(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 2 de febrero de 2016)
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al no investigar, se ha convertido en parte de la red de cómplices del crimen organizado que desde hace años está haciendo pedazos al país. Las omisiones de la SHCP encubren al crimen organizado porque, disponiendo de todos los recursos humanos y financieros necesarios, no genera los elementos de prueba para identificar a los responsables del abrumador lavado de dinero de narcotraficantes, políticos, empresarios, funcionarios públicos así como de mandos medios y altos del ejército y policías en el país (el lavado de dinero no se limita al narcotráfico; también abarca las rutas de salida de dinero proveniente del desvío de recursos públicos robados por funcionarios públicos, gobernantes, legisladores y empresarios). En política no existen las casualidades; estas omisiones tienen lugar por órdenes expresas.
No es casualidad que la SHCP no elabore matrices de consistencia entre los ingresos y los gastos de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, así como de los demás miembros del gabinete y sus respectivas familias, aun cuando existe abrumadora evidencia pública que sugiere el enriquecimiento inexplicable e ilegal de estos sujetos.
Tampoco es casualidad que ahora que recapturaron a Joaquín “El Chapo” Guzmán no le han incautado una sola propiedad, no le han decomisado una sola tonelada de drogas, no le han intervenido una sola cuenta bancaria: ni a él, ni a alguien de su familia, allegados, empresarios, políticos, funcionarios, militares, policías y demás cómplices que conforman su red de operadores.
El encubrimiento de la SHCP a los delincuentes de este país alcanzó un nivel superior de descaro ahora que recientemente detuvieron al ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira en España. El gobierno español, aún con la precariedad que la distancia y la otredad implican para conducir una investigación como ésta, sí pudieron (y quisieron, al menos al inicio) integrar elementos financieros de prueba para someterlo a un proceso judicial por lavado de dinero, lo cual la SHCP nunca tuvo siquiera en sus planes hacer.
Además, tanto la SHCP como los órganos electorales mexicanos correspondientes fueron –y son aún- omisos respecto de las abrumadoras pruebas del ilegal apoyo financiero de, entre otros gobernadores en su momento- Humberto Moreira a la campaña de Enrique Peña Nieto. Lo anterior se replica en la totalidad de campañas electorales de al menos los últimos quince años.
La complicidad de la SHCP y el resto de la administración pública federal rebasó todos los umbrales del cinismo en la campaña electoral de 2012, donde existe abrumadora evidencia de toda clase de desvío de recursos públicos (Moreira, Murat, Herrera, Sabines, etc.) y privados ilícitos (Soriana, Monex, el Chapo, etc.) hacia las campañas, incluyendo a la empresa española OHL, que hoy además se beneficia de multimillonarios contratos gubernamentales y negociaciones con funcionarios para estafarnos doblemente a los usuarios de autopistas.
Para sostener intactas las redes del crimen organizado en México, la SHCP se coordina cínicamente con los tres poderes de la unión en sus tres niveles de gobierno. Sin la coordinación entre todas sus instituciones, esta complicidad no sería posible. Existe entre los titulares de todas estas instituciones una especie de código de no rajar, como en la mafia, para encubrir a criminales y a sus socios empresarios, políticos y funcionarios públicos. Las dependencias clave para esta coordinación financiera son:
i) La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo mandato incluye el encabezar las labores de inteligencia financiera del gobierno, pero que a juzgar por sus resultados más bien me parece que se dedican a borrar pruebas de lavado de dinero (así como a ser omisos en la prevención de fraudes financieros a ahorradores, como el reciente caso FICREA);
ii) La Secretaría de la Función Pública (SFP), encabezada por un mamarracho colaborador de Peña, impresentable de pies a cabeza;
iii) La Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por la hermana de un vicepresidente de Televisa y bajo cuya batuta en nada ha mejorado la procuración de justicia desde que reveló al tristemente célebre autor del “ya me cansé”;
iv) Los Tribunales correspondientes del Poder Judicial de la Federación (PJF), cuyos jueces se dedican a mirar para arriba cuando deberían girar órdenes masivas para detener sospechosos –y si se sienten intimidados por los criminales, como suelen justificarse, pues que mejor renuncien y se dediquen a otra cosa (pero son tan miserables que, conscientemente, optan por seguir dañando al país);
v) La Comisión Nacional de Seguridad Pública (CNSP), cuyo titular lleva décadas con acceso a información privilegiada: él debe saber perfectamente quienes lavan dinero en este país, pero esa información, a juzgar por los hechos, la usa sólo para seguir protegiéndolos;
vi) El Poder Legislativo, que aun cuando algún legislador llegue a expresar en tribuna su inquietud por actuar al respecto, en los hechos la mayoría de diputados y senadores empantanan la consumación de una sola acción real para actuar al respecto, limitándose a simular preocupación por medio de la creación de supuestas comisiones para analizar equis o ye escándalo de corrupción: grotescas farsas todas estas comisiones.
La solución
Si el actual gobierno mexicano fue puesto en el poder por actos de corrupción y se sostiene ahora gracias a esta red de complicidades, es por demás ridículo esperar que este mismo gobierno mueva un dedo contra la corrupción y el crimen organizado. Tampoco a un gobierno extranjero le interesa hacernos justicia, pues los países que podrían intervenir actualmente se benefician de esta corrupción general para hacer formidables negocios con México. Algo similar sucede con los organismos internacionales, los cuales se financian con las cuotas pagadas por sus estados miembro, como México, por lo que no se arriesgan a tomar la iniciativa para exigir justicia; Sin embargo, la credibilidad mundial de estos organismos quedaría por los suelos si no hicieran caso a una petición de un amplio sector de la población de un Estado miembro, lo cual nos abre una oportunidad de justicia.
La única ruta viable para hacer justicia en actos de corrupción en México es que la sociedad civil organizada tome la iniciativa de exigir procesos judiciales ante la ONU. Esto demanda analizar detalladamente los elementos de éxito de los casos de Guatemala e Italia: de Guatemala para forzar la instalación de una comisión especial de la ONU para investigar y con facultades para co-juzgar; de Italia para abrir Maxiprocesos.
Un Maxiproceso (en italiano: Maxiprocesso) es un término que proviene de un proceso penal que inició en Palermo (Sicilia), Italia, a mediados de los años 1980, para poner fin al entonces insostenible contexto político de corrupción, asesinatos, extorsión y financiamiento ilegal de los partidos políticos. Por este proceso fueron declarados culpables cientos de acusados por una multitud de delitos del crimen organizado, acusaciones basadas principalmente en el testimonio de informantes clave.
El éxito de estos juicios se debió a una serie de negociaciones en la que muchos inculpados testificaron en contra de sus antiguos socios a cambio de atenuar sus condenas. Este proceso provocó un notable descenso en el tráfico de drogas y una fractura financiera a toda la estructura del crimen organizado en Italia. Este maxiproceso y su secuela, el Proceso Manos Limpias (Mani pulite, en italiano), llevó ante la justicia incluso a conocidos empresarios, ministros en activo, así como a tantos diputados y senadores que en ocasiones el Congreso llegó incluso a carecer de quórum para sesionar. Es por ahí.
Twitter @SergioSaldanaZ
