Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla
(Reproducido de mi columna en SDP Noticias del 17 de noviembre de 2014)
La responsabilidad del Ejército
mexicano en los crímenes de Ayotzinapa es clara. Por ello debe llamársele a
interrogatorio público. Si bien el pasado jueves 13 de noviembre el Gral.
Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), se
reunió con diputados integrantes de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, esta
reunión fue en privado y, a juzgar por las declaraciones de prensa de los
legisladores al final del encuentro, me parece que tanto el tono como el
contenido de dicha reunión fueron como un día de campo para el Gral. Cienfuegos[1]. Yo
esperaba mucho más de los integrantes de esta comisión. Sea por falta de
preparación sobre el caso por parte de los diputados o sea por falta de
voluntad política –o por ambas-, mis expectativas sobre los resultados de esta
comisión son ahora muy bajas.
Abundan los testimonios
sobre la complicidad de elementos del ejército aquella noche. La presencia del
ejército en esa zona data de décadas y poco se mueve dentro del territorio
guerrerense sin que el ejército se entere; especialmente en la noche del 26 de
septiembre de 2014, en la que el ejército tuvo un papel protagónico. Al
respecto, véase la declaración de Omar García, normalista de Ayotzinapa
sobreviviente del ataque, en entrevista con Carmen Aristegui[2].
En esa entrevista, el testigo describe la complicidad a sueldo que por años ha
tenido el ejército mexicano con los carteles de la droga en el estado de
Guerrero y la participación activa de los militares esa noche en los asesinatos
y desaparición de los estudiantes –por eso me indigna tanto la timorata actitud
de los diputados con el titular de la SEDENA[3].
Es abrumadora la evidencia
de que estas prácticas mercenarias del ejército están teniendo lugar en todo el
territorio nacional desde hace décadas y que se ha ido agravando en los últimos
años[4].
Al día de hoy, la opinión
pública tiene fuertes elementos sobre la culpabilidad en este crimen de lesa
humanidad por parte de elementos del Estado provenientes de los tres niveles de
gobierno, mínimamente: del gobierno federal por medio del ejército mexicano;
del gobierno estatal por medio del Gobernador con licencia Ángel Aguirre y de
su Secretario General de Gobierno, y; del gobierno municipal de Iguala y de
Cocula por medio de policías y funcionarios municipales.
La responsabilidad por estos
crímenes de Estado[5]
no se limita a los autores materiales directos, pues también –y con más peso
aún- incluye a los jefes y otros superiores. Lo anterior lo afirmo con
fundamento en el Estatuto de Roma[6], el cual rige la
competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del
cual México es signatario desde el año 2005 –y por tanto acepta la competencia
de dicha Corte.
La responsabilidad, con base
al Estatuto de Roma, recae también en los jefes y otros superiores:
Artículo
28.- Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales
de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes
de la competencia de la Corte:
a) El
jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente
responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido
cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y
control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control
apropiado sobre esas fuerzas cuando:
i)
Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido
saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían
cometerlos; y
ii)
No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para
prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las
autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.
Quien debiera indagar la
participación del ejército en este crimen y en la mayor parte de los crímenes a
gran escala es la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo,
parece no estarlo haciendo.
El Senado de la República,
en su facultad de órgano investigador del Estado, debe entonces llenar ese
vacío y llamar a interrogatorio en sesión pública, mínimamente, a las
siguientes autoridades castrenses –en
este orden:
1. José Rodríguez Pérez, Coronel
Comandante del 27/o Batallón de Iguala, Guerrero;
2. Alejandro Saavedra
Hernández, General de Brigada de la 35/a Zona militar, en Chilpancingo,
Guerrero;
3. Martín Cordero Luqueño, Comandante
General de División de la 9ª región militar de Acapulco, Guerrero, y, al final,
a;
4. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario
de la Defensa Nacional.
Una vez hecho el
interrogatorio, el Senado debe instar al Agente del Ministerio Público respectivo
y a la PGR a proceder con base en los elementos recabados por esta
investigación.
Aunque en sus discursos los
senadores, la PGR y el propio Presidente Peña se desgarren de indignación, de
no llamar a interrogatorio público y en su caso procesar, entre otros, a estos
personajes castrenses, volverán a enviarle el mensaje a la ciudadanía de que se
rehúsan a desempeñar su mandato como servidores del Pueblo y que prefieren ser
percibidos por la ciudadanía y el mundo entero como cómplices antes que dejar
que la Justicia abra esta Caja de Pandora. Fue el Estado quien perpetró este
crimen y es el Estado quien está encubriendo a sus responsables.
[2] - Ver video, minuto 7:45 https://www.youtube.com/watch?v=xsiJD3n7s4s
[3] Además, léanse los siguientes testimonios
documentales:
-
Ejército
presenció masacre a estudiantes de Ayotzinapa sin intervenir: http://www.losangelespress.org/ejercito-presencio-masacre-a-estudiantes-de-ayotzinapa-sin-intervenir/#sthash.n3gHVFcH.dpuf
-
Blog del Estado
Mayor sobre la intervención del ejército en contra de los normalistas: http://estadomayor.mx/48206
-
Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa: http://www.losangelespress.org/militar-torturado-por-la-policia-de-iguala-antes-de-caso-ayotzinapa
-
Artículo de Jenaro Villamil en la Revista Proceso: Ayotzinapa, desaparición
forzada y crisis de EPN: http://www.proceso.com.mx/?p=386077
[4]
Véanse:
-
Artículo del diario inglés The Guardian, “Alianza de Estado asesina de México, el ejército y
los carteles de la droga (Mexico’s murderous alliance of state, the army and
the drug cartels)”: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/mexicos-murderous-alliance-of-state-army-and-the-drug-cartels
-
Artículo del diario The New York Times sobre señalamientos oficiales del gobierno de
los EUA sobre la complicidad de militares mexicanos con los cárteles de la
droga: http://www.nytimes.com/2012/05/30/world/americas/mexican-army-case-adds-to-us-unease-in-drug-war.html?pagewanted=all&_r=0
-
Artículo del periódico ABC de España: http://www.abc.es/internacional/20131108/abci-estados-unidos-narco-mexico-201311071744.html
[5] O, más precisamente, Crímenes de
lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura,
persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado, cuya validez del término he fundamentado en otro
artículo. Véase: http://www.losangelespress.org/senor-procurador-iguala-si-es-el-estado-mexicano/