Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla
Aun cuando podrían ser útiles las diez medidas en materia de seguridad que recién anunció el Presidente Peña, estas carecen de medidas de fondo para el desmantelamiento de las estructuras más corrompidas del régimen. Al no incluirse, implícitamente se renovó el pacto con lo peor del Estado mexicano. Al no tocarlos, el Presidente Peña ratificó una especie de pacto de impunidad que priva en el país; ratificó a los mismos mandos policiacos y militares, a los mismos ministros de la corte, a los mismos magistrados, jueces y agentes del ministerio público, a los mismos procuradores de justicia y, en general, ratificó a los mismos encargados de la justicia y la seguridad pública que nos han llevado a donde hoy estamos. Esa ratificación condena las diez medidas del Presidente a un inminente fracaso; serán simulación pura porque los mandos más corrompidos seguramente impedirán su implementación.
Por lo urgente de la coyuntura[1], no quiero detenerme a especular si el Presidente Peña no quiso, o no pudo o no le dejan desmantelar esas estructuras. En su lugar, mejor tomémosle la palabra al Presidente en su ofrecimiento de que él encabece los esfuerzos para establecer un pleno estado de derecho con cambios de fondo: pidámosle nosotros, la sociedad civil, la conformación de una Comisión de la Verdad sobre la Justicia y la Seguridad en México, así como el consecuente enjuiciamiento de quienes resulten responsables. El caso argentino de los procesos de los años 80 contra los miembros de la Junta Militar nos deja una clara lección al respecto: las desapariciones forzadas en ese país no cesaron sino hasta que se enjuició a los mandos involucrados del ejército y la policía[2].
Como hoy la gran mayoría de los mexicanos ya no confiamos en quienes nos procuran justica[3], nuestra Comisión de la Verdad deberá integrarse por ciudadanos:
i) Conocedores de temas de justicia
ii) Con prestigio académico
iii) Con probidad
iv) Ajenos a los partidos políticos
v) Independientes de los mandos altos del gobierno.
Esa Comisión será coordinada por una misión especial de Naciones Unidas –como se hizo en Guatemala en los 1990’s[4]- a fin de garantizar que no se transará con las pruebas ni con las sentencias. Esa Comisión realizará una investigación transparente y ágil a todos los probables responsables de la actual inseguridad e impunidad en el país, incluyendo a mandos de las policías, del ejército, a jueces, magistrados, ministros y a personal de procuradurías y ministerios públicos. Derivado de las investigaciones, se iniciarán los juicios correspondientes, los cuales serán públicos y se transmitirán en vivo por todos los medios de comunicación posibles. Derivado de las investigaciones y de los juicios muy probablemente resultarán más personas implicadas provenientes del resto del gobierno y de la sociedad mexicana. Este será el primer paso para satisfacer la generalizada demanda de justicia.
El segundo paso consiste en prevenir que esta crisis de seguridad y justicia se repita. Ello exige el rediseño del sistema de seguridad pública e impartición y procuración de justicia en el país. Lo anterior debe basarse en una Política de Estado. Una Política de Estado es el conjunto de criterios de actuación del poder público para la realización de los fines del Estado. Los fines del Estado comprenden mínimamente la provisión de seguridad pública y la procuración e impartición de justicia. Aunque México ya comprende esos fines en su Constitución Política, aún tenemos que convertirlos en Política de Estado. Esa Política de Estado debe fijar objetivos concretos de cumplimiento[5], mismos que, mínimamente, deben contemplar:
1. Implementar procedimientos policiacos y militares que garanticen el respeto a los derechos humanos con penas muy altas por incumplimiento. Deben considerarse como guía a los códigos de Alemania, Austria y Suiza.
2. Adoctrinar a las fuerzas armadas y a la policía con un inquebrantable código de honor y principios de lealtad al Pueblo de México. El adoctrinamiento recibido actualmente sobre lealtad y la ideología de servicio a la Nación es débil y lo poco que existe está hoy más que nunca antes en contradicción con las prácticas mercenarias de las que existen fuertes indicios en distintos mandos del ejército y la policía. Necesitamos una sólida doctrina militar y policiaca en México. Al respecto, podemos basarnos en documentos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que cuenta con quizás la doctrina militar mejor estructurada del mundo[6].
3. Ciudadanizar los consejos de la judicatura federal y de las entidades federativas a fin de impedir que, como ha ocurrido hasta ahora, se seleccione personal que sirva al presidente de la república y a los gobernadores. Ello ha anulado la división de poderes e impedido la impartición de justicia en México –lo cual ha sido especialmente grave en los casos en que miembros del poder ejecutivo obedecen a organizaciones criminales. También debe adoctrinarse a los servidores del poder judicial y castigarse con prisión el incumplimiento a los principios de independencia de poderes, lealtad a la patria y honradez, así como la aplicación de criterios de exhaustividad en la investigación y justicia en la aplicación de las leyes.
4. Constituir una defensoría de derechos humanos ciudadana e independiente. Esta defensoría realizará una vigilancia permanente a todo el aparato gubernamental y se le dotará de facultades de fiscalía para actuar contra funcionarios públicos que cometan violaciones a los derechos humanos. A quienes se desempeñen en esta defensoría se les seleccionará por su impecable trayectoria y además deberá inculcárseles una sólida moral.
Sólo si se implementan medidas de fondo como éstas se nos demostrará a los mexicanos que sí existe una verdadera voluntad política por superar esta crisis. Hoy estamos confrontados con nosotros mismos, con nuestra tradición antidemocrática, con nuestra historia de autoritarismo; hoy estamos, sin embargo, obligados a romper con esa tradición y con esa historia, estamos obligados a seguir empujando hasta lograr la refundación del Estado mexicano para acuñarle a sus instituciones una moral inquebrantable que perdure por siglos.
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NOTAS
[2] Consúltese:
Ciancaglini, Sergio y Granovsky, Martín (1995). Nada más que la verdad: el juicio a las juntas. Ed. Planeta. ISBN 950-742-664-7. Buenos Aires, Argentina.
[3] Al respecto (por inferencia):
– 81% de los mexicanos no confía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Véase:
Barba, Sandra y Sanginés, Gabriela (2010). “Confianza y Legitimidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”. En: Confianza en las Instituciones, Coord. Moreno, Alejandro. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Pp. 201-225. México, DF.
[5] A plazos de 5, 10, 15 y 30 años; recordemos pues que se trata de la vida del Estado, la cual debe superar la perennidad y sesgos de los gobiernos a fin de garantizar la trascendencia del Estado. Al respecto, véanse:
Montesquieu, Charles (2001). Del Espíritu de las Leyes. Ed. Porrúa. México, D.F.
Porrúa Pérez, Francisco (2000). Teoría del Estado. Ed. Porrúa. México, D.F.
Serra Rojas, Andrés (1984). Teoría General del Estado. Ed. Porrúa. México, D.F.
Twitter: @SergioSaldanaZ
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