La sociedad... que se organice

En una conversación el día de ayer con Roberto Juárez de la Rosa coincidíamos sobre el decaído ánimo de los mexicanos en este momento. Él es médico en una de las zonas más marginadas del país: La Presa, Municipio de Tlalnepantla, Estado de México. En su percepción, las mayorías con las que él tiene trato diario viven crecientemente bajo un clima de decepción.

Durante sus más de cuarenta años como médico de esta zona, él ha sido testigo del arribo de un sinnúmero de inmigrantes del campo que se asientan en la zona con miras a abrirse paso en la Ciudad de México; lo que más les ha caracterizado a lo largo de este tiempo es el entusiasmo que, a pesar de las dificultades, esta lucha de ascenso social le produce a estas personas.

Dentro de este período él también ha corroborado estas actitudes incluso aún en tiempos de crisis económicas: 1976, 1981, 1987, 1994. En este 2009, sin embargo, la sensación ha sido distinta. Hay un desánimo y una angustia porque el mal estado de la economía y de la sociedad mexicana no es percibido como algo transitorio. El actual desánimo de esta gente no se debe, entonces, simplemente a sus condiciones de marginación y a la crisis. Se trata en este caso de la falta de esperanza en la construcción de una vida mejor durante un largo tiempo en el futuro.

La sensación generalizada en estas personas de que no están en camino a una vida mejor genera la impresión de que el conjunto de acciones que ellos han realizado dentro del sistema de códigos jurídicos y morales vigentes no son suficientes. Es entonces que han entrado en un estado de desmoralización. La sensación de no estar construyendo una mejor comunidad se debe en realidad a la ausencia de un objetivo armonizado dentro de esta. Lo anterior, reproducido a escala nacional, es el equivalente a la ausencia de un proyecto nacional.

A grandes rasgos he propuesto en este blog un proyecto de nación. Producto de una frecuente crítica social, económica y política tan documentada como mi tiempo y acceso a información me lo han permitido, he publicado una cantidad de artículos periodísticos, científicos y reportes en los que he tratado de explicar la causa de los principales problemas del país, así como he propuesto algunos pasos para su solución. La implementación de esas propuestas depende ahora de la entereza de quienes las promovamos. Ellas, sin embargo, no se sostendrán si en el plano comunitario la gente no se organiza para resolver sus problemas cercanos.

Tenemos en México una clase política que, ahora más que nunca antes, parece vivir una realidad aparte de la nuestra. Tenemos que estar concientes que, debido a su autismo, indolencia e incapacidad, no podemos esperar demasiado de ellos. Lo anterior se debe en buena medida a los fallos representativos de nuestro sistema electoral. También debemos estar concientes de que en tanto nuestra sociedad continúe tan desarticulada como crecientemente lo está, seremos incapaces de corregir esos fallos de representatividad.

Hasta ahora, los cambios en México han venido generalmente desde arriba. Los pocos intentos organizados de los de abajo por mejorar sus condiciones se han dado en un estallido y aún así han fracasado. La historia reiteradamente nos lo demuestra. Los seguidores de Hidalgo y de Morelos se dispersaron después del respectivo fusilamiento de estos insurgentes. Las demandas de los zapatistas durante la revolución mexicana no fueron satisfechas por el triunfo de su movimiento; este fue derrotado, primero, por Pascual Orozco y Carranza al consumarse el asesinato a Emiliano Zapata y, posteriormente, fue relegado a segundo plano por el obregonismo que lo adoptó. Una vez derrotados y dispersos los zapatistas, una parte de la élite triunfadora impulsó, no obstante, la satisfacción de sus demandas más elementales. Ello, más que por fines de justicia social, respondió a necesidades de pacificación y gobernabilidad para que el grupo triunfador reorganizara la vida del país.

Relaciones similares han sucedido con otros movimientos populares: el movimiento ferrocarrilero, que deriva en algunas concesiones para la clase sindicalista; el movimiento estudiantil de 1968, que abre el camino al sistema de partidos, entre otros. Así pues, mientras negar los logros de esos movimientos sería ciego, reconocerles conquistas sociales sería exagerado; lo que en su lugar han logrado son concesiones sociales; por eso en nuestra historia no contamos con estadistas emanados de los movimientos sociales, sino con mártires míticos del pueblo.

Aún con eso, la vigencia de esos mártires es lo que ha elevado la moral a nuestras mayorías. Por eso la actual caducidad de nuestros mártires nos ayuda a comprender la actual desmoralización de nuestro pueblo. En estos momentos parece difícil el resurgimiento de ese tipo de mártires míticos. El actual disfuncionamiento representativo de la clase política mexicana, combinado con el enorme poder de las dos principales televisoras del país, impedirían la popularización de un líder con esas características.

Lo que, en su lugar, sí podría y debería surgir es un liderazgo emprendido desde el tejido social. Para ello es necesario que la sociedad civil se modernice para organizar sus demandas y exigirlas dentro del marco contractual. Ello imlica que dé el paso hacia la madurez; que no siga esperando a un Quetzalcóatl ni a un Prometeo ni a ningún otro Mesías que ofrende su vida por estos hombres, sino que estos hombres se conviertan en ciudadanos y actúen como sociedad adulta. Que no permitan que los problemas y la injusticia crezcan para actuar sólo cuando la situación ya es insoportable: que solucionen los problemas tan pronto como estos aparezcan.

La formación de ciudadanos, no obstante, requiere de un proceso educativo. La puerta a ello son la educación institucional de las mayorías y la organización social pacífica. La primera la ha mantenido obstaculizada el actual sistema de educación pública -al que hay que depurar sin consideraciones. La segunda (la organización social) es entonces la única opción inmediata disponible.

Para ello debemos comenzar por la organización de grupos de identificación de problemas de la comunidad [*] para que propongan soluciones concretas. Cualquiera de nosotros puede iniciar con ello. Los pasos a seguir son:

1. Organizar un grupo de personas con el mismo interés y compromiso que uno por mejorar su realidad local y la del país;
2. Identificar y jerarquizar los principales problemas;
3. Hacer una lluvia de ideas de solución;
4. Identificar a todos los involucrados y gente necesaria para solucionarlo (vecinos, colegas, expertos, autoridades, etc.), invitarlos a unirse y comprometerlos a lograr las soluciones;
5. Divídir las tareas.

Si la suma de las capacidades personales de quienes se organicen no alcanza para lograr los objetivos, debe pedirse ayuda a otras organizaciones de la sociedad civil: apelar a la solidaridad. En caso de necesitarlo, también pongo a la disposición nuestra Fundación así como nuestra orientación para llevar a cabo estas acciones y romper este círculo vicioso de problemas-pasividad-mayores problemas que mantiene atrapado a nuestro país.

[*] Consúltese por ejemplo la Metodología del Marco Lógico.

Refundación Económica

Me parece poco comprensible que el gobierno mexicano no haya aún implementado las medidas económicas de fondo para evitar el ahondamiento de la crisis actual. En parte, dicha crisis se deriva de la crisis mundial, acentuada por el reciente brote de Influenza humana A/H1N1. Por otra parte, esta es una crisis anunciada desde hace mucho tiempo debido al alto riesgo que implica la actual alta dependencia de la economía mexicana de la de los EUA. A este respecto, muchos diseñadores de políticas públicas del país durante los años 40’s y 50’s ya advertían del enorme riesgo que una orientación demasiado ligada a ese país implicaba: si militar y políticamente la presencia de los EUA ya era asimétrica, no había entonces por qué extender esa asimetría a la esfera económica.

Los planeadores de políticas públicas mexicanos de los 80’s y 90’s no lo creyeron así y apostaron por reforzar esa asimetría. Aún cuando lo anterior tiene la lógica económica de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que el comerciar con un mercado vecino tan complementario y vasto como el de los EUA implica, ello también implica, como actualmente sucede, el riesgo de absorber negativamente los choques externos provenientes de los vaivenes del vecino.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció su pronóstico de crecimiento económico para México: -4.8%. Dada la tasa media de crecimiento demográfico en México del 1.1% anual, el crecimiento del PIB per cápita se aproximaría entonces al -6%. Ahora, para mitigar los efectos negativos de ese decrecimiento económico, el gobierno se ha concentrado más en el discurso que en medidas tangibles. No obstante, no son los discursos sino los actos materializados de la autoridad los que influyen las expectativas y decisiones de los actores económicos. Así, el Plan Nacional de Infraestructura anunciado en 2008 en poco alteró las decisiones privadas debido a que las inversiones programadas para el actual sexenio son casi las mismas que las propuestas antes del advenimiento de la crisis.

Algo similar pasa con el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado el 7 de enero, en el que se presentan soluciones que no servirán de mucho ante la magnitud del decrecimiento económico. Dicho acuerdo presume un congelamiento de los precios de las gasolinas, cuando en realidad estos ya se encontraban en niveles superiores a los precios internacionales de referencia –por lo que su congelamiento ya era algo exógeno. También presume la reducción de tarifas eléctricas y de gas para empresas. Aun cuando lo anterior es entendible como mecanismo de contención de la inflación por el abaratamiento de insumos, esto no desacelerará el desempleo, pues la contracción del consumo mantiene deprimida la producción. El factor crítico de la economía no está ya en los insumos, sino en la baja demanda. Además, ese tipo de subsidios contribuye a aumentar el riesgo moral de las empresas al desincentivarlas para que hagan un uso energético más eficiente y, más aún, para que transiten hacia la adopción de energías renovables.

El gasto en esos subsidios a las empresas estaría mejor asignado si se destinara a un seguro de desempleo, a expandir la cobertura del IMSS y a una inversión integral en infraestructura. Tal como está en el acuerdo, el subsidio a tarifas eléctricas empresariales se traducirá en ahorro para la clase empresarial y no en reinversión y empleo; ello sólo generaría mayores inventarios. Aunque un mayor ahorro de la clase empresarial tal vez genere una mayor disponibilidad de liquidez, ésta no se traducirá en mayor inversión en tanto el consumo continúe deprimido, aumentando así la actual brecha de demanda.

Si, en cambio, el dinero se empleara en apoyar a los mexicanos en situaciones difíciles, se fortalecería el consumo privado y la demanda podrá reactivarse, reactivando la producción y el empleo. También debe redefinirse el Plan Nacional de Infraestructura, que hasta ahora consta de proyectos desarticulados de inversión de relativamente corta duración. Si sólo se ejecutan esos proyectos de corta duración, no se estarán generando empleos de forma sostenida, impidiendo la formación de una nueva generación de profesionales de la infraestructura productiva. Además, las inversiones corren el riesgo de perder empuje productivo en las regiones donde tienen lugar, impidiendo la formación de corredores productivos y ‘clusters’ tecnológicos.

¿Queremos desarrollar nuestra infraestructura portuaria para comerciar competitivamente con todo el globo o seguir dependiendo de la exportación de carga por tierra a prácticamente sólo los EUA? ¿Queremos crear nuestra propia industria aeronáutica o seguir esperanzados a las innovaciones de Airbus y Boeing? ¿Queremos desarrollar energías alternativas o sólo esperar a importar la solución?

La primera opción de cada una de esas interrogantes parece ser la obvia a elegir; pero su realización requiere enfrentar las actuales inercias, una renegociación del contrato vigente entre élites y entre éstas y las demás clases. En las conclusiones de los Foros Temáticos Nacionales y Regionales para enfrentar la crisis, a los que en enero convocó el CCE, pude presenciar el predominio de la acostumbrada petición de una mayor flexibilidad del mercado laboral y de mayores beneficios fiscales para evitar más despidos. Esto, sumado a lo hasta ahora poco audible de la voz de las demás organizaciones de la sociedad, sugiere que nuevamente las clases bajas serán las que pagarán innecesariamente los costos de esta crisis. Necesitamos entonces que la decisión gubernamental se esfuerce por escuchar y obedecer a los demás sectores de la sociedad, así como que se cuestione si sus soluciones económicas son realmente eficientes o si tan sólo son mecanismos para contener conflictos inmediatos.

[Esta entrada es una versión actualizada de mi artículo original publicado en El Universal el 5 de marzo de 2009]