(Reproducido de mi artículo en La Silla Rota del 1 de octubre de 2015)
Las razones que había para tener un salario mínimo clasificado en
zonas tienen una lógica empresarial, no laboral. Se partía del hecho de
que, como el nivel de precios local varía a lo largo y ancho del país,
tener un salario mínimo más bajo en las zonas de menores ingresos
representaría un estímulo empresarial para la contratación de más
personal en esas zonas. La teoría económica sostiene que si la
productividad laboral aumenta, aumentará en consecuencia el salario real
(esto es, el salario dividido por el nivel de precios).
Así, en un primer paso había que generar más empresas y empleos en
las zonas rezagadas del país; y en un segundo momento, se aumentaría el
ingreso real de los trabajadores a medida que la política educativa
fuera generando sus frutos. Sin embargo, en la práctica esto no tuvo
lugar pues: i) La media educativa en esos lugares no aumentó, lo cual
mantuvo deprimida la productividad media del trabajo. ii) Tuvo lugar una
distorsión de ventajas comparativas intrarregionales provocadas por el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). En suma, esta
zonificación salarial sólo generó un aumento en la brecha de ingresos
entre las zonas de menores y las de mayores ingresos del país.
El rezago en el salario mínimo en México es gigante. Esta
homologación, aunque ligeramente favorable para los asalariados, está
aún lejos de solucionar la presión social por mejorar sus condiciones de
vida. La pérdida de poder adquisitivo de un salario mínimo entre 1990 y
2015 ha sido de más del 80 por ciento. Aún con esta homologación, la
recuperación de su poder adquisitivo para este año será de prácticamente
0 por ciento. Lo anterior, lo estimo con base en el aumento del salario
mínimo aprobado para 2015, más el aumento ponderado de esta
homologación, menos el efecto inflacionario esperado para el año en
curso.
Pongamos este aumento salarial en términos de dos de los actos de
corrupción a los que recientemente ha tenido acceso la opinión pública.
El costo de la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto equivale a tres meses
del aumento en los ingresos de los 759,915 asalariados beneficiados por
esta homologación. Por su parte, el costo de la casa en Malinalco del
Secretario de Hacienda Luis Videgaray equivale a otros 3 meses más. Esto
es, dos personas (Peña y Videgaray) obtuvieron propiedades en un monto
con el que se pudo haber duplicado durante medio año la mejora salarial
de esta homologación.
El cálculo de las pérdidas en los ingresos netos de los mexicanos por
la corrupción gubernamental debe también contabilizar las pérdidas que
le ocasiona al país el crimen organizado (pues éstos cuentan con el
apoyo gubernamental de facto). Las extorsiones del crimen
organizado a los empresarios (como el derecho de piso, derecho de
tránsito por sus territorios, entre otros delitos) hacen que
desaparezcan los beneficios de esta homologación.
Las extorsiones del crimen organizado representan un aumento en los
costos de los empresarios; aumento que es trasladado ya sea al
consumidor por medio del aumento en los precios de los bienes y
servicios que producen o por medio de una reducción de los salarios
netos pagados a sus trabajadores.
Así, una mejora salarial como esta homologación más bien se me
asemeja a un hombre remando para impedir el hundimiento del Titanic.
