LA TRADICIÓN ANTIDEMOCRÁTICA MEXICANA

Sergio O. Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 16 febrero 2016

Es difícil saber hacia dónde exactamente se dirige el país. Lo que, en cambio, no es tan difícil de saber es que hoy México no va hacia la construcción de una verdadera democracia, y nuestros actuales órganos electorales no nos están ayudando en nada a construirla.

En México existe una tradición antidemocrática. El suelo que hoy da forma a la República Mexicana nunca ha sido democrático. No lo era en tiempos de las civilizaciones precolombinas. Aunque estas, unas más que otras, destacaban en las ciencias, las artes y en su organización social, estaban erigidas sobre un orden jerárquico y autoritario. Ello ayuda a comprender por qué la Conquista fue relativamente sencilla para la corona española. El hábito al orden jerárquico de los pobladores de estas regiones muy probablemente haya facilitado la adopción de un nuevo orden. Ambos bloques de culturas tenían en común el hábito a los órdenes jerárquicos, autoritarios: del Huey Tlatoani y del rey; de la clase sacerdotal y de la Iglesia católica; de la penitencia y de la ofrenda.

Al cabo del siglo XVII, ambas tradiciones jerárquicas se habían prácticamente acoplado. España integró a criollos y, en menor medida, mestizos a la vida española, concediéndoles un trato jurídico y económico de iguales respecto de los habitantes de los reinos de España; a los indígenas, por su parte, los asimiló por medio de la evangelización y la encomienda.

Ahora bien, el Siglo XIX, desde la independencia hasta el Porfiriato, está dominado de un empuje popular cuya agenda contempla la igualdad, la libertad y la democracia. Sin embargo, ese empuje popular no logra la organización de la sociedad desde sus bases. Si bien el inicio de los movimientos armados del Siglo XIX está protagonizado por una pluralidad de clases, las clases populares quedaron fuera de los respectivos acuerdos de paz: igual los que se reunieron la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con un estandarte de la Guadalupana; los que marcharon con Morelos al sacrificio; o hasta los indígenas que durante el mandato de Santa Ana incluso llegaron a levantarse defendiendo posturas conservadoras. Lo que al final lograron esos movimientos fue un reacomodo entre élites. Así, la implementación de la democracia y la integración de los grupos marginados al poder siguieron posponiéndose.

Durante el Porfiriato, la apuesta de Porfirio Díaz y sus científicos era clara y entendible: el progreso como condición a la democratización; creía que primero se tenía que realizar una acumulación de capital considerable antes de empezar a redistribuir y sólo después iba a ser posible educar al Pueblo a fin de que la democracia cobrara sentido. El positivismo de la época, la teoría económica clásica y el materialismo dialéctico son interpretaciones complementarias de esa postura. Visto desde el paradigma económico predominante de la época (Marshall, Pigou, etc), el desarrollo económico no puede basarse en la atomización de la propiedad rural ni en la simple producción de materias primas, sino en la concentración de los medios de producción en manos innovadoras.

Así, tierra, trabajo y capital debían alcanzar grandes escalas. Fallidamente, en el Porfiriato ello devino en latifundismo, esclavitud y usura, respectivamente. En su inicio, la apuesta de Díaz tenía no sólo una perfecta lógica, sino probablemente también buenas intenciones. Sin embargo, la propiedad de los medios de producción fue tomada ya sea por hacendados (en uso de su tradición jerárquica), o de anglosajones (abiertamente respaldados por sus potencias). Por ello, Porfirio Díaz poco podía extraerles de solidaridad social hacia el país y la democratización era un proyecto que cada día se posponía más y más.

 Ese tránsito que nunca ocurrió hizo que su proyecto modernizador no sólo se estancara, sino que abortara por completo: tuvo que conformarse con la simple producción de materias primas y administrar la concentración extrema de la riqueza. Esa trenzada estructura de élites del Porfiriato fue principalmente la que le impidió al Estado recaudar los impuestos suficientes para emprender una cruzada educativa y demás mecanismos que cerraran la brecha social. La falta de educación del pueblo mexicano era lo que, en el fondo, motivó a Díaz a considerar que México nunca estuvo listo para la democracia.

La Revolución Mexicana fue protagonizada por el pueblo. Sin embargo, sus líderes fueron asesinados, quedando el país nuevamente en manos de una élite que tampoco quiso la democratización. El gran triunfador de la Revolución Mexicana fue Álvaro Obregón, quien no representaba ideales populares ni mucho menos democratizadores. Así, los gobiernos posteriores a la revolución de 1910, y a pesar de la cruzada vasconcelista, tampoco lograron alcanzar la democracia.

Luego de la Revolución Mexicana, en los pocos enclaves del país en donde la educación logró exitosos resultados a más amplios sectores del pueblo, surgieron demandas democratizadoras genuinas. Gracias a esa difusión educativa, entendieron los procesos revolucionarios del pasado como los escalones hacia la desconcentración del poder y el ascenso más generalizado del pueblo al poder. Ahí, sin embargo, el Estado cooptó o reprimió.

En momentos de la historia como en 1958 con el movimiento ferrocarrilero, en 1968 con el movimiento estudiantil, en 1971 con el movimiento periodista, en 1988 con el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), hemos observado la lucha de un notable sector del pueblo que creyó en la democracia. Similar a la frustración que la contraorden genera en cualquier adiestramiento, una resentida decepción se incubó en los miembros de todos esos movimientos, la cual después se convirtió en pesimismo. Desde los años noventa, quienes demandaban democracia en México más bien ya han bajado los brazos –o se han asimilado dentro de partidos políticos que, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy ya sólo sirven de comparsa al gobierno para impedir la democratización del país y montar una farsa democrática ante el Pueblo mexicano y el mundo.

Tomar conciencia de que en México nunca ha habido una democracia real no debe incubar en nosotros el sentimiento fatalista de impotencia para cambiar nuestro destino; estar conscientes de ello debe, en cambio, empujarnos a la pronta construcción de nuestra democracia. Tal vez desde los años noventa, México ha carecido de rectores intelectuales de la democracia (a quienes no debemos confundir con los técnicos que diseñaron el Instituto Federal Electoral, IFE, y demás artefactos institucionales que sólo dan forma y nunca han dado fondo a la democratización).

La democratización de un pueblo no consiste, como ya hemos vivido en este país, en el asignar presupuestos millonarios y una estructura ridículamente aparatosa como la que hoy tienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales. La democratización consiste en la presión incesante que la sociedad civil debe hacer hoy para derrumbar al actual aparato electoral y reemplazarlo por órganos electorales ciudadanos, austeros e independientes; independientes del gobierno, de partidos políticos, de empresas, de gobiernos extranjeros y de cualquier otra fuerza.

Necesitamos órganos electorales que tengan la independencia y el valor para anular elecciones, cancelar registros de partidos y descalificar candidatos ante pruebas de actos de corrupción, compra y coacción del voto, campañas anticipadas, financiamientos ligados al crimen organizado y al desvío de dinero público (robo) de los gobernadores de los estados y demás crímenes a la voluntad popular. Los órganos electorales actuales son incapaces de actuar en favor de la democratización del país; hoy actúan bajo órdenes del gobierno y de sus acuerdos con los partidos, para consumar así, una y otra vez, el aborto democrático. Estemos claros: los actuales órganos electorales mexicanos tienen secuestrada la democracia y debemos reemplazarlos.

@SergioSaldanaZ

El Ocaso de las Instituciones en México

(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 27 de octubre de 2015) 

La actual decadencia de las instituciones en México, en especial de las instituciones públicas, me hace recordar una ópera del compositor alemán Richard Wagner: El Ocaso de los Dioses (Götterdämmerung). Esta es la cuarta y última ópera del ciclo conocido como El Anillo del Nibelungo (Der Ring des Nibelungen). En esta obra, basada en la mitología nórdico-germánica, los dioses, que en las previas tres óperas habían tenido un papel central, ceden aquí su puesto a los hombres: la acumulación de poder de los dioses llega al abuso, que incuba el odio del desposeído.

Las instituciones públicas en México nacieron de necesidades reales del país. Así, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) surge para garantizar la salud de las mayorías; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por la necesidad de contar con capital humano altamente calificado para el desarrollo material y humano del país; Petróleos Mexicanos (PEMEX) para garantizar la soberanía energética y financiar el desarrollo económico nacional, entre otras muchas instituciones que surgen para responder a reclamos históricos. Si bien no podemos idealizar a estas instituciones atribuyéndoles pureza, no obstante debe reconocerse que éstas han tenido grandes logros en otras épocas: un IMSS que era capaz de proveer servicios de salud de primera línea y que llegó a ser modelo para incluso países europeos, una UNAM que llegó a ser la principal universidad de América Latina; un PEMEX en el que se inspiraron las grandes petroleras estatales del mundo; un Servicio Exterior Mexicano de una dignidad admirada en el mundo. Sin embargo, estas instituciones han ido cayendo en manos las equivocadas.

La UNAM, que tuvo de rectores a intelectuales de alto nivel como José Vasconcelos, Antonio Caso, Pablo González Casanova, entre otros, hoy en día tiene a un rector a modo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Narro Robles. Durante 2013 y 2014 tuvo lugar un acalorado debate nacional en torno a la reforma energética, una reforma energética de la que había que cuestionar académicamente muchísimos aspectos, al igual que había que cuestionar el retroceso que en materia de soberanía nacional representa esta reforma. 

Sin embargo ¿dónde estuvo todo ese tiempo el rector de la UNAM? Nunca le oí pronunciar una opinión informada. Como rector de la máxima casa de estudios de México yo esperaba más de él; yo esperaba que él abanderara, junto con otros académicos, una férrea defensa institucional del petróleo mexicano. No lo hizo. Qué pena que su militancia priísta haya sido más fuerte que su deber moral con la academia y con su país. 

Lo más grave es que ahora Narro y el gobierno federal mexicano pretenden dejar como su sucesor en la rectoría de la UNAM a alguien con sus mismas características. La bajeza de la política nacional al designar al actual rector sólo es comparable con la pobreza moral de la comunidad universitaria, que parece estar a punto de volver a permitir la imposición de un rector de Los Pinos.

Pero la situación del Servicio Exterior Mexicano (SEM) no es mejor que la de la UNAM. La diplomacia mexicana, que incluso tuvo entre sus filas a dos premios nobel y que daba tanto prestigio a nuestra política exterior, hoy cuenta con cónsules con una pésima reputación para el ejercicio público. 

Es de todos sabida la reciente designación de Fidel Herrera Beltrán como cónsul de México en Barcelona, quien tiene serias acusaciones de vínculos con el narcotráfico y cohecho en el manejo de las finanzas del gobierno de Veracruz; de Juan Sabines Guerrrero como cónsul en Orlando, Florida, con múltiples señalamientos de desvío de recursos durante su paso como gobernador en Chiapas; de Marisela Morales como cónsul en Milán, con un nutrido expediente de violaciones a los derechos humanos y fabricación de culpables durante su paso por la Procuraduría General de la República (PGR). 

A esto el Senado ha hecho oídos sordos y sólo algunos senadores han emitido débiles opiniones aisladas. Me pregunto qué opinan de esto los verdaderos diplomáticos del SEM, esos con amor al país y con una reputación intachable. ¿No les da vergüenza ser parte de este equipo? ¿No tienen la dignidad como para renunciar en señal de protesta o para al menos pronunciarse públicamente condenando estos hechos?

Y qué decir del Fondo de Cultura Económica (FCE), editorial gubernamental mexicana con fuerte presencia en toda América Latina, orgullo de las ciencias económicas mexicanas, fundada por el gran economista mexicano Daniel Cosío Villegas y que tiene entre sus ex-colaboradores a economistas y escritores en general de primera talla de la lengua castellana. Hoy, tristemente, el FCE está dirigido por un abogado llamado José Carreño, ex-vocero de la presidencia de la república de Carlos Salinas de Gortari. Quizás por eso hoy el FCE más bien parece una oficina más de propaganda de Peña.

Esto se repite en la casi totalidad de nuestras instituciones públicas. Por razones de espacio en este medio me es imposible describir el malfuncionamiento actual de casi todas las instituciones públicas en México. 

Estas instituciones, que se fundaron con tanto esfuerzo, con tanta lucha y con tanta dedicación intelectual, hoy están en una decadencia producto del abuso de poder pero también de la pasividad de quienes laboran dentro de ellas (pues ellos debieran ser la primera línea de resistencia); también están en decadencia por el beneplácito implícito de los círculos intelectuales que hasta hoy siguen sin atreverse a alzar suficientemente la voz en contra. Este es, sin duda, el ocaso de las instituciones públicas mexicanas. Habrá que leer y escuchar a Wagner para entender y tomar la inspiración para que una generación decidida y articulada arrebate a personajes tan siniestros la dirección del destino de un pueblo.

“Der bleiche Held, nicht bläst er es mehr;
nicht stürmt er zur Jagd, zum Streite nicht mehr,
noch wirbt er um wonnige Frauen.”

Götterdämerung, Richard Wagner

FRAUDE ELECTORAL EN CHIAPAS

De la jornada electoral del domingo 19 de julio en Chiapas quedan varias cosas clarísimas:

1. El gobernador del estado de Chiapas Manuel Velasco Coello y su Partido Verde cometieron todos los delitos electorales previstos en el COFIPE;
2. Los chiapanecos ya estamos hartos del gobernador Velasco y del Partido Verde;
3. En estos momentos el instituto estatal electoral de Chiapas ha dado por desaparecidas una enorme cantidad de actas electorales y están ajustando toda la documentación para perpetrar fraudes múltiples a la elección en los distritos donde la compra del voto no les alcanzó para ganar.

Podré diferir con los candidatos que la mayoría del Pueblo chiapaneco eligió pero finalmente es su decisión y hay que respetarla. En Tuxtla Gutiérrez está clarísimo el triunfo de Francisco Rojas y aún así el fraude está implementado.


Como ya lo he documentado suficientemente en diversos artículos, los órganos electorales de este país están corrompidos hasta el tuétano y sólo obedecen a gobernadores y al presidente. De ahí que la lucha legal sea insuficiente.

A este gobernadorcito sólo se le podrá frustrar su fraude en la medida que haya una condena de la sociedad mexicana en general tal que le haga peligrar sus aspiraciones a -Dios nos libre- Presidente de la República.


La batalla legal contra este fraude tendrá que darse con toda la técnica jurídica necesaria, pero para que surta efecto en este país sin estado de derecho, además deberá acompañarse de una ágil comunicación hacia la sociedad en todas partes del país. Este es sólo el primer paso; el siguiente paso será purgar los órganos electorales chiapanecos y someter a sus actuales consejeros a investigación y proceso legal.

Aún falta ver hasta dónde están dispuestos a llegar los candidatos agraviados con estos fraudes. En la elección pasada por la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez ganó Carlos Morales (PRD) pero impusieron por fraude electoral a Samuel Toledo (PRI). El gobierno del estado de Chiapas le ofreció a Carlos la Secretaría de Medio Ambiente a cambio de desistir y el perredista la aceptó.
Moraleja: No siempre sirve meter las manos al fuego por una clase política que en su casi totalidad está putrefacta y corrompida. Sin embargo, que esta lucha no sea por un candidato o por otro; que esta lucha sea por la democratización de Chiapas y de todo México.

LA ACEPTACIÓN DE LA VERDAD

La verdad, como la libertad, no la aceptan todos. Revelar una farsa genera dos resistencias: la del inocente y la del culpable. Es como revelar que Santa Claus no existe: hay niños que se enfadan negándolo mientras que si se hiciera público los empresarios navideños no estarían tan contentos. Lo mismo pasa con la farsa democrática. A veces creo que muchos no están preparados para conocer la verdad. Hay quienes la niegan sólo por el rubor que les produce internamente el reconocer que han adorado un ídolo de barro. Antes que reconocer que se han equivocado, prefieren defender la farsa, la mentira, la creencia. Tenemos que madurar como sociedad. La búsqueda -y aceptación- de la verdad es parte del proceso de maduración social. En esa búsqueda podemos equivocarnos, pero nunca permitirnos dejar de buscarla.

LA FARSA DEMOCRÁTICA EN MÉXICO

(Reproducido en mi columna de la Revista Forbes México del 12 de mayo de 2015)

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla*

Prefacio

La decisión  de publicar este artículo no me fue fácil. Tengo una relación cordial con muchos actores involucrados a quienes quizás no les agrade la dureza de mi argumentación. Sin embargo, si la civilización en México ha de subsistir, debemos romper con la sistemática tolerancia a la violación de los preceptos democráticos de la que, pasiva o activamente, son cómplices quienes no llaman a las cosas por su nombre. Si nos mostramos blandos en la crítica hoy que el Estado mexicano se cae en pedazos, mañana recaerá sobre nosotros la responsabilidad histórica de no haber diseñado una ruta para refundarlo. No diseñar un nuevo orden implica necesariamente la repetición de la historia; y en nuestro caso, de una muy trágica historia.

Me parece que el resultado de las elecciones del 7 de junio de 2015 será resultado de acuerdos entre los partidos políticos y el gobierno federal. Los partidos podrían ocupar un número de cargos sin corresponder necesariamente al número de votos que obtengan en las urnas. Una vez electos, los diputados de cada partido simularán en tribuna defender con su discurso a uno u otro ideal pero finalmente las votaciones en el congreso seguirán yendo en la dirección que la presidencia de la república señale. En ese caso, el sistema político mexicano seguirá representando una farsa democrática. Ante ello, la anulación del voto en las próximas elecciones me parece una repuesta eficaz. Mis argumentos y fundamentos a continuación.

La falta de independencia de partidos y órganos electorales

Es muy probable que las próximas elecciones sean un fraude porque existe abundante evidencia de que las dirigencias de los partidos políticos y los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE, antes IFE) fueron decididos desde Los Pinos. Esta vez no será un fraude a algún partido político e, indirectamente, al Pueblo; esta vez será directamente al Pueblo. La intervención de la presidencia de la república en la elección del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) está bastante documentada[1]; lo mismo con la del Partido de la Revolución Democrática (PRD) [2]; en el caso del Partido Revolucionario Institucional (PRI)… quizás salga sobrando documentar al respecto. Entonces, si las dirigencias de los partidos le deben el cargo al presidente, no es difícil advertir que estos partidos no tienen independencia para decidir a sus candidatos; es muy factible, entonces, que los candidatos de los partidos sean sólo aquellos autorizados por la Presidencia de la República.

A su vez, las dirigencias de estos partidos son las que han ido decidiendo a los consejeros del INE, pactando entre ellos cuotas de cada partido al interior del Consejo General del INE[3]. Así, el INE tampoco es independiente, sino dependiente de las dirigencias de los partidos políticos, las cuales a su vez tienen una deuda con el presidente de la república. Lo mismo ha sucedido con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, o TRIFE) y de los tribunales electorales locales[4], los cuales son los encargados de resolver las controversias legales en los procesos electorales.

Entonces, tanto los candidatos, como los árbitros (INE) como los jueces (TRIFE) de la elección son decididos por la presidencia de la república. Así, mientras la selección de candidatos al interior de los partidos no es objetiva, ni imparcial, ni independiente debido a que las dirigencias de, al menos, los tres grandes partidos provienen de Los Pinos, igualmente, cualquier controversia o impugnación sobre el proceso y la jornada electoral tampoco tiene garantizada la objetividad ni mucho menos la imparcialidad de estos órganos electorales por provenir sus consejeros y magistrados igualmente de Los Pinos[5]. Lo anterior no quiere decir que todas las decisiones del INE y del TRIFE vayan necesariamente en beneficio del partido en el poder; hace tiempo que los fallos favorables se negocian entre los partidos y el ejecutivo federal (y no de acuerdo a la ley ni a la voluntad popular, como debe ser en un sistema democrático). La falsa sensación fabricada para el ciudadano sobre un reparto del poder entre partidos electos por el Pueblo es la esencia de la farsa democrática actual en México, pues el poder público se reparte sólo a voluntad de la presidencia de la república y no del Pueblo.

Así, se han encendido dos señales de alarma de la lucha por la democratización en México: 1) Al ser decididas desde la presidencia de la república las dirigencias de los partidos mayoritarios, estos partidos no representan a la mayoría del Pueblo, por lo que no existe la representatividad democrática en México; 2) La existencia de un pacto no escrito entre los partidos mencionados en el que, de facto, se le permite el uso del poder a una sola persona (al presidente de la república) para controlar el resultado de las elecciones, son síntomas de la instauración de una dictadura. Fundamentemos lo anterior, pues alguien con razón aparente podrá objetar que una dictadura es algo mucho peor (como aquel que dijo que los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 no son un crimen de Estado, que “crimen de Estado es algo mucho más grave”[6]). Así define Ignacio Molina (2007[7]) la dictadura:

“Dictadura es una forma de gobierno en la cual el poder se concentra en torno a la figura de un solo individuo o élite, generalmente a través de la consolidación de un gobierno de facto, que se caracteriza por una ausencia de división de poderes, una propensión a ejercitar arbitrariamente el mando en beneficio de la minoría que la apoya, la independencia del gobierno respecto a la presencia o no de consentimiento por parte de cualquiera de los gobernados, y la imposibilidad de que a través de un procedimiento institucionalizado la oposición llegue al poder”.

Opositores farsantes

Esta farsa democrática tiene muchos cómplices. La base de esta farsa son los políticos a modo del presidente, los cuales, sin el más mínimo respeto por la democracia, aprueban sin leer todo lo que el presidente envía al congreso; este bloque es evidente y está integrado por los legisladores del PRI, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido Nueva Alianza (PANAL). El resto de la farsa la constituye el bloque de legisladores del PAN y del PRD, quienes, bajo pretextos siempre inverosímiles, alternadamente se unen al bloque de los legisladores del presidente para aprobarle todo también. Los legisladores aparentemente en contra –incluyendo a los de partidos pequeños- toman la palabra para contradecir las iniciativas presidenciales; su discurso en tribuna pronto parece convertirse en un predicar en el desierto en una alegada defensa de las mayorías de este país en medio de un huracán de legisladores abiertamente serviles al presidente que terminan por ganarles cada ronda de votación. 

Pero, ¿por qué las figuras de oposición no salen a la opinión pública a denunciar esto? ¿No brillarían más si empujaran una verdadera democratización y denunciaran esta farsa convocándonos a todo el Pueblo a exigir juntos la democratización por medio de una movilización histórica? Después de todo, sus partidos disponen de una estructura territorial para movilizarnos si ellos quisieran. Ello sería la prueba irrefutable de que no son unos farsantes y de que en verdad son nuestros representantes. Sin embargo, no lo hacen porque les conviene, no los dejan o simplemente porque se conforman con interpretar el papel de víctimas del parlamentarismo en esta farsa, que no es más que una obra de teatro.

Para esta obra, ellos luchan entre sí –por medio de las elecciones- para quedarse con el papel de parlamentario opositor; para interpretar el papel del que se desgañita en tribuna defendiendo al pobre Pueblo del infame tirano; tirano al que reiteradamente expresan su coraje para ganar credibilidad. Que ese papel lo interpreten ellos y no otros en nada cambiará nuestras vidas ni la de la Nación. Eso solamente es relevante en la vida personal de ellos, que acrecentarán su fama personal. Las elecciones internas para esas candidaturas de oposición parecen cumplir más bien la función de casting de selección de actores. El guión ya está escrito; sólo tienen que competir entre ellos. Una vez electos, ellos no pueden modificar sus líneas de los diálogos de la obra –sólo el estilo personal. 

Así, las figuras de oposición hacen las veces de válvulas de escape de la presión social, a través de las cuales se calma el ansia popular, pues nos hacen sentir que alguien ya llevó nuestra voz a las más altas tribunas de la Nación. Luego del fracaso al proponer una iniciativa popular, en entrevistas nos dicen: “lo intentamos, soy un convencido de que la próxima vez sí lo logremos”, invitándonos siempre a seguir apoyándolos votando por ellos. Puedo comprender las motivaciones de estas figuras de oposición; para ellos esto es una carrera profesional, con prestigio, privilegios y cuya remuneración suele ser tan buena como la de un parlamentario del partido oficial –o incluso mayor, dependiendo de su papel relativo al interior del grupo parlamentario a que pertenezcan. Todos, con diferentes papeles y vestuarios: actores de la misma farsa.

El caso del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) es el mismo. Aunque este partido dará la lucha, sólo le reconocerán algunas posiciones; las suficientes para que el Pueblo crea que alguien lleva su voz a tribuna, pero menos de las necesarias para que se aprueben sus iniciativas populares. Si las elecciones se definirán nuevamente en Los Pinos y Gobernación, me queda la impresión de que a MORENA se le ha invitado a un fraude electoral en forma de Pacto de Caballeros; me queda la impresión de que MORENA aceptó esa invitación y que, aunque van a presionar muy fuerte para que les reconozcan sus triunfos (como lo hacía la oposición –de izquierda y de derecha- de los años setenta en una mezcla de heroísmo y mendicidad), al final se tendrán que conformar.

Los seguidores de MORENA me parecen el elemento más vulnerable de esta farsa porque los avances de su partido este 2015 les darán falsas esperanzas. En el 2018 nuevamente no los dejarán pasar a la presidencia, luego de lo cual sus líderes volverán a invitar a sus seguidores a desfogarse en marchas y plantones y, un mes después, refunfuñando todos, les pedirán continuar con sus vidas. Sus líderes, no obstante, habrán arrebatado a otros partidos los papeles estelares de líderes del pueblo en el congreso.

Anulación del voto

Así las cosas, en las elecciones del 7 de junio próximo ¿debemos votar, abstenernos, anular el voto, boicotear las elecciones o qué hacer? Para efectos legales, ni la abstención, ni la anulación del voto ni el boicot electoral tienen posibilidades reales de anular la elección[8]. Partidos y gobierno ya se aseguraron que la legislación electoral posibilite que las elecciones sean válidas así sea con un solo voto (además de que ellos controlan el TRIFE[9]).

Para efectos morales, en cambio, la abstención, anulación y boicot sí serán cachetadas con guante blanco al sistema político mexicano actual. Su impacto sería indirecto. Una cachetada con guante blanco surte efecto directo sólo cuando quien la recibe tiene un mínimo de moral –y por tanto de vergüenza- y reacciona ante ello corrigiendo su actuar. Sin embargo, el gobierno y sus partidos carecen de moral y de vergüenza, por lo que la medida no tendrá gran impacto directamente en ellos. 

El impacto de estas acciones provendrá de su eco al interior de cada hogar en el país así como por su alcance internacional. El mensaje de deslegitimación será difundido entre nosotros a todos los mexicanos así como por todos los medios a todo el mundo. Esto fortalecerá la unidad de la sociedad mexicana para exigir con más fuerza la democratización del país. A través de nuestros relatos, estas acciones se traducirán en millones de mensajes a nuestros familiares, vecinos, amigos, redes sociales y por múltiples declaraciones a medios nacionales y extranjeros.

Entre las acciones mencionadas, creo que la mejor es anular el voto. El voto se anula al: i) Escribir un mensaje en la papeleta; ii) Marcar en la papeleta a más de un candidato, o; iii) Depositar en blanco la papeleta en la urna. Ello, además de ser perfectamente legal, será un mensaje pacífico y claro. En contraparte, abstenernos de votar sólo alimentaría el argumento de que nos quedamos viendo el futbol; mientras que boicotear las elecciones –ya sea pacífica o violentamente- abre la puerta a caer en provocaciones del propio gobierno y sus partidos (no necesitamos más mártires en México; los 120 mil de los últimos diez años ya son suficientes).

Existe un no-estructurado pero generalizado repudio de la sociedad mexicana a esta farsa democrática. Este repudio se ha ido manifestando por etapas: la primera fue (y es) la “Acción Global por Ayotzinapa”; la segunda el “Aristegui se queda”; y la tercera son estas elecciones. Mientras el guión de esta farsa está muy claro, el nuestro no está escrito; en ello radica nuestra ventaja.

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* Doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad de Economía de Viena (WU-Wien), en Austria, ex-funcionario de la ONU (CEPAL) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT. Twitter: @SergioSaldanaZ

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[1] “El PAN ya no es oposición; ‘Peña sí cumple’, Madero”. Documental. Revista Proceso. 11 de mayo de 2013. http://www.proceso.com.mx/?p=341740

“PAN cogobierna con Peña Nieto”, entrevista de El Universal a Gustavo Madero del 21 de abril de 2014: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/entrevista-el-pan-cogobierna-con-penia-nieto-como-nunca-madero-1004845.html

[2] La campaña de Carlos Navarrete a la presidencia del PRD fue apoyada por Ángel Aguirre:  http://m.eluniversal.com.mx/notas/columnistas/2014/10/109432.html; y Ángel Aguirre, a su vez, apoyó la campaña de Peña Nieto: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-perredista-que-apoyo-a-pena-nieto.html

[3] “El INE, en crisis por intervención de partidos en elección de Consejeros”. Reportaje de El Universal del 31 de marzo del 2015: http://www.redpolitica.mx/elecciones-2015/ine-en-crisis-por-intervencion-de-partidos-en-eleccion-de-consejeros

“Elección de consejeros del INE tuvo el respaldo de partidos”. Azteca Noticias, 23 de febrero del 2015: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/mexico/213765/eleccion-de-consejeros-del-ine-tuvo-el-respaldo-de-partidos

“Expertos: cuotas de partidos tienen al INE en crisis”. Reportaje de El Universal del 25 de febrero del 2015: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2015/expertos-cuotas-de-partidos-tienen-al-ine-en-crisis-1079903.html

[4] Los magistrados del TRIFE son elegidos por el Senado por medio de ternas propuestas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (y a su vez, los ministros de la SCJN son propuestos a votación del Senado por ternas propuestas por el presidente de la república). Al respecto de la elección de magistrados del TRIFE, véase la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Art. 198: http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/171/200.htm

Respecto de la elección de los magistrados locales, consúltese la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Art. 108: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5345952&fecha=23/05/2014   

También léase: http://www.notisistema.com/noticias/recibe-el-senado-ternas-para-la-designacion-de-magistrados-de-la-sala-regional-especializada-del-trife/

[5] Aquí podrán objetar muchos, en especial los magistrados del TRIFE, que ellos son gente de carrera, que estudian y se preparan mucho día con día. Tienen razón; Eso yo no lo podría objetar en la mayoría de los casos. El elemento que, en contraparte ellos no me podrán objetar, es que al ser ellos postura de alguien dejan de ser independientes en sus fallos: su conciencia ya no es libre.

[6] Al respecto, véase mi respuesta al ex-procurador Murillo Karam al respecto: http://www.losangelespress.org/senor-procurador-iguala-si-es-el-estado-mexicano/

[7] Molina, Ignacio (2007). Conceptos fundamentales de Ciencia Política. Alianza Editorial. ISBN 84-206-8653-0.

[8] Véase el art. 75, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIME), los cuales describen todas las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla, mismas que no contemplan ni la anulación del voto ni la abstención electoral. Si bien el art. 77 de la misma LGSMIME considera que la no instalación de al menos 20% de las casillas en un distrito electoral federal es causal de nulidad de la elección del diputado del distrito correspondiente, impedir que se instalen esas casillas conlleva un alto riesgo de tensión o incluso violencia innecesaria. Innecesaria porque, aun si con ello se lograra anular la elección en algún distrito, puede hacerse efectiva la Tesis LXXII/98 del TEPJF, la cual contempla la expedición de convocatoria para organizar una nueva elección en ese distrito –y así, tantas veces como sea necesario hasta elegir diputado.

http://www.te.gob.mx/ccje/Archivos/presentaciones_capacitacion/sistema_nulidades.pdf

[9] Si bien la Tesis X/2001 y Sentencia SUP-JRC-165/2008 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contempla la invalidez de una elección por violación a principios constitucionales (como la falta de independencia de la autoridad electoral, aquí demostrada), ello queda sujeto a interpretación de la Sala Superior del TEPJF; y ya expliqué a quién se deben sus magistrados. Insisto, el laberinto no es sólo legal, también es político.

VIDEO "La Farsa Democrática"

MAYORÍA PRI-PAN EN CONGRESO CENSURA DEBATE SOBRE REFORMA ENERGÉTICA

(Reproducido de mi columna en la Revista Forbes México del 9 de julio de 2014)

El pasado 10 de junio inició la discusión de la legislación secundaria en materia energética en Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República. Aún cuando se debió aprovechar desde ese primer día para analizar esta reforma energética, la discusión se ha empantanado: PRI y PAN sigue luchando por reducir al mínimo la duración del debate, mientras que el PRD insiste en mantener un debate con mayores tiempos para la argumentación y con transmisión en televisión abierta en cadena nacional. Sin embargo, la propuesta de PRD no prospera aún, ya que PRI y PAN han formado un bloque que sistemáticamente vota todo en la dirección de avanzar en la aprobación de esta legislación sin discutir y sin modificarle ni una coma a las iniciativas del Presidente Peña.

Es una lástima que siendo el Senado la cámara alta de nuestro Parlamento se nieguen la mayoría de sus miembros a hablar (a parlar, de ahí "Parlamento"). A juzgar por las intervenciones en el tema que hasta el día de hoy han tenido los legisladores del PRI y PAN, parece que no han ni leído las leyes secundarias en cuestión; si lo hubieran hecho ya habrían argumentado con seguridad y confianza exponiendo sus virtudes, argumentando sus beneficios, convenciendo al Senado y a la Nación.

Si PRI y PAN siguen cerrándose a discutir esta legislación energética, el Senado dejará de ser un Senado y pasará a ser –ante los ojos del Pueblo de México y del mundo entero-, una oficina donde la mayoría son unos simples empleados del Presidente de la República; o peor aún, parecerían unos muy malos empleados del Presidente de la República, pues son incapaces de entender y defender hasta la propia propuesta del jefe.

Suele criticarse mucho al ex-dictador chileno Augusto Pinochet, entre otras cosas, por sus medidas neoliberales en Chile pero, ni aún ante la insistencia de muchos de sus ministros durante los años ochenta, ni él privatizó CODELCO, la empresa paraestatal de extracción y comercialización del cobre, el equivalente de PEMEX para los chilenos. Y acá en México, que se supone es una democracia, acá no sólo el Presidente de la República sino también una mayoría de Senadores pretenden la privatización de facto de PEMEX sin siquiera permitir el debido debate.

De continuar este mayoriteo en materia energética sin siquiera permitir la exposición de argumentos, el Senado Mexicano mandará una señal más a la ciudadanía de que ha renunciado a representar a la mayoría de los mexicanos y con ello el Senado habrá perdido su razón de ser.

El hecho de que la mayoría que forman PRI y PAN en este cuerpo legislativo se niegue a debatir ampliamente la legislación secundaria energética y que en lugar de permitir el flujo de argumentos, entendimientos y convencimientos, opten por obedecerle ciegamente al Presidente de la República y no al Pueblo de México, a quien –legítimamente o no- representan en esa tribuna; ese hecho tira abajo el sistema de representatividad de esta República.

Si permitimos esto ¿qué sigue? ¿Que como disponen de mayoría, en una de estas les ordene el Presidente de la República disolver el congreso para instaurar una dictadura y como PRI y PAN son mayoría levantarán la mano para terminar con lo que aún nos queda de República?

La Juniorcracia Mexicana

Ser un junior que accede al poder no tiene nada de malo en sí, siempre y cuando ese acceso se haya dado en condiciones de igualdad democrática. No deben demeritarse el talento y capacidad que un individuo pueda tener tan sólo por ser descendiente de un ex-gobernante. Sin embargo, debemos recordar que México, en buena medida explicado por traumas históricos, está constituido como una República Representativa, Democrática, Laica y Federal (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 40). Como República que es en su forma de gobierno, las características monárquicas de acceso al poder, como la herencia del trono, no pueden tener cabida en México. Sin embargo, en la práctica son cada vez más los arribos al poder en México de una forma muy parecida a un trono virreinal. Debemos recordar que la monarquía es algo contra lo que México ha luchado mucho a lo largo de su historia debido a las amargas consecuencias de injusticia que nos han acarreado. Estas monarquías, tanto las institucionalizadas -como el periodo colonial- así como las disfrazadas –como durante el Porfiriato- han desembocado en un tremendo resentimiento y a la postre en estallido social. México es una República Democrática en tanto que el poder emana del pueblo, y no de ex-gobernadores, como en la práctica sucede con los descendientes directos de ex-gobernadores, pues su llegada al poder no se la deben al pueblo, sino a su familia, por lo que terminan gobernando en beneficio de esta y de sus aliados. México es una República Representativa en tanto el poder no es ejercido de manera soberana por una sola persona, sino de manera compartida por medio de la representación del pueblo y del Estado por medio de tres poderes. En la práctica, sin embargo, en muchos estados de la república el gobernador es un soberano y los poderes locales están encabezados por sus personas de confianza, dando paso a la generación de una burocracia que más bien se comporta como una corte obediente, servil, que a lo más que aspira es a murmurar sobre los excesos del soberano, y que en casos extremos se limitan a refunfuñar pero con un miedo tan grande que no les permite alzar la voz. Esta sumisión es la que facilita que el ascenso de los juniors al poder se haga de una manera tan natural, que acaba por hacerle sentir al pueblo que incluso lo tienen merecidísimo. Como en los regímenes autoritarios, son raras las voces que cuestionan lo anterior por parte de miembros de esta sociedad. El Pueblo de México debe defender su Constitución Política. Lo anterior se hace por medio de algo conocido como Agenda Ciudadana. La Agenda Ciudadana contempla un sistema de premios y castigos a actores políticos en función de su cumplimiento con los preceptos de nuestra Carta Magna. La responsabilidad de que tantos juniors lleguen al poder la tienen los partidos políticos, cuyas dirigencias suelen conceder las candidaturas debido a que ellos mismos, por lo general, son elegidos por intercesión de ex-gobernantes. Esto podría evitarse si lograramos imponer candados a los partidos poíticos para la postulación de este tipo de candidaturas. Una forma de lograrlo sería fiscalizando la fabricación de méritos políticos y profesionales a hijos de ex-gobernantes (ex-gobernadores y ex-miembros altos de los tres poderes -secretarios de estado, senadores y ministros de la SCJN). Así, podrían postularse solamente los juniors que en efecto tengan grandes méritos -pues prohibirselo contradiría al artículo 35 constitucional, que garantiza la prerrogativa de todo ciudadano mexicano de votar y ser votado.

(También véase mi columna en el Diario Contrapoder en Chiapas La Juniorcracia chiapaneca)

Elecciones intermedias del 5 de julio de 2009 en México: continuidad y cambio

La física kepleriana señala que la mutua influencia gravitatoria que ejerce un astro mayor sobre los demás determina las órbitas de los sistemas planetarios. A pesar de ser duales y pasar por períodos donde aumenta su polarización, los planetas mantienen órbitas relativamente estables. Análogo, el dualismo social tiende a la polarización y al enfrentamiento. Lo anterior lo conocieron muy bien las civilizaciones de la antigüedad. Esos dualismos también tendían a polarizarse y a confrontarse. Luego del enfrentamiento esas sociedades se reorganizaban en Estados con formas de organización política y socioeconómica de evoluciones similares, con lo que puede presenciarse cierta estabilidad de largo plazo, con un eslabonamiento de equilibrios múltiples a través del tiempo.

La repetición de la historia parece ser algo relativo. Hasta donde llega nuestro conocimiento de la historia de la humanidad –y del universo-, ninguna vuelta a un orden es total, sino lleva implícita una ligera carga de cambio, en sentido similar a la revuelta planteada por Octavio Paz o la espiral de Herman Hesse. Kepler en su Astronomia Nova, descubre que las órbitas de los planetas no se acogían a la perfección del círculo, sino a la elipse, que ya Apolonio de Pérgamo había descrito en sus textos sobrevivientes a la destrucción de la biblioteca de Alejandría. Kepler descubre que los planetas se mueven en órbitas elípticas si se les observa en un plano tridimensional. Siglos después, sin embargo, la teoría de la relatividad general de Einstein descubriría que ese movimiento elíptico planetario se convierte en línea recta si se le observa en el plano cuatridimensional de espacio-tiempo.

El triunfo electoral del PRI el día de ayer parece un claro anuncio de su retorno al poder en México. El abstencionismo, principal aliado del partido con la mejor estructura territorial, contribuyó en gran medida. Mientras que en un período de bonanza económica el abstencionismo es señal de aprobación apática a la gestión de los partidos, en el actual entorno de crisis ello significa otras cosas:

i) ante los decepcionantes resultados del PAN durante los últimos 9 años, los sectores más conservadores de la sociedad mexicana han preferido la seguridad del PRI;
ii) otros sectores han retrocedido en su participación electoral por una apatía creada por la falta de contundencia que perciben de esta vía;
iii) en otros sectores la inconformidad ciudadana contra todo el sistema de partidos no era tan grande como creíamos;
iv) en otros la moral está tan relajada que no ven nada malo en las prácticas de los gobiernos recientes;
v) otros sectores se contentan con darle un voto de castigo al PAN ayudando al PRI;
vi) sólo el –minoritario- resto diseñará e impulsará los cambios de fondo necesarios para el país.

Sí, claro que existe la continuidad, pero esta también viene impregnada del cambio que aportan estos últimos. El reto consiste ahora en encausarlo.

Democracia mexicana: tradición y modernidad

Cuando en 1932, tras una década de crisis económica, Alemania se desencanta de la República de Weimer y gira el timón hacia el Nacional Socialismo, lo que queda al descubierto es lo vulnerable que era su democracia. Aun cuando las condiciones de la Alemania de entreguerras eran relativamente más difíciles que en otras democracias de la época –especialmente por lo reciente de la pérdida en la Primera Guerra Mundial–, la fallida implementación de mecanismos de reducción de vulnerabilidad democrática es lo que a la postre marca la diferencia. Como en otras partes de Latinoamérica, la democracia en México está siendo recurrentemente cuestionada tanto por sus actores políticos y económicos como por la sociedad civil misma debido a, entre otros hechos, su paralelismo con un pobre desempeño económico y con la ausencia de cambios notorios en materia de lucha contra la delincuencia y la corrupción. Lo anterior descubre la vulnerabilidad democrática en el país, tras de la cual yacen inconsistencias en el diseño del Estado mexicano que le enfrentan con su realidad histórica. Con el tiempo, estas inconsistencias se han arraigado, generado inercias de las que aún es difícil escapar.

El proceso histórico de conformación democrática en México, como el de la mayoría de ex-colonias aún entrampadas en el subdesarrollo, es un continuo debate entre la búsqueda de un modelo democrático basado en su propia tradición y la adopción de modelos vigentes en las democracias liberales de occidente. Desde mediados de los noventas, la transición política en México orienta nuestra democracia convergentemente hacia las democracias liberales de occidente y, con ello, la aleja del modelo vertical derivado la revolución mexicana de 1910. No obstante, la democracia en México, como en la mayoría de países latinoamericanos, se encuentra actualmente en una etapa de cuestionamiento sobre su eficacia, especialmente debido al pobre desempeño económico que le ha acompañado. En este planteamiento la vulnerabilidad, entendida como la susceptibilidad de un sistema a absorber negativamente choques externos, pone inequívocamente a la democracia en entredicho. Como veremos, esta vulnerabilidad proviene en buena medida de inconsistencias del método usado en el diseño e implementación de la democracia como forma de gobierno en México a lo largo de su existencia como nación independiente. Así pues:

¿Ha sido nuestra democracia diseñada bajo los planteamientos más apropiados? ¿Deben ser éstos racionalistas o empiristas? ¿Poseen consistencia interna en su diseño y coherencia con la realidad en su implementación? ¡¿O es que diseñamos un sistema tan mimético que ni nosotros mismos somos ahora capaces de implementarlo coherentemente?! ¿Qué es más fácil, construir un nuevo sistema o transformar a la sociedad mexicana para que se adapte al actual?

La tradición anti-democrática mexicana (1a Parte): ¿un producto histórico?

Es difícil saber hacia dónde exactamente se dirige el país. Lo que en cambio no es tan difícil saber es que no va hacia la construcción de una verdadera democracia, tampoco a la edificación de una civilización, ni tampoco hacia un mayor nivel de bienestar nacional. La falta de democracia es el primer elemento que enumero porque es el de raíces más antiguas.

El suelo que hoy da forma a la República Mexicana nunca ha sido plenamente democrático. No lo era en tiempos de las civilizaciones precolombinas. Aunque estas, unas más que otras, destacaban en las ciencias, las artes y en su organización social, estaban erigidas sobre un orden jerárquico y autoritario. Parte de la explicación de por qué la conquista fue relativamente sencilla para la corona española radica en el hábito al orden jerárquico de los pobladores de estas regiones. Por su parte, la obsesión evangelizadora que en los españoles dejó la entonces recién reconquista de España complementa esa explicación. Así, ambos bloques de culturas tenían en común el hábito a los órdenes jerárquicos, autoritarios: del Huey Tlatoani y del rey; de la clase sacerdotal y de la iglesia católica; de la penitencia y la ofrenda.

Al cabo del siglo XVI, ambas tradiciones jerárquicas se habían prácticamente acoplado. España integró a criollos y, en menor medida, mestizos a la vida española, concediéndoles un trato jurídico y económico de iguales respecto de los habitantes de los reinos mismos de España; a los indígenas, por su parte, los asimiló por medio de la evangelización y la encomienda. Aunque estos últimos no gozaban de una movilidad social comparable a los primeros, su condición de dominados era tolerable comparada con la esclavitud que privó en las colonias inglesas, francesas u holandesas en otras latitudes.

Algo muy distinto sucedió con los pueblos de Aridoamérica, conquistados y prácticamente exterminados por los ingleses. Lo nómada de los pueblos indios del actual EUA inhibió el desarrollo de estructuras políticas más complejas que hubieran podido exponerse a un proceso de asimilación por parte del conquistador. A lo anterior se suma la ausencia de una misión evangelizadora por parte de los conquistadores ingleses, protestantes en su mayoría. Mientras los conquistadores católicos traían por misión el evangelizar al Nuevo Mundo –para así compensar la deserción católica en el centro y norte de Europa-, los protestantes traían una meta refundacionista. Estos últimos percibían al orden católico y sus instituciones como la causa prima de la decadencia económica y social europea. De ahí su interés no en asimilar a otros pueblos, sino en establecer un nuevo orden. Un nuevo orden que, aunque con una franca fe en Dios, basado en estructuras no teocráticas. De ahí su aversión al animismo amerindio.

Ahora bien, la independencia mexicana respecto de la corona española y la vida nacional del siglo XIX está cargada de demostraciones no de la conformación de una sociedad que se organiza de sus bases a sus élites y viceversa; tampoco se observa un proceso claro de lucha y negociación de clases. Si lo anterior pasó fue tan solo al inicio de los movimientos armados: fueron los que se reunieron la madrugada del 16 de septiembre de 1810 –en realidad siguiendo a la Guadalupana; o los que marcharon con Morelos al sacrificio; o hasta los indígenas que durante el mandato de Santa Ana incluso llegaron a levantarse defendiendo posturas conservadoras. Lo que al final lograron esos movimientos fue un reacomodo entre élites: mientras tanto, la implementación de la democracia y la integración de los grupos marginados al poder siguió posponiéndose.

Obsesionados por el refundacionismo puritano que exitosamente dio paso a los progresistas EUA, los liberales mexicanos del S. XIX se propusieron hacer lo propio construyendo una república. Para ello tuvieron que enfrentar el jerarquismo y el autoritarismo histórico propio de la amalgama de pueblos de los que se articuló este país. Siempre vale la pena preguntarse en este punto si no más bien valía la pena construir un orden basado en la realidad autoritaria para ir haciendo madurar a la sociedad hacia la democracia y sólo después de ello instaurar una república.

Aunque se obtuvieron enormes conquistas para que, al menos, el diseño del Estado mexicano transitara de Estado Feudal a preindustrial, los movimientos liberales del siglo XIX no modificaron el status quo de forma tal que se permitiera que el pueblo lograra gobernar. El Porfiriato es la consecuencia materializada de esa inercia.

Ciudad de México, 21 de marzo de 2009

La tradición anti-democrática mexicana (2a Parte): del porfiriato a los 1980's

La apuesta de Porfirio Díaz era clara y entendible: el progreso. Creía que primero se tenía que realizar una acumulación de capital considerable antes de empezar a redistribuir. En esto el positivismo, la teoría económica clásica y el materialismo dialéctico son interpretaciones complementarias de esa postura. Visto desde el paradigma económico predominante de la época (Marshall, Pigou, etc), el desarrollo económico no puede basarse en la atomización de la propiedad rural ni en la simple producción de materias primas, sino en la concentración de los medios de producción en manos innovadoras. Así, tierra, trabajo y capital debían alcanzar grandes escalas. Fallidamente, en el Porfiriato ello devino en latifundismo, esclavitud y usura, respectivamente. En su inicio, la apuesta de Díaz tenía no sólo una perfecta lógica económica, sino además la mejor de las intenciones. Sin embargo, la propiedad de los medios de producción fue tomada ya sea por hacendados, en uso de su tradición jerárquica, o de anglosajones, abiertamente respaldados por sus potencias. Por ello, Porfirio Díaz poco podía extraerles de solidaridad social hacia el país, haciendo que el tránsito a la generación del mercado interno tuviera que posponerse indefinidamente. Ese tránsito que nunca ocurrió hizo que su proyecto modernizador no sólo se estancara, sino que abortara por completo: tuvo que conformarse con la simple producción de materias primas y gobernar la concentración extrema de la riqueza. Esa trenzada estructura de élites del Porfiriato fue principalmente la que le impidió al Estado recaudar los impuestos suficientes para emprender una cruzada educativa y demás mecanismos que cerraran la brecha social. La falta de educación del pueblo mexicano era lo que, en el fondo y con razón, llevó a Díaz a considerar que México no estaba listo para la democracia. Los gobiernos posteriores a la revolución de 1910, y a pesar de la cruzada vasconcelista, tampoco elevaron al pueblo al nivel de ser capaces de vivir en democracia.

En los pocos enclaves del país en donde la educación posrevolucionaria se expandió con exitosos resultados a más amplios sectores del pueblo, surgieron demandas democratizadoras genuinas. Gracias a esa difusión educativa, entendieron los procesos revolucionarios del pasado como los escalones hacia la desconcentración del poder y el ascenso más generalizado del pueblo al poder. Ahí, el Estado reprimió. En momentos de la historia como en 1958 con el movimiento ferrocarrilero, en 1968 con el movimiento estudiantil, en 1971 con el movimiento periodista, en 1988 con el FCRN, hemos observado un sector del pueblo que creyó en la democracia. En sus movimientos ven su acto expiatorio; en su movilización su purificación. Similar a la frustración que la contraorden genera en cualquier adiestramiento, una resentida decepción se ha incubado en esos grupos.

La democratización de un pueblo no es, como ya hemos vivido en este país, el asignar presupuesto y estructura a instituciones. Es en realidad algo de lo que aún el país está muy lejos. El hecho de que sólo una minoría de este país esté lo suficientemente educada para aspirar a construir una democracia es lo que impide su realización. Por minoritarios, quienes están dispuestos a proponer democracia y transparencia reales, en el mejor de los casos, se quedan hablando solos; en casos peores son denunciados y condenados –casi siempre por sus mismos entusiastas correligionarios iniciales. Ese abandono que sufre la minoría conciente continuará mientras sean lo que son, minoría.

Ciudad de México, 21 de marzo de 2009

La tradición anti-democrática mexicana (3a Parte): los 1990s y el retroceso institucional a partir del 2000

El resentimiento de quienes han, fallidamente, tratado de instaurar una democracia real se ha transmitido a las nuevas generaciones. Ello ha permitido la renovación de cuadros en pos de la democracia. Me parece que, aún con ello, en este país se sigue reproduciendo más rápidamente la masa que vive en la ignominia. Ello da razones para ser pesimistas respecto de la proliferación de una mejor sociedad en este país. La mala calidad de la educación básica está impidiendo que las filas de los sectores pro-democracia tampoco se engruesen. Con tan débil educación, el crimen ha encontrado campo fértil para tejer una enorme red. Alguien podrá decir que ello se debe no sólo a la deficiente educación de este pueblo, sino también a la crisis mundial de valores en que estamos inmersos. Sin embargo, si la crisis de valores es mundial –y no reciente, como puede observarse desde las obras de Camus, Sartre, etc.- ¿por qué los países europeos siguen avanzando en sus procesos civilizatorios mientras este país retrocede velozmente hacia el salvajismo? Entonces no podemos culpar tan sólo a esta crisis de valores.

Aquí llego a la parte más importante del mensaje que les quiero transmitir: el escenario más probable. No hay las condiciones para el arribo de la democracia. De las élites no puede venir: erróneamente, no visualizan conveniencia en ello. Aún si vieran que a la larga vivir en democracia es más conveniente incluso para ellos (porque tendrían acceso a un mercado de mayores ingresos, mejores bienes públicos, etc.) y decidieran apoyar procesos democráticos, anti-monopólicos, etc., también ellos se quedarían solos, pues el resto de la gente, al no visualizar la utilidad de la democracia ni estar dispuestos a cumplir lo que ella implica a todos los niveles en todas las esferas de su vida (respeto, legalidad, transparencia, estado de derecho, etc.), no actuarían para preservarla. Entonces más bien parecería una democracia forzada, cosa que no sobrevive por mucho. Por su indefensión, cualquiera la arrebata. Así, el IFE ciudadano de 1997, conquista de una minoría intelectual, fue arrebatado por los partidos en 2003, partidos que, en el fondo, reproducen los vicios de autoritarismo y corrupción de la clase dirigente del país. Al IFE de 1997 le faltó respaldo popular. En parte porque no supieron convocar ese cobijo. ¿O es que presentían que las mayorías no iban a entender su reclamo? Probablemente. Y es que la clase dirigente es, en el fondo, reflejo de la cultura predominante de un país. Tienen sus aspiraciones y sus tentaciones, en el caso de México, mediocres y voraces.

Ciudad de México, 21 de marzo de 2009