SR. PROCURADOR, AYOTZINAPA SÍ ES CRIMEN DE ESTADO

(Reproducido de mi columna del 11 de noviembre de 2014 en Los Angeles Press)

Se equivoca el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al afirmar que llamar Crimen de Estado a los crímenes de los normalistas de Ayotzinapa “es un poco peligroso”, que “un Crimen de Estado es una cosa mucho mayor”.[1] Mi fundamento para decir que sí se trata de un Crimen de Estado, es el Estatuto de Roma[2], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005[3] –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte[4]. De hecho, denominar esos actos atroces como Crimen de Estado es incluso abreviar lo que en realidad debe ser su tipificación completa: Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado.

El Estatuto de Roma establece que:

“Artículo 7. …se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato;… e)… privación grave de la libertad física…; f) Tortura;…h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos… i) Desaparición forzada de personas;… Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

También es impreciso el Procurador Murillo al afirmar que “Iguala no es el Estado mexicano”. Al igual que el resto de municipios que conforman el gobierno mexicano (en su nivel municipal), el municipio de Iguala forma parte del Estado mexicano. Recordemos que la Teoría del Estado convencionalmente considera al gobierno como elemento formativo del Estado (junto con la población y el territorio) así como elemento de cumplimiento de los fines del Estado (junto con el poder público)[5].

Finalmente, hago un respetuoso llamado a las autoridades investigadoras de este caso a que le den la seriedad que requiere y no den respuestas que denoten minimización de su gravedad y cansancio en su labor. Este no es un caso más. Este es el primer caso en que la sociedad mexicana tiene cero tolerancias a la justicia selectiva, a la impunidad, a la ineficacia, a la simulación, al carpetazo, al uso de chivos expiatorios, de cortinas de humo, de montajes televisivos y demás vicios no poco frecuentes de la justicia mexicana. Si valoran lo poco de legitimidad y prestigio internacional que aún le queda a la actual administración, deben aplicar una pronta justicia en casa y evitar la vergüenza internacional que sería exhibir este caso ante la Corte Penal Internacional en la Haya.

---

[1] Conferencia de prensa del pasado viernes 7 de noviembre de 2014. Ver video de Gobierno de la República, minuto 55:15 al 55:41: https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c

[2] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.

 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

[3] Desde el 7 de septiembre del 2000, México firmó el Estatuto de Roma (ratificado por el Senado el 21 de junio de 2005), por lo que acepta la competencia de la Corte Penal Internacional de la Haya. Véase: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/6/pim/pim39.pdf

[4] Estatuto de Roma (ONU 1998): “Artículo 12. 1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte....”

[5] González González, María de la Luz (2008). Teoría General del Estado. Ed. Porrúa y Facultad de Derecho de la UNAM. ISBN 978–970–07–7541–8. 670 pp. México, DF.

¿CÓMO REEMPLAZAR AL APARATO POLICIACO-CRIMINAL?

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 5 de noviembre del 2014)

Hoy estamos pagando los costos de haber permitido la implantación de un Estado policiaco: la lista de desaparecidos y crímenes de Estado va en aumento. Las policías municipales, estatales y federales en México son un gran riesgo para el ciudadano. Desde el sexenio de Calderón proliferaron los retenes policiacos y militares a lo largo y ancho del territorio mexicano con el pretexto de aumentar la vigilancia y la seguridad –violando con ello el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1]. Similarmente, los patrullajes se intensificaron. El aparato policiaco-militar ya se adueñó de los principales cruces de caminos, carreteras y calles, así como de las entradas y salidas miles de poblaciones y puntos intermedios. Hoy tienen el control absoluto del tránsito del país. Se distribuyeron entre ellos zonas geográficas y sectores productivos de una forma parecida al reparto de cuotas. Hoy, ellos saben perfectamente quiénes pasan por dónde en cada punto de nuestra geografía. Si bien es cierto que existen casos de exitosas detenciones de delincuentes por esos medios, por otra parte las violaciones a los derechos humanos han sido por mucho superiores a esos escasos casos de éxito.

Existe una gran heterogeneidad en los niveles de capacitación y corrupción del personal policiaco y militar, especialmente de aquellos ubicados en retenes y módulos. Es incierta la suerte que el ciudadano corre al ser retenido o detenido. Como pueden ser respetuosos y molestar al mínimo al conductor o peatón, también pueden ser agresivos, hostigadores, secuestradores y/o asesinos –como sucedió con el reciente caso de los cuatro jóvenes en Matamoros, con los asesinados en Iguala y con los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados, por nombrar sólo los casos más recientes.

Los ciudadanos estamos vulnerables al bajo nivel de capacitación de esos policías y militares, estamos expuestos a sus estados de ánimos, a sus acuerdos con el crimen organizado, con la delincuencia común y con gobernantes asesinos; somos vulnerables a las cuotas de extorsión exigidas por sus superiores y hasta a sus niveles de alcohol y drogas consumidas que alteran sus formas de proceder.

Esto debe cambiarse a partir de este momento:

1.      Deben someterse a una investigación inmediata todos los integrantes de policías y del ejército presuntamente asociados con asesinatos y secuestros, para, en su caso, procesárseles penalmente;

2.      Se debe constituir una policía nacional, única, con mando único –este punto lo desarrollaré en otro artículo, pues su definición es harto compleja para abordarse aquí mismo.

3.      Se deben desaparecer las policías municipales y estatales, pues serán reemplazadas por la policía nacional.

4.      Promulgar un código de procedimientos policiacos y militares que cumpla con las garantías individuales y con los protocolos internacionales de trato respetuoso al ciudadano y con penas muy altas en caso de incumplimiento (como la prisión mínima de diez años por la más pequeña falta, como es el caso de los Carabineros en Chile, lo cual explica parte de su éxito).

5.      El código de procedimientos policiacos y militares debe al menos garantizar:

a)      Que nadie, que no haya sido sorprendido in fraganti cometiendo un delito, podrá ser molestado en su persona o en sus propiedades sin la orden expresa de un juez. Con ello, se suprimen los retenes policiacos y militares así como las detenciones y revisiones en patrullajes;

b)      Los policías y militares deberán permitir que cualquier ciudadano los filme y/o fotografíe en cualquier momento, estén o no en servicio. Su calidad de servidores públicos así lo exige;

c)      Todo elemento policiaco y militar deberá actuar inmediatamente ante cualquier hecho delictivo (¡lo ridículo que puede parecer esto por su obviedad!); su retraso u omisión ante un crimen serán tratados como traición y serán castigados con severidad;

d)      Prohibición a las patrullas de activar sus faros, sirenas y timbres si no se encuentran en una persecución –ya que suelen usarlos para intimidar al ciudadano;

e)      Un trato respetuoso hacia al ciudadano ante cualquier situación no delictiva, incluyendo el tono de la voz y la forma de mirar, así como con un uso proporcional de la fuerza ante la comisión de delitos;

f)       La totalidad de garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. Para su cumplimiento debe constituirse una defensoría de derechos humanos independiente y de designación ciudadana. Con ello, la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos quedaría sustituida.

Estos puntos deben ser considerados en la definición de la agenda ciudadana de quienes hoy nos manifestamos en las calles. Debemos protestar a todo pulmón y en todas las formas contra estos crímenes de Estado, sí. Pero con ello no basta. Ello es sólo el punto de partida para restablecer el funcionamiento del Estado mexicano, lo cual se logrará con base en el diseño de una clara y concreta ruta de reconstrucción que se impulse con un muy bien estructurado pliego petitorio –o ruta constituyente, en caso de continuar la actual negativa gubernamental de cumplirle al Pueblo.

---

[1] Que consagra la garantía individual de que nadie podrá ser molestado en su persona o sus bienes sin una orden expresa de un juez.

DESLEGITIMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO POR INSUFICIENTE REACCIÓN ANTE AYOTZINAPA: PGR, EJÉRCITO y ONU

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 14 de octubre de 2014)

 
  El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano. Ese secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al Estado. Una vez deslegitimado, éste pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente.

El nivel de gobierno ejecutor de este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo al principio de subsidiariedad administrativa la responsabilidad corresponde escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la responsabilidad escala al nivel federal. Así pues, los dieciocho días transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de Estado.

La única ruta para que el Estado mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las siguientes acciones:

1.       La PGR debe inmediatamente llamar a cuentas –lo que hace tiempo se tenía que haber hecho-, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio nacional –y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad de elementos desplegados desde los años sesenta; desde hace décadas, difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos –y no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios no revelen información significativa, aún en ese caso deben haber fuertes consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia pública en radio y televisión abierta en cadena nacional a fin de minimizar el riesgo de extorsiones dentro del proceso.

2.       Aprehender y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala.

3.       Aprehender y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que intervinieron en el secuestro de los estudiantes.

4.       Obtener la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre con el fin de que no interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador.

5.       Procesar y en su caso encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que resultara responsable.

6.       Investigar todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de fincar las responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de esta dependencia por su posible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de Iguala, al gobernador de Guerrero y a demás autoridades señaladas de colusión con el crimen organizado.

 

Cualquier cosa que haga el Estado mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. El caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país (y las desapariciones cesaron) hasta que se enjuició a los militares responsables de la guerra sucia de los años setentas y ochentas.

Esta deslegitimación del Estado mexicano no sólo está teniendo lugar ante los ojos del Pueblo de México, sino que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado mexicano ante este crimen de Estado también demuestra al mundo que México sigue sin tener la voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial internacional de “Un México que ha decidido cambiar” se convierte a partir de ahora en una farsa más. Nuevamente, estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin estado de derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable a todos los niveles.

La reciente proposición del Presidente Peña –secundada por el Senado- de que fuerzas militares mexicanas participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas como cascos azules se torna ahora inoportuna. Si bien es cierto que la eventual participación de nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras fuerzas armadas en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a los derechos humanos, también es cierto que este no es el mejor momento para esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en Ayotzinapa.

 
  Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pues tenemos[1]: i) un conflicto bélico real (el Pueblo bajo ataque de un Estado cómplice del crimen organizado); ii) las instituciones del Estado son incapaces de solucionar el conflicto (pues se ha roto la confianza en el ejército mexicano, los cuerpos policiacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia), y; iii) existe una sistemática violación a los derechos humanos de la población civil.

En caso de que el Estado mexicano no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que la población civil, por medio de organizaciones sociales y grandes personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

---

[1] Véase: http://www.un.org/es/peacekeeping/