas ocurrieron simultáneamente en el mes de agosto de 2014. A partir de ese mes inicia la estrepitosa caída del precio internacional del petróleo, como puede observarse en el siguiente Gráfico.


Existe abrumadora evidencia del apoyo de los EUA al Estado Islámico. Incluso cuando los EUA declaran que están apoyando rebeldes para que ataquen al Estado Islámico, parece ser que estos supuestos ataques nunca son reales y que más bien se trata del envío de refuerzos para el Estado Islámico (lo cual ha sido señalado por el propio Vladimir Putin). Véase en el Gráfico la interrupción de la recuperación del precio del petróleo de mayo de 2015, mes en que los EUA inician el apoyo a los supuestos rebeldes sirios.

Es también un dato de conocimiento público mundial el hecho de que el Estado Islámico ha tomado el control de la producción petrolera en las zonas que ocupa, contribuyendo así a inundar aún más el mercado mundial con una sobreoferta petrolera.

Así pues, tanto la apropiación de la política energética mexicana como la disposición de buena parte del crudo sirio por parte de los EUA son factores que nos ayudan a entender el porqué de esta crisis petrolera, principalmente inducida.

La trampa para la economía mexicana es perfecta y ya ha caído en ella: al desplomarse los ingresos públicos petroleros, el gobierno mexicano está teniendo que compensar recurriendo al actual dramático aumento de la deuda pública (tanto externa como, principalmente, interna). 

Sólo un cambio radical de gobierno en México que construya nuevas alianzas geopolíticas podría sacarnos de esta trampa.

@SergioSaldanaZ

5 de marzo de 2016

EL DESMANTELAMIENTO DE PEMEX

Sergio O. Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 23 febrero 2016

México carece de una política de Estado. Una política de Estado es un conjunto de normas generales avaladas por el más alto nivel de conducción política del Estado como resultado de un amplio consenso social del país para que el Estado realice sus fines superiores con un horizonte estable y permanente en el tiempo. En lugar de ello, el destino del país hoy está a merced de un grupo de políticos desprestigiados que firmaron el Pacto por México, así como de un mediocre Plan Nacional de Desarrollo.

El Pacto por México de 2012 fue tan sólo un acuerdo sexenal de simulación democrática para repartirse el presupuesto público entre las cúpulas de tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD); mientras que el Plan Nacional de Desarrollo es un listado de ocurrencias cortoplacistas de un grupo de improvisadores.

En consecuencia, hoy México carece de: i) un consenso social real; ii) congruencia entre los fines del Estado mexicano y las acciones de gobierno; iii) una articulación de políticas públicas de largo alcance, y; iv) altura de miras en el ejercicio del poder público.

Como en toda la administración pública mexicana, en materia energética también vamos a la deriva. La economía mexicana ha entrado en una crisis y, de continuar el actual bajo nivel de aprovechamiento gubernamental de los hidrocarburos propiedad de la nación, esta crisis se profundizará.

La producción petrolera del país se ha ido reduciendo drásticamente durante los últimos tres años y la recientemente aprobada Reforma Energética carece de elementos que nos permitan suponer recuperación alguna. En términos fiscales la situación no es mejor, pues los actuales esquemas contractuales para la asignación a particulares de bloques de exploración y producción de hidrocarburos no son los adecuados para la maximización de la renta petrolera por parte del Estado mexicano.

Es de una irresponsabilidad imperdonable que al día de hoy ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ni la Secretaría de Energía (SENER), ni Petróleos Mexicanos (Pemex) han publicado estudio serio alguno que nos permita tener la certeza de que la Ronda Cero era económicamente óptima para Pemex dadas sus capacidades tecnológicas, financieras y de capital humano.

De lo que sí podemos estar seguros, en cambio, es que las regalías, impuestos y beneficios fiscales estipulados en los contratos de asignación a empresas particulares en la Ronda Uno de licitaciones son adversos al Estado mexicano. Lo anterior puede corroborarse con tal sólo hacer un comparativo internacional de las condiciones fiscales con que otros países concesionan la explotación de sus hidrocarburos. Así pues, existe una notable inviabilidad económica del actual esquema de asignaciones a particulares y de los niveles de inversión que está asumiendo Pemex.

La Ronda Uno está siendo un total fracaso para los ingresos públicos de México en tanto que se están asignando contratos a particulares en condiciones muy desventajosas para el fisco mexicano. Los funcionarios públicos encargados de este proceso de asignaciones están conscientes de lo anterior.
La aparente desesperación del Gobierno mexicano por los bajos precios del petróleo está sirviendo de justificación para el malbaratamiento de las asignaciones a particulares: cortina de humo engañabobos que esconde formidables negocios de funcionarios públicos y sus socios.
Así pues, a las autoridades mexicanas en materia energética les planteo las siguientes preguntas de planeación:
  • ¿Cuál debe ser el ritmo adecuado de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos en México por parte de Pemex, de empresas particulares y de farmouts dados la volatilidad de los precios internacionales, el debate ambiental entre el uso de combustibles fósiles y energías renovables y el contexto geopolítico del mercado mundial de hidrocarburos?
  • ¿Cuándo deben lanzarse convocatorias para asignaciones a empresas particulares de bloques de hidrocarburos versus cuándo esperar?
  • ¿Cuándo debe exportarse más crudo y gas natural?
  • ¿Cuántos hidrocarburos debe exportar México y cuánto destinar a apoyar el despegue de la industria nacional?
  • ¿Cuántos hidrocarburos debe México retener estratégicamente para usarse en el futuro?
  • ¿Cuál es la programación financiera de corto y de largo plazo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo?
  • ¿Cuál debe ser la política de Estado en materia de aprovechamiento de hidrocarburos en México tal que nos permita aprovecharla óptimamente para financiar el desarrollo socioeconómico nacional con equidad?
No van a contestar a una sola de estas preguntas. No tienen interés y lo más probable es que tampoco tengan idea al respecto. No van a contestar porque percibo en ellos un total desprecio a la opinión pública y a la voluntad popular. No van a contestar por su absoluta ausencia de valores nacionalistas. No van a contestar porque tienen prisa en desmantelar Pemex hasta rematar sus instalaciones como fierros viejos.

@SergioSaldanaZ

LA TRADICIÓN ANTIDEMOCRÁTICA MEXICANA

Sergio O. Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 16 febrero 2016

Es difícil saber hacia dónde exactamente se dirige el país. Lo que, en cambio, no es tan difícil de saber es que hoy México no va hacia la construcción de una verdadera democracia, y nuestros actuales órganos electorales no nos están ayudando en nada a construirla.

En México existe una tradición antidemocrática. El suelo que hoy da forma a la República Mexicana nunca ha sido democrático. No lo era en tiempos de las civilizaciones precolombinas. Aunque estas, unas más que otras, destacaban en las ciencias, las artes y en su organización social, estaban erigidas sobre un orden jerárquico y autoritario. Ello ayuda a comprender por qué la Conquista fue relativamente sencilla para la corona española. El hábito al orden jerárquico de los pobladores de estas regiones muy probablemente haya facilitado la adopción de un nuevo orden. Ambos bloques de culturas tenían en común el hábito a los órdenes jerárquicos, autoritarios: del Huey Tlatoani y del rey; de la clase sacerdotal y de la Iglesia católica; de la penitencia y de la ofrenda.

Al cabo del siglo XVII, ambas tradiciones jerárquicas se habían prácticamente acoplado. España integró a criollos y, en menor medida, mestizos a la vida española, concediéndoles un trato jurídico y económico de iguales respecto de los habitantes de los reinos de España; a los indígenas, por su parte, los asimiló por medio de la evangelización y la encomienda.

Ahora bien, el Siglo XIX, desde la independencia hasta el Porfiriato, está dominado de un empuje popular cuya agenda contempla la igualdad, la libertad y la democracia. Sin embargo, ese empuje popular no logra la organización de la sociedad desde sus bases. Si bien el inicio de los movimientos armados del Siglo XIX está protagonizado por una pluralidad de clases, las clases populares quedaron fuera de los respectivos acuerdos de paz: igual los que se reunieron la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con un estandarte de la Guadalupana; los que marcharon con Morelos al sacrificio; o hasta los indígenas que durante el mandato de Santa Ana incluso llegaron a levantarse defendiendo posturas conservadoras. Lo que al final lograron esos movimientos fue un reacomodo entre élites. Así, la implementación de la democracia y la integración de los grupos marginados al poder siguieron posponiéndose.

Durante el Porfiriato, la apuesta de Porfirio Díaz y sus científicos era clara y entendible: el progreso como condición a la democratización; creía que primero se tenía que realizar una acumulación de capital considerable antes de empezar a redistribuir y sólo después iba a ser posible educar al Pueblo a fin de que la democracia cobrara sentido. El positivismo de la época, la teoría económica clásica y el materialismo dialéctico son interpretaciones complementarias de esa postura. Visto desde el paradigma económico predominante de la época (Marshall, Pigou, etc), el desarrollo económico no puede basarse en la atomización de la propiedad rural ni en la simple producción de materias primas, sino en la concentración de los medios de producción en manos innovadoras.

Así, tierra, trabajo y capital debían alcanzar grandes escalas. Fallidamente, en el Porfiriato ello devino en latifundismo, esclavitud y usura, respectivamente. En su inicio, la apuesta de Díaz tenía no sólo una perfecta lógica, sino probablemente también buenas intenciones. Sin embargo, la propiedad de los medios de producción fue tomada ya sea por hacendados (en uso de su tradición jerárquica), o de anglosajones (abiertamente respaldados por sus potencias). Por ello, Porfirio Díaz poco podía extraerles de solidaridad social hacia el país y la democratización era un proyecto que cada día se posponía más y más.

 Ese tránsito que nunca ocurrió hizo que su proyecto modernizador no sólo se estancara, sino que abortara por completo: tuvo que conformarse con la simple producción de materias primas y administrar la concentración extrema de la riqueza. Esa trenzada estructura de élites del Porfiriato fue principalmente la que le impidió al Estado recaudar los impuestos suficientes para emprender una cruzada educativa y demás mecanismos que cerraran la brecha social. La falta de educación del pueblo mexicano era lo que, en el fondo, motivó a Díaz a considerar que México nunca estuvo listo para la democracia.

La Revolución Mexicana fue protagonizada por el pueblo. Sin embargo, sus líderes fueron asesinados, quedando el país nuevamente en manos de una élite que tampoco quiso la democratización. El gran triunfador de la Revolución Mexicana fue Álvaro Obregón, quien no representaba ideales populares ni mucho menos democratizadores. Así, los gobiernos posteriores a la revolución de 1910, y a pesar de la cruzada vasconcelista, tampoco lograron alcanzar la democracia.

Luego de la Revolución Mexicana, en los pocos enclaves del país en donde la educación logró exitosos resultados a más amplios sectores del pueblo, surgieron demandas democratizadoras genuinas. Gracias a esa difusión educativa, entendieron los procesos revolucionarios del pasado como los escalones hacia la desconcentración del poder y el ascenso más generalizado del pueblo al poder. Ahí, sin embargo, el Estado cooptó o reprimió.

En momentos de la historia como en 1958 con el movimiento ferrocarrilero, en 1968 con el movimiento estudiantil, en 1971 con el movimiento periodista, en 1988 con el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), hemos observado la lucha de un notable sector del pueblo que creyó en la democracia. Similar a la frustración que la contraorden genera en cualquier adiestramiento, una resentida decepción se incubó en los miembros de todos esos movimientos, la cual después se convirtió en pesimismo. Desde los años noventa, quienes demandaban democracia en México más bien ya han bajado los brazos –o se han asimilado dentro de partidos políticos que, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy ya sólo sirven de comparsa al gobierno para impedir la democratización del país y montar una farsa democrática ante el Pueblo mexicano y el mundo.

Tomar conciencia de que en México nunca ha habido una democracia real no debe incubar en nosotros el sentimiento fatalista de impotencia para cambiar nuestro destino; estar conscientes de ello debe, en cambio, empujarnos a la pronta construcción de nuestra democracia. Tal vez desde los años noventa, México ha carecido de rectores intelectuales de la democracia (a quienes no debemos confundir con los técnicos que diseñaron el Instituto Federal Electoral, IFE, y demás artefactos institucionales que sólo dan forma y nunca han dado fondo a la democratización).

La democratización de un pueblo no consiste, como ya hemos vivido en este país, en el asignar presupuestos millonarios y una estructura ridículamente aparatosa como la que hoy tienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales. La democratización consiste en la presión incesante que la sociedad civil debe hacer hoy para derrumbar al actual aparato electoral y reemplazarlo por órganos electorales ciudadanos, austeros e independientes; independientes del gobierno, de partidos políticos, de empresas, de gobiernos extranjeros y de cualquier otra fuerza.

Necesitamos órganos electorales que tengan la independencia y el valor para anular elecciones, cancelar registros de partidos y descalificar candidatos ante pruebas de actos de corrupción, compra y coacción del voto, campañas anticipadas, financiamientos ligados al crimen organizado y al desvío de dinero público (robo) de los gobernadores de los estados y demás crímenes a la voluntad popular. Los órganos electorales actuales son incapaces de actuar en favor de la democratización del país; hoy actúan bajo órdenes del gobierno y de sus acuerdos con los partidos, para consumar así, una y otra vez, el aborto democrático. Estemos claros: los actuales órganos electorales mexicanos tienen secuestrada la democracia y debemos reemplazarlos.

@SergioSaldanaZ

La invalidez del matrimonio Peña-Rivera

Sergio O. Saldaña Zorrilla. Sin Embargo, 9 de febrero de 2016

En su ya cercana visita a México, el Papa Francisco tendrá que tomar decisiones cruciales. Tendrá que decidir entre los intereses del Vaticano y los de Peña Nieto. Una reciente investigación de la revista Proceso y Aristegui Noticias documentó los atropellos que cometió la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, para intentar cancelar la validez del matrimonio por la iglesia contraído entre Angélica Rivera y José Alberto Castro en 2004. Ello con la intención de posibilitar que Angélica Rivera se casara por la iglesia con Enrique Peña Nieto en 2010, lo cual finalmente ocurrió. Sin embargo, jamás se logró cancelar la validez de dicho matrimonio.
En su lugar, el Tribunal de la Arquidiócesis de México canceló una misa que hizo pasar falsamente por el matrimonio en comento. Se trata de una misa celebrada en fecha posterior al matrimonio entre Angélica Rivera y José Alberto Castro para renovar los votos matrimoniales en una playa de Acapulco, la cual fue oficiada por el Padre José Luis Salinas Aranda.

Con la intención de desviar la atención del verdadero matrimonio, el Padre Salinas Aranda fue falsamente acusado y luego injustamente condenado por el Tribunal de la Arquidiócesis de México por supuestamente casar a Angélica Rivera con José Alberto Castro sin tener licencias ministeriales para casar. Como pena, el Padre Salinas Aranda fue expulsado de la Arquidiócesis de México. No obstante, el Padre Salinas Aranda apeló con éxito ante el Vaticano, el cual ordenó la restitución de todos sus derechos, a lo cual la Arquidiócesis Primada de México hizo caso omiso.

Todo este proceso tuvo lugar mientras el Padre Salinas Aranda enfrentaba una lucha contra el cáncer, enfermedad por la que finalmente falleció en 2015. Así, la iglesia anunció falsamente la cancelación de la validez del primer matrimonio de Angélica Rivera para contraer –aquí sí inválidamente- matrimonio con Enrique Peña Nieto. Esto me conduce a pronunciar los siguientes cuestionamientos:
  1. ¿Cuál fue la obsesión de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto que llevaron a movilizar a la más alta jerarquía de la iglesia católica mexicana al punto de falsear hechos y a calumniar hasta su muerte al propio Padre Salinas Aranda?
  2. ¿Creen Enrique Peña y Angélica Rivera que el Pueblo de México es tan católico como para no aceptar a un candidato a Presidente que no esté casado por la Iglesia católica?
  3. ¿Por qué la necedad de construir a toda costa “la boda del año” pagando una multimillonaria propaganda encubierta con, principalmente, Televisa?
  4. ¿Qué recibió a cambio el Cardenal Norberto Rivera por parte de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera para presionar el montaje de una justicia simulada para cancelar la validez de dicho matrimonio, aún a costa de cometer toda clase de injusticias y violaciones al propio derecho canónico?
  5. ¿Cuánta maldad existe dentro de Enrique Peña, Angélica Rivera y del Cardenal Norberto Rivera como para calumniar al Padre José Luis Salinas Aranda aún cuando era por todos sabido lo avanzado de su cáncer?
  6. ¿Qué tanto contribuyeron a agravar el cáncer del Padre Salinas Aranda los incesantes ataques difamatorios lanzados por el Cardenal Norberto Rivera Carrera en su contra?
  7. ¿Qué tanto son responsables Enrique Peña, Angélica Rivero y Norberto Rivera Carrera por la muerte del Padre Salinas Aranda?
  8. ¿Cuál es la responsabilidad del Papa Francisco por haberse mantenido omiso, callado, ante los injustos ataques proferidos en contra del Padre Salinas Aranda?
  9. ¿Le conviene al Papa Francisco sostener al Cardenal Norberto Rivera Carrera al frente de la iglesia católica en México a pesar del desprestigio de este siniestro personaje en México? De ser así, el Cardenal Norberto Rivera debe representarle al Vaticano una enorme fuente de ingresos, proveniente, sospecho yo, del actual Gobierno federal mexicano (cuando menos). De otra forma, no veo por qué lo sostienen.
  10. ¿Qué negocio es más rentable para el Vaticano: alinearse con Peña Nieto (con los beneficios económicos que ello implique) o limpiar la injustamente pisoteada honra del padre Salinas Aranda (impidiendo así la eventual caída de ingresos por diezmos de los católicos que se sientan agraviados ante este escándalo)?
  11. ¿Qué clase de religión es aquella que da la espalda incluso a su propia curia?
  12. ¿Qué autoridad moral le quedará al Papa y a su Iglesia si se niega a intervenir por las víctimas de la impunidad en México, incluyendo no sólo el caso del Padre Salinas Aranda sino también de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de las víctimas de curas pederastas?
Aquí mis conclusiones:
  1. Dado que nunca se anuló ni se canceló la validez del matrimonio por la iglesia entre Angélica Rivera y José Alberto Castro, ante la Iglesia Católica ellos siguen casados.
  2. El matrimonio por la Iglesia Católica entre Angélica Rivera y Enrique Peña es inválido.
  3. Existe un total desacato por parte de la Arquidiócesis Primada de México y su Tribual respecto del Vaticano. El Tribunal de la Suprema Signatura Apostólica del Vaticano, al no encontrar elementos en contra del Padre Salinas Aranda, pidió la inmediata restitución del Padre a su ministerio. Sin embargo, esto nunca se realizó.
  4. El Cardenal Norberto Rivera Carrera debe irse y rendir cuentas ante los tribunales canónicos correspondientes.
  5. De no haber consecuencias drásticas por esta serie de atropellos, la Iglesia Católica le estará ratificando al mundo entero que la alta jerarquía de la Iglesia Católica sigue siendo la misma de la Edad Media: al servicio del poder en turno, dispuesta a cometer todo tipo de injusticas, indolente con el pueblo e incluso indiferentes al dolor de sus propios sacerdotes.
@SergioSaldanaZ

2 de febrero de 2016

LA COMPLICIDAD DE LA SHCP CON EL CRIMEN ORGANIZADO

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al no investigar, se ha convertido en parte de la red de cómplices del crimen organizado que desde hace años está haciendo pedazos al país. Las omisiones de la SHCP encubren al crimen organizado porque, disponiendo de todos los recursos humanos y financieros necesarios, no genera los elementos de prueba para identificar a los responsables del abrumador lavado de dinero de narcotraficantes, políticos, empresarios, funcionarios públicos así como de mandos medios y altos del ejército y policías en el país (el lavado de dinero no se limita al narcotráfico; también abarca las rutas de salida de dinero proveniente del desvío de recursos públicos robados por funcionarios públicos, gobernantes, legisladores y empresarios). En política no existen las casualidades; estas omisiones tienen lugar por órdenes expresas.
No es casualidad que la SHCP no elabore matrices de consistencia entre los ingresos y los gastos de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, así como de los demás miembros del gabinete y sus respectivas familias, aun cuando existe abrumadora evidencia pública que sugiere el enriquecimiento inexplicable e ilegal de estos sujetos.
Tampoco es casualidad que ahora que recapturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán no le han incautado una sola propiedad, no le han decomisado una sola tonelada de drogas, no le han intervenido una sola cuenta bancaria: ni a él, ni a alguien de su familia, allegados, empresarios, políticos, funcionarios, militares, policías y demás cómplices que conforman su red de operadores.
El encubrimiento de la SHCP a los delincuentes de este país alcanzó un nivel superior de descaro ahora que recientemente detuvieron al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira en España. El gobierno español, aún con la precariedad que la distancia y la otredad implican para conducir una investigación como ésta, sí pudieron (y quisieron, al menos al inicio) integrar elementos financieros de prueba para someterlo a un proceso judicial por lavado de dinero, lo cual la SHCP nunca tuvo siquiera en sus planes hacer.
Además, tanto la SHCP como los órganos electorales mexicanos correspondientes fueron –y son aún- omisos respecto de las abrumadoras pruebas del ilegal apoyo financiero de, entre otros gobernadores en su momento- Humberto Moreira a la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo anterior se replica en la totalidad de campañas electorales de al menos los últimos quince años.
La complicidad de la SHCP y el resto de la administración pública federal rebasó todos los umbrales del cinismo en la campaña electoral de 2012, donde existe abrumadora evidencia de toda clase de desvío de recursos públicos (Moreira, Murat, Herrera, Sabines, etc.) y privados ilícitos (Soriana, Monex, el Chapo, etc.) hacia las campañas, incluyendo a la empresa española OHL, que hoy además se beneficia de multimillonarios contratos gubernamentales y negociaciones con funcionarios para estafarnos doblemente a los usuarios de autopistas.
Para sostener intactas las redes del crimen organizado en México, la SHCP se coordina cínicamente con los tres poderes de la unión en sus tres niveles de gobierno. Sin la coordinación entre todas sus instituciones, esta complicidad no sería posible. Existe entre los titulares de todas estas instituciones una especie de código de no rajar, como en la mafia, para encubrir a criminales y a sus socios empresarios, políticos y funcionarios públicos. Las dependencias clave para esta coordinación financiera son:
i) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo mandato incluye el encabezar las labores de inteligencia financiera del gobierno, pero que a juzgar por sus resultados más bien me parece que se dedican a borrar pruebas de lavado de dinero (así como a ser omisos en la prevención de fraudes financieros a ahorradores, como el reciente caso FICREA);
ii) La Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por un mamarracho colaborador de Peña, impresentable de pies a cabeza;
iii) La Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por la hermana de un vicepresidente de Televisa y bajo cuya batuta en nada ha mejorado la procuración de justicia desde que reveló al tristemente célebre autor del “ya me cansé”;
iv) Los Tribunales correspondientes del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyos jueces se dedican a mirar para arriba cuando deberían girar órdenes masivas para detener sospechosos –y si se sienten intimidados por los criminales, como suelen justificarse, pues que mejor renuncien y se dediquen a otra cosa (pero son tan miserables que, conscientemente, optan por seguir dañando al país);
v) La Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP), cuyo titular lleva décadas con acceso a información privilegiada: él debe saber perfectamente quienes lavan dinero en este país, pero esa información, a juzgar por los hechos, la usa sólo para seguir protegiéndolos;
vi) El Poder Legislativo, que aun cuando algún legislador llegue a expresar en tribuna su inquietud por actuar al respecto, en los hechos la mayoría de diputados y senadores empantanan la consumación de una sola acción real para actuar al respecto, limitándose a simular preocupación por medio de la creación de supuestas comisiones para analizar equis o ye escándalo de corrupción: grotescas farsas todas estas comisiones.
La solución
Si el actual gobierno mexicano fue puesto en el poder por actos de corrupción y se sostiene ahora gracias a esta red de complicidades, es por demás ridículo esperar que este mismo gobierno mueva un dedo contra la corrupción y el crimen organizado. Tampoco a un gobierno extranjero le interesa hacernos justicia, pues los países que podrían intervenir actualmente se benefician de esta corrupción general para hacer formidables negocios con México. Algo similar sucede con los organismos internacionales, los cuales se financian con las cuotas pagadas por sus estados miembro, como México, por lo que no se arriesgan a tomar la iniciativa para exigir justicia; Sin embargo, la credibilidad mundial de estos organismos quedaría por los suelos si no hicieran caso a una petición de un amplio sector de la población de un Estado miembro, lo cual nos abre una oportunidad de justicia.
La única ruta viable para hacer justicia en actos de corrupción en México es que la sociedad civil organizada tome la iniciativa de exigir procesos judiciales ante la ONU. Esto demanda analizar detalladamente los elementos de éxito de los casos de Guatemala e Italia: de Guatemala para forzar la instalación de una comisión especial de la ONU para investigar y con facultades para co-juzgar; de Italia para abrir Maxiprocesos.
Un Maxiproceso (en italiano: Maxiprocesso) es un término que proviene de un proceso penal que inició en Palermo (Sicilia), Italia, a mediados de los años 1980, para poner fin al entonces insostenible contexto político de corrupción, asesinatos, extorsión y financiamiento ilegal de los partidos políticos. Por este proceso fueron declarados culpables cientos de acusados por una multitud de delitos del crimen organizado, acusaciones basadas principalmente en el testimonio de informantes clave.
El éxito de estos juicios se debió a una serie de negociaciones en la que muchos inculpados testificaron en contra de sus antiguos socios a cambio de atenuar sus condenas. Este proceso provocó un notable descenso en el tráfico de drogas y una fractura financiera a toda la estructura del crimen organizado en Italia. Este maxiproceso y su secuela, el Proceso Manos Limpias (Mani pulite, en italiano), llevó ante la justicia incluso a conocidos empresarios, ministros en activo, así como a tantos diputados y senadores que en ocasiones el Congreso llegó incluso a carecer de quórum para sesionar. Es por ahí.
Twitter @SergioSaldanaZ

13 de enero de 2016

YA PERDIERON EL PODER

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 12 de enero de 2016)

Hay fuertes indicios de que compraron la Presidencia de la República con dinero robado al Pueblo por sus gobernadores y probablemente también con dinero de organizaciones criminales. Hay fuertes indicios de que con el dinero de todos los mexicanos después compraron al Partido Acción Nacional (PAN) para entregar el petróleo de la Nación a extranjeros a cambio de más sobornos.

Hay fuertes indicios de que recibieron mansiones como propinas a sus adjudicaciones amañadas de obra. Luego encarcelaron a gente de campo sólo por defenderse de criminales. Hay fuertes indicios de que mandaron al Ejército a darnos el mensaje a todos los mexicanos de que no debemos cuestionarlos: por medio de un cobarde “castigo ejemplar” a los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y hay fuertes indicios de que quieren hacer más, porque parece que lo quieren todo… pero la sociedad mexicana ya les contestó.

Les contestó que los queremos fuera porque hoy, aunque quieran, ya no tienen el respeto de nadie en este país; aunque quieran ya no engañan a nadie con que están investigando; aunque no quieran, nadie les cree que la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera haya sido real –la vox populi sospecha que fue una captura pactada; aunque quieran ni sus subordinados les aplauden y hasta los critican por redes sociales; aunque quieran ni los empresarios de este país confían en ellos; aunque quieran no hay periódico ni revista prestigiosa en el mundo que quiera darles una buena nota.

Aunque quieran no hay organización internacional seria que se atreva a elogiarlos; aunque quieran ya no pueden desmantelar a los cárteles de la droga porque hay fuertes indicios de que en sus mandos policiacos y militares tienen repartidas cuotas al crimen; aunque no quieran ya perdieron la poca legitimidad que los sostenía; aunque no quieran, sus mandos militares y policiacos son reiteradamente acusados de ser déspotas violadores de derechos de sus subordinados pero sumisos cual corderito con los narcos, lo que les ha merecido el odio de su tropa.

Aunque no quieran, el Presidente, su gabinete, sus legisladores, sus gobernadores, sus generales, sus mujeres, sus ministros, sus dueños de medios, sus magistrados, sus jueces, su farándula, sus consejeros y toda su corte de aduladores, ya perdieron el poder.

Ya perdieron el poder porque aunque quieren muchas cosas no las pueden tener; esa es la esencia misma de la ausencia de poder. Ya perdieron el poder porque ya no pueden hacer Justicia ni disponiendo de todo el dinero del erario. Ya perdieron el poder porque, ni con todas las armas de su Ejército, no pueden cambiar el pasado reciente que los hace imperdonables. Ya perdieron el poder porque no pueden, ni con toda la publicidad que pagan, quitarle de la mente a su Pueblo de que mienten.

Ya perdieron el poder porque no pueden ni convencer a sus propios diplomáticos para que salgan a convencer al mundo de que este gobierno es digno de respeto. Ya perdieron el poder porque, siguiendo a Rousseau, el poder público que ejerce el Estado se sostiene de un intangible acto de confianza colectiva depositado en un determinado grupo de personas… y hoy esa confianza está rota.

EL SENADO DEBE DESAPARECER

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 5 de enero de 2016)

El Senado de la República en México debe disolverse y erradicarse. Debe disolverse por el actuar de sus miembros y erradicarse por su falta de pertinencia institucional en México. El Senado mexicano es una institución que hoy sirve a una patria extranjera, que no emana del mandato popular y que duplica funciones con la Cámara de Diputados.

Sirve a una patria extranjera en tanto que legisla para fortalecer los intereses de los Estados Unidos de América en México, como quedó evidenciado con la recientemente aprobada Reforma Energética. No emana del mandato popular en tanto que las últimas dos elecciones federales estuvieron dominadas por el fraude: así, cada cosa aprobada por el Senado es fraudulenta porque sus miembros fueron elegidos por fraude. Los senadores impuestos para las últimas dos legislaturas (2006-2012 y 2012-2018), casi en su totalidad, sólo representan a los titulares del poder Ejecutivo federal y locales (presidente y gobernadores) así como a las dos grandes televisoras; en donde la supuesta oposición es una oposición a modo, calculada para simular un debate que cree en el ciudadano la falsa sensación de que su voz es llevada a tribuna. El Senado mexicano, además, duplica funciones con Diputados en tanto que ambas cámaras discuten lo mismo y votan en la misma dirección –no actúa como cámara revisora de nada y ni en materia de relaciones exteriores tiene autonomía de decisión, pues está totalmente dirigida por el poder ejecutivo (y éste a su vez por una nación extranjera).

Mi postura de disolver el Senado surge de la convicción de que si queremos hacer de México una civilización (hoy no lo es), debemos antes romper con la deferencia hacia ciertas instituciones creada por el hábito. En el párrafo anterior cuestioné el actuar de la actual y la anterior legislatura; a partir de aquí cuestiono la pertinencia misma de que México tenga un Senado.

El Senado es en esencia una institución conservadora: su función es conservar el –bueno o malo- antiguo estado paterno, de donde procede la palabra “patriota” (de ahí que el lema del Senado mexicano sea “La patria es primero”). La patria no es más que un orden establecido en torno a un patriarca. Un patriarca es el padre moral de un grupo de individuos. El origen del Senado nos remonta a la antigua Roma, cuyo Senado surge con la fundación misma de su República en el 509 a.C., la cual se basa en la unión de los patriarcas de las distintas tribus de la región central de la península itálica.

La fuente original de autoridad de cada Senador debe ser sus atributos morales y sabiduría demostrados en la conducción de los destinos de su grupo social en una región determinada. Así, la unión de patrias tiene lugar por medio de los acuerdos entre sus respectivos patriarcas, lo que facilita la construcción de una patria ampliada usualmente llamada federación; la federación implica el establecimiento de un sistema capaz de distribuir equitativamente las decisiones y beneficios de la unión, por lo que el Senado debe cumplir con la función de proporcionar los equilibrios regionales de esa unión.

El gran riesgo de disponer de un Senado consiste, sin embargo, en la probabilidad de que sus miembros carezcan de atributos morales y que sus miembros no sean patriarcas bondadosos sino individuos de intereses mezquinos, sin liderazgo y designados por grupos ajenos a los pueblos que debieran representar; en cuyo caso, la unión de semejantes individuos no conforma un Senado sino una Tiranía, como es el caso mexicano actual.

En México no tenemos Senado, en su lugar tenemos un simple espacio para el acomodo de políticos. Una característica fundamental de cualquier República consiste en el criterio de que las instituciones no son mandamientos divinos sino productos del hombre; no son naturales sino convencionales (esto es, producto del acuerdo de sus miembros).

Si bien la Constitución de Apatzingán de 1814 esboza la creación del Senado mexicano, su verdadero diseño data de la Constitución de 1824. Sin embargo, su diseño es desde entonces artificioso, pues no se basa en la representación de las patrias que constituían a la joven nación mexicana, sino en un mapa colonial de provincias para la explotación de los recursos naturales –lo cual era, y es, sumamente conveniente para unos cuantos.

México no es el Reino Unido como para presumir que debemos dar representatividad a los descendientes de los señores feudales por medio de una Cámara Alta; tampoco es Roma ni Esparta, donde había que dar asiento protagonista a los grandes patriarcas tribales; tampoco somos los Estados Unidos de América, donde cada colonia aspiraba a mantener una soberanía relativa. México viene de ser una colonia unitaria, donde el poder de la mayoría de las tribus originales fue disuelto, reestructurado en un orden colonial de explotación de recursos naturales subsidiario de la metrópoli.

México no necesita fortalecer la representación de esas concesiones de explotación postcolonial, México necesita fortalecer su poder popular. Por ello el Senado es una institución totalmente opuesta a las necesidades del país. Por ello, el Senado debe desaparecer.

25 de diciembre de 2015

TREGUA POR NAVIDAD

Esta noche siento un México exhausto, que ha decidido hacer una tregua por esta navidad. Siento un México harto de otro año más de ofensas por parte de un gobierno corrompido; Siento un México indignado y, aunque muy herido, en pié de guerra. También siento esta noche un México que necesita un respiro, reconfortarse aunque sea sólo por esta noche. No, no les pido la reconciliación ni el perdón. Por el contrario, les pido recobrar fuerzas para retornar con más contundencia.

Sí, a veces se necesita una tregua; hasta los ejércitos de la Segunda Guerra Mundial pararon un instante en esta fecha. Para algunos esta guerra comenzó el 26 de septiembre de 2014; para otros el 1 de diciembre de 2012; para otros el 6 de julio de 2006; para otros el 1 de enero de 1994; y para otros, como yo, nunca ha habido paz. Como sea, estamos en guerra.

Esta nochebuena me uno a la tregua; pero no para bajar la guardia, sino para retomar aliento y reorganizar la estrategia porque el enemigo sigue ahí.

A todos sólo quiero pedirles una cosa: mantengamos la fé. La fé lo puede todo y el poder de Dios es infinito. Esta noche yo le pido con todas mis fuerzas a Dios que nos ayude a liberarnos de esta casta de criminales que hoy gobiernan México.

Les pido a todos que en el seno de sus hogares hagan una plegaria a Dios y a su hijo, Jesucristo, nacido en esta fecha, para pedirles que nos ayuden a lograr que se vayan todos los que mantienen a nuestra Patria en esta tortuosa noche y que por fin amanezca.

Sergio O. Saldaña Zorrilla
‪#‎FrenteRefundacion‬
24 de diciembre de 2015

8 de diciembre de 2015

CORREDOR CULTURAL CHAPULTEPEC Y COMERCIO AMBULANTE

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla
(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 8 diciembre 2015)

El pasado domingo 6 de diciembre se llevó a cabo la consulta ciudadana sobre el proyecto del Gobierno de la Ciudad de México “Corredor Cultural Chapultepec”. Ganó claramente el “no” al proyecto, con un 63 por ciento del total de los votos. La esencia del rechazo al proyecto consiste en la incertidumbre colectiva sobre la potencial entrega de un bien público a un grupo de empresarios; en este caso, la entrega del espacio público de Av. Chapultepec.

Este corredor implica la construcción de un complejo de locales comerciales con dinero público y en espacios públicos para el lucro de particulares.
Por su parte, esta obra posee múltiples impactos urbanísticos negativos: i) Aumentaría el caos vial de esta zona tan céntrica de la ciudad al sobrecargarla de comercios adicionales. Las actuales vías públicas ya son de por sí insuficientes, por lo que un aumento de la densidad comercial en la zona aumentaría dramáticamente el tránsito vehicular; ii) Si el espacio público en la Ciudad de México ya de por sí es muy escaso, esta obra destinaría sumas multimillonarias de dinero público para espacios privados. A la ciudad le urge disponer de áreas verdes recreativas; y si se ha de construir infraestructura, que esta sea para aumentar la eficiencia urbanística y el bienestar público; iii) El valor de esta megaobra debe contabilizar no sólo la sumatoria de sus costos de construcción, sino además debe sumársele el sobreprecio de mercado del metro cuadrado por estar tan bien ubicado. El precio del metro cuadrado en esta zona es alto, por lo que invertir un millón de pesos en ladrillos en esta zona tiene un retorno de la inversión muy alto comparado con invertir el mismo millón de pesos en una zona promedio de la ciudad: por eso, esta megaobra significaría un gigantesco regalo de nuestros recursos para un grupo de privilegiados; iv) Esta megaobra carece de valor estético y funcionalidad urbana, de acuerdo a las abrumadoras opiniones de arquitectos y urbanistas que han alzado la voz.

En lugar de este complejo comercial, debería construirse un espacio realmente público, para todos, en cuya planeación se escuchen antes las voces expertas; y si se quieren introducir locales comerciales, que estos no sean una extensión de las plazas comerciales que abundan por todo el país –y que benefician siempre a los mismos empresarios. Bien podría aprovecharse este tipo de espacios para erradicar el comercio en la vía pública y recuperar así –y con toda autoridad- los espacios públicos tomados por el ambulantaje en el Eje Central, en las calles de atrás de Palacio Nacional, en Av. Puente de Alvarado, Av. San Cosme, Calz. México-Tacuba, entre otros muchos espacios públicos actualmente perdidos para los ciudadanos. Así, por cada metro cuadrado construido se podrían recuperar muchos más de espacios públicos, con lo que la ciudadanía obtendría una enorme ganancia neta en términos de calidad de vida al recuperar nuestras banquetas, fachadas de edificios históricos, parques, plazas, jardines, etc., amén de la mejora de la salubridad en la vía pública.

Los ambulantes no sólo son objeto del interés público, también son sujeto. En tanto la economía mexicana continúe sin crecer en términos reales, como ha sucedido durante los últimos treinta años, el gobierno seguirá careciendo de autoridad moral para prohibir el comercio ambulante; en ese sentido son sujetos a respetarse. Sin embargo, no por ello los ciudadanos podemos seguir siendo privados de los espacios públicos que se han apropiado los ambulantes; en ese sentido, deben ser objeto de regulación pública. Ante ello, es Estado debe intervenir: estructuralmente, debe generar más crecimiento económico; coyunturalmente, debe reordenar –casi quirúrgicamente- el espacio público.

El problema del ambulantaje en la Ciudad de México podría resolverse si se le ordena y estructura en grandes centros comerciales en zonas de alta concurrencia, con un valor estético notable, que incluya áreas verdes de calidad y se les dota de ágiles vías de comunicación. No estoy con esto sugiriendo que esto necesariamente se haga sobre Av. Chapultepec, pero sí sugiero que abramos seriamente el análisis al respecto.

Como ejemplo exitoso, cito el caso de Tailandia. Hasta 1985, el comercio ambulante en Bangkok, su capital, era tanto o más conflictivo que el nuestro; con problemas similares en materia de mafias organizadas, condiciones de insalubridad, fricción constante con autoridades y ciudadanía, entre otros.
La presencia creciente de mafias internacionales en Tailandia amenazaba entonces con filtrarse fácilmente en la gran red del comercio ambulante de Bangkok, lo cual habría hecho ingobernable la ciudad. Así, en 1985 el gobierno Tailandés construyó el centro comercial Mahboonkrong, más conocido por sus siglas MBK.

A diferencia de las típicas reubicaciones del comercio ambulante en centros comerciales en México -que fracasan fácilmente debido a la poca afluencia de compradores-, el éxito de MBK radicó en que su construyó en el corazón del centro financiero de Bangkok y las cuotas cobradas a los locatarios por concepto de servicios (electricidad, seguridad, etc.) fueron similares a las pagadas en la vía pública. Sus instalaciones incluyen bancos, restaurantes, estacionamientos, entre otros servicios de calidad. MBK ocupa toda una manzana con espacios óptimamente aprovechados en 10 pisos superiores y 2 subterráneos en la intersección de varias líneas del metro y del tren ligero elevado.

La clave del éxito de esta reubicación consiste en proporcionar al comercio ambulante un espacio alterno con expectativas de ingresos superiores. El error común de planeadores urbanos y autoridades en México consiste en que han subestimando la racionalidad económica de los comerciantes: si el espacio sustituto para establecerse no les garantiza un horizonte de ingresos superior al proporcionado por su espacio actual, no tendrán entonces incentivo para reubicarse.

Si se aplica estratégicamente, esta medida podría incluso fortalecer a la industria nacional. El primer obstáculo a vencer consiste en el origen lícito de las mercancías. Como solución –simultánea al combate a la corrupción aduanera-, podrían establecerse plazos de regularización, lo que les implicaría a los comerciantes cambiar progresivamente de proveedores de mercancías de contrabando a proveedores legales.
Ello estimularía la comercialización de productos nacionales, reposicionando, por ejemplo, a la industria nacional textil y del juguete, además de abrir un nicho estable de mercado a los hasta ahora fabricantes de aparatos electrónicos “hechizos”, permitiéndoles establecer fábricas con controles de calidad (de lo cual Vietnam, Tailandia, China y la India proporcionan experiencias exitosas).

No debemos oponernos a la inversión público-privada; por el contrario, es necesario coordinar inversiones para optimizar los recursos de la sociedad.
Sin embargo, sí debemos seguir oponiéndonos a la secrecía con la que se están manejando las megaobras no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país; debemos oponernos a que el gobierno no consulte a los expertos en arquitectura, planeación urbana y finanzas públicas para llevar a cabo tremendas inversiones de nuestros dineros; debemos oponernos a que le regalen concesiones a particulares amañados con el gobierno; debemos oponernos a que se lesione el interés público; debemos oponernos a la manipulación de la información de los proyectos públicos; debemos seguir oponiéndonos a que los gobiernos no construyan para los ciudadanos sino para acrecentar fortunas personales. La organización social demostrada contra el Corredor Cultural Chapultepec acaba de ganar una emblemática batalla contra el cáncer de la corrupción en México: es por ahí.

Twitter: @SergioSaldanaZ

25 de noviembre de 2015

LA MISERABLE NEGOCIACIÓN MEXICANA DEL ACUERDO TRANSPACÍFICO (TPP)



Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla

Si un país desea controlar a otro, basta con regularle el suministro de alimentos. Durante los últimos veinte años, los Estados Unidos de América (EUA) han controlado precios y volúmenes del producto base de nuestra alimentación: el maíz. Tan sólo durante el primer trimestre del año en curso, las importaciones de maíz procedentes de los EUA han rebasado los 1,100 millones de dólares. El riesgo de ello es que si los EUA toman la decisión de prohibir la exportación de maíz a México, México enfrentaría en el corto plazo una escasez de maíz y sus derivados. 

Aunque en el mediano plazo la economía mexicana pueda resolver dicha escasez, en el corto plazo es poco probable que México enfrente exitosamente las rigideces de la oferta de Maíz (ya sea por medio de encontrar otro país de dónde importar rápidamente maíz o por medio de rehabilitar tierras para su cultivo). Al ser el maíz un ingrediente tan crucial en la dieta del mexicano, dicha escasez podría crear una espiral inflacionaria y desencadenar una serie de problemas económicos para el país, en especial para los menos favorecidos. Por ello, la política alimentaria de cualquier gobierno que se respete es un asunto de seguridad nacional. No así en México.


El saldo de la balanza comercial agropecuaria de México es cada vez más negativo, como puede apreciarse en el gráfico. Ese saldo negativo a través de los años que lleva en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y nuestra creciente apertura a otros países nos deja al descubierto tres hechos:

  1. La creciente dependencia alimentaria de México;
  2. La falta de interés de los gobiernos mexicanos de los últimos treinta años para defender nuestra soberanía, en este caso la alimentaria, hoy ha llegado ya a niveles sospechosos de traición; 
  3. La incapacidad de las organizaciones campesinas para defenderse, mezcla de corrupción e ignorancia de la mayoría de sus líderes así como por la falta de valor del campesinado para hacer algo al respecto.

El 5 de octubre de 2015 México ingresó formalmente al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (conocido como TPP por sus siglas en inglés: Trans-Pacific Partnership), acuerdo que no hará más que ahondar nuestra fragilidad comercial y darle el tiro de gracia al campesinado mexicano. El TPP es un acuerdo de libre comercio entre doce países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, EUA, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Oficialmente, este Acuerdo plantea rebajar barreras comerciales, establecer un marco común de propiedad intelectual así como reforzar estándares laborales y ambientales.

Sin embargo, en la práctica, este Acuerdo es, a todas luces, una jugada geopolítica de los EUA para, en un primer momento, enfrentar comercialmente a China; en un segundo momento servirá muy probablemente para enfrentarlo militarmente. Si se observa la distribución geográfica de los doce miembros de este acuerdo, se notará que estos países forman un cordón que rodea a China (ver mapa abajo). Este acuerdo inicialmente atará a estas doce economías a la de los EUA. Con ello, los EUA contralarán –como lo hacen ya con México, Canadá, Perú y Chile- las economías, sistemas políticos y relaciones exteriores de todos estos países. 
 

El sector económico más vulnerable de México frente al TPP es el agropecuario, pues países como Australia y Nueva Zelanda tienen ventajas competitivas muy fuertes sobre nosotros: i) son potencias agropecuarias mundiales; ii) cuentan con puertos muy superiores a los nuestros, por lo que, como sucedió con el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, ellos exportarán mucho a México pero México no dispondrá de la logística portuaria para responder en proporción. 

Nuestra desventaja para competir comercialmente con países no-limítrofes, como ha sido el caso de China y la Unión Europea, consiste básicamente en el subdesarrollo portuario mexicano. Así, mientras sólo el 19% de nuestras exportaciones se realizan por vía marítima, el 33% de nuestras importaciones ingresan al país por esa vía, lo cual demuestra que ahí tenemos una importante fragilidad estructural para competir comercialmente.
Similar a lo sucedido en 2013 y 2014 con la Reforma Energética:

  • La firma de México al TPP no nos fue consultado ni al pueblo ni a expertos en materia comercial;
  • El gobierno no dispone de análisis económico de posibles escenarios de impactos;
  • El diseño y reglas de este acuerdo fueron impuestas por el gobierno de los EUA, con una sumisión realmente cobarde por parte del actual gobierno mexicano.

México debe recurrir al proteccionismo de su economía y hacer sólo una apertura selectiva y estratégica. No podemos aceptar la validez de este Acuerdo debido a la secrecía con que se ha manejado su preparación y firma. No podemos firmar acuerdos en los que, como el TPP, los beneficiados no somos nosotros los consumidores, sino las grandes empresas amigas de Washington. No podemos aceptar un acuerdo en el que la mayoría de los mexicanos perdemos.

México debe salirse del TLCAN y del TPP. México no necesita a los EUA. Son los EUA los que necesitan a México. La economía mexicana está diversificada, podemos sostenernos perfectamente sin la necesidad del actual intercambio desventajoso que estos acuerdos implican. Los defensores de los aparentes logros del TLCAN, que siempre son gente sin una preparación sólida en ciencias económicas, suelen argumentar que gracias al TLCAN ya somos una potencia exportadora y que tenemos un superávit comercial gigante con los EUA. A ellos les contesto, nuevamente, que el saldo positivo de nuestra Balanza Comercial con los EUA es sólo un espejismo contable, en el cual nuestras exportaciones hacia ese país están infladas por las importaciones de insumos para el ensamble de mercancías, pero cuyo valor agregado nacional neto exportado es insignificante. Finalmente, México debe mantenerse fuera del conflicto entre EUA y China y dejar de jugarle –junto con Chile, Perú y Colombia- al Caballo de Troya de los intereses americanos en América Latina.

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Twitter: @SergioSaldanaZ