El Ocaso de las Instituciones en México

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 27 de octubre de 2015) 

La actual decadencia de las instituciones en México, en especial de las instituciones públicas, me hace recordar una ópera del compositor alemán Richard Wagner: El Ocaso de los Dioses (Götterdämmerung). Esta es la cuarta y última ópera del ciclo conocido como El Anillo del Nibelungo (Der Ring des Nibelungen). En esta obra, basada en la mitología nórdico-germánica, los dioses, que en las previas tres óperas habían tenido un papel central, ceden aquí su puesto a los hombres: la acumulación de poder de los dioses llega al abuso, que incuba el odio del desposeído.

Las instituciones públicas en México nacieron de necesidades reales del país. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) surge para garantizar la salud de las mayorías; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por la necesidad de contar con capital humano altamente calificado para el desarrollo material y humano del país; Petróleos Mexicanos (PEMEX) para garantizar la soberanía energética y financiar el desarrollo económico nacional, entre otras muchas instituciones que surgen para responder a reclamos históricos. Si bien no podemos idealizar a estas instituciones atribuyéndoles pureza, no obstante debe reconocerse que éstas han tenido grandes logros en otras épocas: un IMSS que era capaz de proveer servicios de salud de primera línea y que llegó a ser modelo para incluso países europeos, una UNAM que llegó a ser la principal universidad de América Latina; un PEMEX en el que se inspiraron las grandes petroleras estatales del mundo; un Servicio Exterior Mexicano de una dignidad admirada en el mundo. Sin embargo, estas instituciones han ido cayendo en manos las equivocadas.

La UNAM, que tuvo de rectores a intelectuales de alto nivel como José Vasconcelos, Antonio Caso, Pablo González Casanova, entre otros, hoy en día tiene a un rector a modo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Narro Robles. Durante 2013 y 2014 tuvo lugar un acalorado debate nacional en torno a la reforma energética, una reforma energética de la que había que cuestionar académicamente muchísimos aspectos, al igual que había que cuestionar el retroceso que en materia de soberanía nacional representa esta reforma. 

Sin embargo ¿dónde estuvo todo ese tiempo el rector de la UNAM? Nunca le oí pronunciar una opinión informada. Como rector de la máxima casa de estudios de México yo esperaba más de él; yo esperaba que él abanderara, junto con otros académicos, una férrea defensa institucional del petróleo mexicano. No lo hizo. Qué pena que su militancia priísta haya sido más fuerte que su deber moral con la academia y con su país. 

Lo más grave es que ahora Narro y el gobierno federal mexicano pretenden dejar como su sucesor en la rectoría de la UNAM a alguien con sus mismas características. La bajeza de la política nacional al designar al actual rector sólo es comparable con la pobreza moral de la comunidad universitaria, que parece estar a punto de volver a permitir la imposición de un rector de Los Pinos.

Pero la situación del Servicio Exterior Mexicano (SEM) no es mejor que la de la UNAM. La diplomacia mexicana, que incluso tuvo entre sus filas a dos premios nobel y que daba tanto prestigio a nuestra política exterior, hoy cuenta con cónsules con una pésima reputación para el ejercicio público. 

Es de todos sabida la reciente designación de Fidel Herrera Beltrán como cónsul de México en Barcelona, quien tiene serias acusaciones de vínculos con el narcotráfico y cohecho en el manejo de las finanzas del gobierno de Veracruz; de Juan Sabines Guerrrero como cónsul en Orlando, Florida, con múltiples señalamientos de desvío de recursos durante su paso como gobernador en Chiapas; de Marisela Morales como cónsul en Milán, con un nutrido expediente de violaciones a los derechos humanos y fabricación de culpables durante su paso por la Procuraduría General de la República (PGR). 

A esto el Senado ha hecho oídos sordos y sólo algunos senadores han emitido débiles opiniones aisladas. Me pregunto qué opinan de esto los verdaderos diplomáticos del SEM, esos con amor al país y con una reputación intachable. ¿No les da vergüenza ser parte de este equipo? ¿No tienen la dignidad como para renunciar en señal de protesta o para al menos pronunciarse públicamente condenando estos hechos?

Y qué decir del Fondo de Cultura Económica (FCE), editorial gubernamental mexicana con fuerte presencia en toda América Latina, orgullo de las ciencias económicas mexicanas, fundada por el gran economista mexicano Daniel Cosío Villegas y que tiene entre sus ex-colaboradores a economistas y escritores en general de primera talla de la lengua castellana. Hoy, tristemente, el FCE está dirigido por un abogado llamado José Carreño, ex-vocero de la presidencia de la república de Carlos Salinas de Gortari. Quizás por eso hoy el FCE más bien parece una oficina más de propaganda de Peña.

Esto se repite en la casi totalidad de nuestras instituciones públicas. Por razones de espacio en este medio me es imposible describir el malfuncionamiento actual de casi todas las instituciones públicas en México. 

Estas instituciones, que se fundaron con tanto esfuerzo, con tanta lucha y con tanta dedicación intelectual, hoy están en una decadencia producto del abuso de poder pero también de la pasividad de quienes laboran dentro de ellas (pues ellos debieran ser la primera línea de resistencia); también están en decadencia por el beneplácito implícito de los círculos intelectuales que hasta hoy siguen sin atreverse a alzar suficientemente la voz en contra. Este es, sin duda, el ocaso de las instituciones públicas mexicanas. Habrá que leer y escuchar a Wagner para entender y tomar la inspiración para que una generación decidida y articulada arrebate a personajes tan siniestros la dirección del destino de un pueblo.

“Der bleiche Held, nicht bläst er es mehr;
nicht stürmt er zur Jagd, zum Streite nicht mehr,
noch wirbt er um wonnige Frauen.”

Götterdämerung, Richard Wagner

Las finanzas del crimen organizado: el gran ausente del informe y su glosa

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 13 de octubre de 2013)

La obligación del gobernante de rendir cuentas a su pueblo es casi tan antigua como la historia misma de la civilización. La antigua Grecia ya disponía de sofisticados instrumentos para tal fin (como la epicheirotonía, la logistai y la euthyna, entre otros). Contrario a la creencia común de que la rendición de cuentas es exclusiva de las democracias, incluso monarcas egipcios, romanos y aztecas informaban verazmente del estado del imperio al menos a sus respectivas aristocracias. En el caso de los aztecas, el recaudador de impuestos, el calpixque (equiparable al actual puesto de Secretario de Hacienda), pagaba con su vida el incumplimiento de su mandato. Las monarquías parlamentarias europeas, desde Cromwell hasta nuestros días, han rendido cuentas a sus pueblos por medio de informes a sus respectivos parlamentos. En los Estados Unidos de América (EUA) esto se ha hecho desde 1790 por medio del informe sobre el Estado de la Unión que pronuncia anualmente el presidente ante el Congreso de ese país. En el caso de México, inspirado en el de los EUA, el informe presidencial se contempla desde la Constitución de 1824 (ratificado en las posteriores constituciones).

Estas diversas formas de informe tienen la misma esencia: la demostración del gobierno a su población (a ricos y pobres) de que está haciendo buen uso del poder público que le ha sido confiado. Así, el informe de un mandatario debe ser completo, veraz y comprobable. Ello condiciona su sostenimiento en el ejercicio del poder público.

Sin embargo, el último informe presidencial en México no cumplió ni con el requisito de ser completo, y al incumplirse, la veracidad del todo queda cuestionada.

¿A qué me refiero con que no fue completo? A que además del ocultamiento de la verdad sobre el origen de los ingresos para la adquisición de sus respectivas casas, tanto en el informe de Enrique Peña Nieto como en la comparecencia del Secretario de Hacienda Luis Videgaray ante el Congreso, se nos ha ocultado información económica crucial. Cito sólo algunos vacíos de información:

1. El pobre desempeño económico del país demuestra que han hecho las cosas mal, que nos informen entonces ¿en qué se han equivocado en concreto? ¿quiénes son los responsables y qué piensan hacer al respecto?
2. Dado que el crimen organizado no sólo está destruyendo a nuestra sociedad sino también a nuestra economía, que nos informen ¿qué análisis financiero están haciendo de los movimientos de dinero de los grupos criminales? ¿qué resultados han obtenido?
3. Si el crimen organizado hace triangulación internacional de dinero, que nos informen ¿qué información han obtenido de la cooperación internacional en la materia y qué han hecho con esa información? Yo quisiera ver los informes de auditorías, investigaciones y los juicios correspondientes.
4. Dado que, en cualquier país, el crimen organizado coordina operaciones con sus socios dentro de las estructuras gubernamentales y políticas, que nos informen ¿qué cuentas bancarias de políticos y funcionarios de gobierno han sido intervenidas, qué han hallado y cuáles han sido las consecuencias? ¿han construido alguna matriz de consistencia entre ingresos y gastos de funcionarios, políticos y sus respectivas familias?
5. Dado que el crimen organizado se monta sobre empresas reales y ficticias para realizar el lavado de dinero, que nos informen el nombre de los empresarios y banqueros que fungen como prestanombres y que hacen el lavado de dinero ¿tienen alguna matriz de consistencia entre los activos de las empresas y sus actividades empresariales? ¿qué cuentas bancarias de empresarios han sido intervenidas? ¿cuáles han sido los resultados y sus consecuencias? ¿qué bancos han triangulado dinero del narcotráfico y demás crimen organizado? (si se revisan las cifras recientes del consumo en México se descubre una creciente participación de consumo autónomo no explicado dentro del total: ese es el que procede del crimen y es fácilmente rastreable).

Mi presentimiento –fundado en mi conocimiento personal del gobierno mexicano- me dice que esas preguntas no obtendrán respuesta–y si se obtiene, esa respuesta no será honesta-, pues no han hecho nada al respecto. Tampoco creo que esté en sus planes comenzar a hacerlo. ¿Qué sigue?

La diminuta mejora salarial

(Reproducido de mi artículo en La Silla Rota del 1 de octubre de 2015)

Las razones que había para tener un salario mínimo clasificado en zonas tienen una lógica empresarial, no laboral. Se partía del hecho de que, como el nivel de precios local varía a lo largo y ancho del país, tener un salario mínimo más bajo en las zonas de menores ingresos representaría un estímulo empresarial para la contratación de más personal en esas zonas. La teoría económica sostiene que si la productividad laboral aumenta, aumentará en consecuencia el salario real (esto es, el salario dividido por el nivel de precios).

Así, en un primer paso había que generar más empresas y empleos en las zonas rezagadas del país; y en un segundo momento, se aumentaría el ingreso real de los trabajadores a medida que la política educativa fuera generando sus frutos. Sin embargo, en la práctica esto no tuvo lugar pues: i) La media educativa en esos lugares no aumentó, lo cual mantuvo deprimida la productividad media del trabajo. ii) Tuvo lugar una distorsión de ventajas comparativas intrarregionales provocadas por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En suma, esta zonificación salarial sólo generó un aumento en la brecha de ingresos entre las zonas de menores y las de mayores ingresos del país.

El rezago en el salario mínimo en México es gigante. Esta homologación, aunque ligeramente favorable para los asalariados, está aún lejos de solucionar la presión social por mejorar sus condiciones de vida. La pérdida de poder adquisitivo de un salario mínimo entre 1990 y 2015 ha sido de más del 80 por ciento. Aún con esta homologación, la recuperación de su poder adquisitivo para este año será de prácticamente 0 por ciento. Lo anterior, lo estimo con base en el aumento del salario mínimo aprobado para 2015, más el aumento ponderado de esta homologación, menos el efecto inflacionario esperado para el año en curso.

Pongamos este aumento salarial en términos de dos de los actos de corrupción a los que recientemente ha tenido acceso la opinión pública. El costo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto equivale a tres meses del aumento en los ingresos de los 759,915 asalariados beneficiados por esta homologación. Por su parte, el costo de la casa en Malinalco del Secretario de Hacienda Luis Videgaray equivale a otros 3 meses más. Esto es, dos personas (Peña y Videgaray) obtuvieron propiedades en un monto con el que se pudo haber duplicado durante medio año la mejora salarial de esta homologación.

El cálculo de las pérdidas en los ingresos netos de los mexicanos por la corrupción gubernamental debe también contabilizar las pérdidas que le ocasiona al país el crimen organizado (pues éstos cuentan con el apoyo gubernamental de facto). Las extorsiones del crimen organizado a los empresarios (como el derecho de piso, derecho de tránsito por sus territorios, entre otros delitos) hacen que desaparezcan los beneficios de esta homologación.

Las extorsiones del crimen organizado representan un aumento en los costos de los empresarios; aumento que es trasladado ya sea al consumidor por medio del aumento en los precios de los bienes y servicios que producen o por medio de una reducción de los salarios netos pagados a sus trabajadores.

Así, una mejora salarial como esta homologación más bien se me asemeja a un hombre remando para impedir el hundimiento del Titanic.