El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano. Ese secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al Estado. Una vez deslegitimado, éste pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente.
El nivel de gobierno ejecutor de
este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad
municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo al
principio de subsidiariedad administrativa la responsabilidad corresponde
escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la
responsabilidad escala al nivel federal. Así pues, los dieciocho días
transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no
se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de
Estado.
La única ruta para que el Estado
mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las
siguientes acciones:
1. La
PGR debe inmediatamente llamar a cuentas –lo que hace tiempo se tenía que haber
hecho-, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina
Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio
nacional –y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad
de elementos desplegados desde los años sesenta; desde hace décadas,
difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los
militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos –y
no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en
México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor
parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios
no revelen información significativa, aún en ese caso deben haber fuertes
consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará
incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia
pública en radio y televisión abierta en cadena nacional a fin de minimizar el
riesgo de extorsiones dentro del proceso.
2. Aprehender
y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala.
3. Aprehender
y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que
intervinieron en el secuestro de los estudiantes.
4. Obtener
la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre con el fin de que no
interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de
señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales
suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador.
5. Procesar
y en su caso encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que
resultara responsable.
6. Investigar
todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la
Procuraduría General de la República (PGR) a fin de fincar las
responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de esta
dependencia por su posible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de
Iguala, al gobernador de Guerrero y a demás autoridades señaladas de colusión
con el crimen organizado.
Cualquier cosa que haga el Estado
mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. El
caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país (y las
desapariciones cesaron) hasta que se enjuició a los militares responsables de
la guerra sucia de los años setentas y ochentas.
Esta deslegitimación del Estado
mexicano no sólo está teniendo lugar ante los ojos del Pueblo de México, sino
que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado mexicano ante
este crimen de Estado también demuestra al mundo que México sigue sin tener la
voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial
internacional de “Un México que ha
decidido cambiar” se convierte a partir de ahora en una farsa más.
Nuevamente, estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin estado
de derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable a todos los
niveles.
La reciente proposición del
Presidente Peña –secundada por el Senado- de que fuerzas militares mexicanas
participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas como cascos azules se
torna ahora inoportuna. Si bien es cierto que la eventual participación de
nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras
fuerzas armadas en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a
los derechos humanos, también es cierto que este no es el mejor momento para
esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares
extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en
Ayotzinapa.
Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pues tenemos[1]: i) un conflicto bélico real (el Pueblo bajo ataque de un Estado cómplice del crimen organizado); ii) las instituciones del Estado son incapaces de solucionar el conflicto (pues se ha roto la confianza en el ejército mexicano, los cuerpos policiacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia), y; iii) existe una sistemática violación a los derechos humanos de la población civil.
En caso de que el Estado mexicano
no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que
la población civil, por medio de organizaciones sociales y grandes
personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas
se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos
gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
[1]
Véase: http://www.un.org/es/peacekeeping/
