ATAQUE DE POLICÍA FEDERAL Y GRANADEROS A POBLACIÓN CIVIL INDEFENSA DURANTE MARCHA PACÍFICA DEL 20NOV POR AYOTZINAPA EN EL ZOCALO // MEXICAN POLICE ATACK ON CIVIL UNARMED POPULATION DURING PACIFIC RALLY ON NOVEMBER 20 FOR AYOTZINAPA CRIMES AT ZOCALO SQUARE

ESPAÑOL  //  ENGLISH

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ESPAÑOL

Comparto video de la represión policiaca el 20 de noviembre de 2014 en el zócalo de la Ciudad de México contra manifestantes por la desaparición y asesinatos de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Policía federal y granaderos del DF golpearon a población civil indefensa. Golpearon e insultaron a mujeres, adultos mayores, niños, familias enteras que pacíficamente marcharon para pedir justicia por la desaparición de 43 estudiantes que se suman a los miles de desapariciones y asesinatos de este año que a su vez se agregan a los cientos de miles de crímenes de los años recientes cometidos con la complicidad de políticos, funcionarios públicos, policías y el ejército mexicano y que quedan en la completa impunidad.

Los encapuchados que actuaron violentamente fueron coordinados por la policía; fueron contratados para infiltrarse entre los manifestantes y simular provocaciones a la policía. Con ello trataron de justificar que la policía disolviera la manifestación y golpeara a miles de personas pacíficas -seguramente con el fin de inhibir las siguientes manifestaciones.

La orden de ataque de la policía fue dada por medio de tres cohetes cuya luz iluminó la plancha del zócalo, disparados desde cerca de la reja principal de catedral y lanzados en dirección a Palacio Nacional. Coincidentemente, al estallido de cada cohete la policía avanzaba sus filas en una acción claramente coordinada y premeditada.

Quienes debieran gobernar delinquen, quienes debieran investigar los crímenes encubren a los criminales, quienes debieran capturar a los criminales reprimen al pueblo que les exige justicia.

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ENGLISH

I share video of police repression on November 20th, 2014, at Zocalo square (Mexico City’s main square) against demonstrators. Federal and Mexico City’s police attacked civil unarmed population. They hit and insulted women, elders, children and entire families, who walked by and/or stood there peacefully to demand justice for the recent abduction of 43 students and murder of 6 more (from Ayotzinapa town) by policemen in Iguala City, state of Guerrero. These crimes build on the current year’s thousands of abductions and murders. In turn, these crimes join the hundreds of thousands of crimes from the recent years, which account on the complicity of politicians, governmental officers, policemen and –most alarming- army elements. All these crimes remain unpunished.

Ca. 30 hooded people started hostilities against the police and buildings during the rally. However, overwhelming evidence suggests that they obeyed police commando in order to infiltrate the rally pretending being provocative to the police. It attempted justifying police intervention to disseminate and beat thousand of peaceful demonstrators –and most likely for inhibiting upcoming demonstrations.

The police attack order came from three flares launched from near the cathedral main entrance in direction to the presidential building. They lighted the square. By coincidence, every flare triggered police frontlines advancement. Evidently, it was a coordinated and planned action.

Those who are supposed to rule commit crime; those supposed to investigate cover up criminals; those supposed to catch criminals repress the people demanding justice.

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RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO EN CRÍMENES DE AYOTZINAPA: INTERROGUÉMOSLO

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla

(Reproducido de mi columna en SDP Noticias del 17 de noviembre de 2014)

La responsabilidad del Ejército mexicano en los crímenes de Ayotzinapa es clara. Por ello debe llamársele a interrogatorio público. Si bien el pasado jueves 13 de noviembre el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), se reunió con diputados integrantes de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, esta reunión fue en privado y, a juzgar por las declaraciones de prensa de los legisladores al final del encuentro, me parece que tanto el tono como el contenido de dicha reunión fueron como un día de campo para el Gral. Cienfuegos[1]. Yo esperaba mucho más de los integrantes de esta comisión. Sea por falta de preparación sobre el caso por parte de los diputados o sea por falta de voluntad política –o por ambas-, mis expectativas sobre los resultados de esta comisión son ahora muy bajas.

Abundan los testimonios sobre la complicidad de elementos del ejército aquella noche. La presencia del ejército en esa zona data de décadas y poco se mueve dentro del territorio guerrerense sin que el ejército se entere; especialmente en la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que el ejército tuvo un papel protagónico. Al respecto, véase la declaración de Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente del ataque, en entrevista con Carmen Aristegui[2]. En esa entrevista, el testigo describe la complicidad a sueldo que por años ha tenido el ejército mexicano con los carteles de la droga en el estado de Guerrero y la participación activa de los militares esa noche en los asesinatos y desaparición de los estudiantes –por eso me indigna tanto la timorata actitud de los diputados con el titular de la SEDENA[3].

Es abrumadora la evidencia de que estas prácticas mercenarias del ejército están teniendo lugar en todo el territorio nacional desde hace décadas y que se ha ido agravando en los últimos años[4].

Al día de hoy, la opinión pública tiene fuertes elementos sobre la culpabilidad en este crimen de lesa humanidad por parte de elementos del Estado provenientes de los tres niveles de gobierno, mínimamente: del gobierno federal por medio del ejército mexicano; del gobierno estatal por medio del Gobernador con licencia Ángel Aguirre y de su Secretario General de Gobierno, y; del gobierno municipal de Iguala y de Cocula por medio de policías y funcionarios municipales.

La responsabilidad por estos crímenes de Estado[5] no se limita a los autores materiales directos, pues también –y con más peso aún- incluye a los jefes y otros superiores. Lo anterior lo afirmo con fundamento en el Estatuto de Roma^[6], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005 –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte.

La responsabilidad, con base al Estatuto de Roma, recae también en los jefes y otros superiores:

Artículo 28.- Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Quien debiera indagar la participación del ejército en este crimen y en la mayor parte de los crímenes a gran escala es la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, parece no estarlo haciendo.

El Senado de la República, en su facultad de órgano investigador del Estado, debe entonces llenar ese vacío y llamar a interrogatorio en sesión pública, mínimamente, a las siguientes autoridades castrenses  –en este orden:

1.      José Rodríguez Pérez, Coronel Comandante del 27/o Batallón de Iguala, Guerrero;

2.      Alejandro Saavedra Hernández, General de Brigada de la 35/a Zona militar, en Chilpancingo, Guerrero;

3.      Martín Cordero Luqueño, Comandante General de División de la 9ª región militar de Acapulco, Guerrero, y, al final, a;

4.      Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

Una vez hecho el interrogatorio, el Senado debe instar al Agente del Ministerio Público respectivo y a la PGR a proceder con base en los elementos recabados por esta investigación.

Aunque en sus discursos los senadores, la PGR y el propio Presidente Peña se desgarren de indignación, de no llamar a interrogatorio público y en su caso procesar, entre otros, a estos personajes castrenses, volverán a enviarle el mensaje a la ciudadanía de que se rehúsan a desempeñar su mandato como servidores del Pueblo y que prefieren ser percibidos por la ciudadanía y el mundo entero como cómplices antes que dejar que la Justicia abra esta Caja de Pandora. Fue el Estado quien perpetró este crimen y es el Estado quien está encubriendo a sus responsables.

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[1] Ver nota: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/cienfuegos-diputados-reunion-abordan-ayotzinapa-1054055.html

[2] - Ver video, minuto 7:45 https://www.youtube.com/watch?v=xsiJD3n7s4s

- Ver nota: http://aristeguinoticias.com/3010/mexico/el-ejercito-tambien-esta-involucrado-en-el-ataque-a-normalistas-revela-omar-garcia/

[3] Además, léanse los siguientes testimonios documentales:

-          Ejército presenció masacre a estudiantes de Ayotzinapa sin intervenir: http://www.losangelespress.org/ejercito-presencio-masacre-a-estudiantes-de-ayotzinapa-sin-intervenir/#sthash.n3gHVFcH.dpuf

-          Blog del Estado Mayor sobre la intervención del ejército en contra de los normalistas: http://estadomayor.mx/48206

-          Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa: http://www.losangelespress.org/militar-torturado-por-la-policia-de-iguala-antes-de-caso-ayotzinapa

-          Artículo de Jenaro Villamil en la Revista Proceso: Ayotzinapa, desaparición forzada y crisis de EPN: http://www.proceso.com.mx/?p=386077

[4] Véanse:

-          Artículo del diario inglés The Guardian, “Alianza de Estado asesina de México, el ejército y los carteles de la droga (Mexico’s murderous alliance of state, the army and the drug cartels)”: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/mexicos-murderous-alliance-of-state-army-and-the-drug-cartels

-          Artículo del diario The New York Times sobre señalamientos oficiales del gobierno de los EUA sobre la complicidad de militares mexicanos con los cárteles de la droga: http://www.nytimes.com/2012/05/30/world/americas/mexican-army-case-adds-to-us-unease-in-drug-war.html?pagewanted=all&_r=0

-          Artículo del periódico ABC de España: http://www.abc.es/internacional/20131108/abci-estados-unidos-narco-mexico-201311071744.html

[5]  O, más precisamente, Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado, cuya validez del término he fundamentado en otro artículo. Véase: http://www.losangelespress.org/senor-procurador-iguala-si-es-el-estado-mexicano/

[6] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.

 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

DESLEGITIMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO POR INSUFICIENTE REACCIÓN ANTE AYOTZINAPA: PGR, EJÉRCITO y ONU

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 14 de octubre de 2014)

 
  El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano. Ese secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al Estado. Una vez deslegitimado, éste pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente.

El nivel de gobierno ejecutor de este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo al principio de subsidiariedad administrativa la responsabilidad corresponde escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la responsabilidad escala al nivel federal. Así pues, los dieciocho días transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de Estado.

La única ruta para que el Estado mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las siguientes acciones:

1.       La PGR debe inmediatamente llamar a cuentas –lo que hace tiempo se tenía que haber hecho-, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio nacional –y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad de elementos desplegados desde los años sesenta; desde hace décadas, difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos –y no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios no revelen información significativa, aún en ese caso deben haber fuertes consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia pública en radio y televisión abierta en cadena nacional a fin de minimizar el riesgo de extorsiones dentro del proceso.

2.       Aprehender y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala.

3.       Aprehender y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que intervinieron en el secuestro de los estudiantes.

4.       Obtener la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre con el fin de que no interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador.

5.       Procesar y en su caso encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que resultara responsable.

6.       Investigar todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de fincar las responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de esta dependencia por su posible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de Iguala, al gobernador de Guerrero y a demás autoridades señaladas de colusión con el crimen organizado.

 

Cualquier cosa que haga el Estado mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. El caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país (y las desapariciones cesaron) hasta que se enjuició a los militares responsables de la guerra sucia de los años setentas y ochentas.

Esta deslegitimación del Estado mexicano no sólo está teniendo lugar ante los ojos del Pueblo de México, sino que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado mexicano ante este crimen de Estado también demuestra al mundo que México sigue sin tener la voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial internacional de “Un México que ha decidido cambiar” se convierte a partir de ahora en una farsa más. Nuevamente, estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin estado de derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable a todos los niveles.

La reciente proposición del Presidente Peña –secundada por el Senado- de que fuerzas militares mexicanas participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas como cascos azules se torna ahora inoportuna. Si bien es cierto que la eventual participación de nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras fuerzas armadas en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a los derechos humanos, también es cierto que este no es el mejor momento para esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en Ayotzinapa.

 
  Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pues tenemos[1]: i) un conflicto bélico real (el Pueblo bajo ataque de un Estado cómplice del crimen organizado); ii) las instituciones del Estado son incapaces de solucionar el conflicto (pues se ha roto la confianza en el ejército mexicano, los cuerpos policiacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia), y; iii) existe una sistemática violación a los derechos humanos de la población civil.

En caso de que el Estado mexicano no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que la población civil, por medio de organizaciones sociales y grandes personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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[1] Véase: http://www.un.org/es/peacekeeping/