29 de junio de 2009

Golpe de Estado en Honduras y la posición mexicana

En su primera etapa, las transiciones pacíficas a la democracia tienden a transferir el poder a un partido afín con la dictadura, como ha sido el caso de la Unión de Centro-Democrático (UCD) de Adolfo Suárez en la España post-franquista, la derecha democristiana de Patricio Aylwin luego de Pinochet en Chile, y más recientemente, el Partido Acción Nacional (PAN) de Vicente Fox después del PRI en México, entre otros. Esto es entendible si se considera que los regímenes dictatoriales generalmente dejan tras de sí tantos crímenes que, cuando se pacta la transición, también se pactan las garantías de la retirada para minimizar las posibilidades del juicio de Estado. Pactar la transición es, contrario a la creencia común, algo aún más importante para el régimen entrante que para el saliente. Aunque desplace políticamente a la dictadura, el ajuste de cuentas por parte del nuevo régimen no puede rebasar ciertos límites: los de provocar la reacción.

En una siguiente etapa, la democracia pone a prueba su consolidación si, entre otras cosas, posibilita la alternancia con un partido no afín con el de la dictadura. Esto ha tenido lugar en la mayoría de los países de Iberoamérica, en especial luego del fracaso de las medidas económicas de la generación de gobiernos liberalizadores de los noventas en América Latina y de la rápida maduración de la izquierda institucional. La generación de los librecambistas de los 1990s en Latinoamérica estuvo liderada por Carlos Salinas de Gortari, Carlos Saúl Menem y Alberto Fujimori. Sin embargo, hasta ahora sólo en México no ha triunfado la izquierda a pesar de su fortalecimiento y del, aunque estable, modesto desempeño del modelo económico en vigor. Por su parte, la transición democrática en España se adelanta al menos una década a la de la mayor parte de Latinoamérica. Las dos posturas políticas opuestas de las dos Españas van volviéndose cada vez menos radicales luego de la transición, lo que les permite cerrar más rápidamente la brecha de la polarización. A ello contribuyó, en buena medida, el creciente progreso económico que le acompañó, así como el papel de la Comunidad y la Unión Europea. Ello permitió des-radicalizar posturas, haciéndolas converger más hacia aquellas de los partidos socialdemócratas y conservadores moderados del resto de Europa.

Lo que hemos observado el día de ayer con la destitución del presidente Manuel Zelaya de Honduras es un ejemplo de transición interrumpida. Probablemente por el respaldo de los gobiernos de Caracas, Managua y La Habana, Manuel Zelaya confió en implementar las reformas constitucionales que tenía previstas someter antes a referéndum. La velocidad de estos cambios, no obstante, provocó el levantamiento de la reacción. La lectura de la realidad política hondureña por parte de Zelaya fue talvez imprecisa (¿o talvez eso es parte de un plan mayor de retorno con más autoridad? Para saberlo tendríamos que saber cuántos generales del ejército hondureño le son leales y estarían dispuestos a recuperar el poder con él). Dado el reciente antecedente venezolano, los cambios eran sumamente previsibles para las élites más conservadoras de esta nación y decidieron entonces anticiparse. De todo esto, son de desatacarse los siguientes hechos:

1. El abierto rechazo al golpe de Estado por parte de la ONU, la Unión Europea, la OEA, y, en América Latina, de los gobiernos de Brasil y Chile, entre otros;
2. La condena de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, al arresto, destitución y exilio forzado de Zelaya.
3. El recibimiento de México a la canciller Patricia Isabel Rodas del depuesto gobierno de Zelaya.

El gobierno mexicano debe proponerse inmediatamente como mediador central en este conflicto. Ello implica reasumir el liderazgo en la región, mismo que no ha vuelto a asomarse desde la creación del Grupo Contadora a inicios de los 1980s. El siguiente paso consiste en integrar las posiciones de condena prácticamente unánimes en América Latina de forma tal que se siente el precedente de que sí existe una reacción conjunta ante atentados a la democracia. Los gobiernos latinoamericanos coinciden en que, si bien las intenciones reeleccionistas de Zelaya pueden ser cuestionables, la respuesta dada por la oposición fue una sobrerreacción. El mensaje que con esto la oposición manda al mundo es que sólo estaban esperando el pretexto para ejecutar el golpe de Estado.