Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla
(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 8 diciembre 2015)
El pasado domingo 6 de diciembre se llevó a cabo la consulta
ciudadana sobre el proyecto del Gobierno de la Ciudad de México
“Corredor Cultural Chapultepec”. Ganó claramente el “no” al proyecto,
con un 63 por ciento del total de los votos. La esencia del rechazo al
proyecto consiste en la incertidumbre colectiva sobre la potencial
entrega de un bien público a un grupo de empresarios; en este caso, la
entrega del espacio público de Av. Chapultepec.
Este corredor implica la
construcción de un complejo de locales comerciales con dinero público y
en espacios públicos para el lucro de particulares.
Por su
parte, esta obra posee múltiples impactos urbanísticos negativos: i)
Aumentaría el caos vial de esta zona tan céntrica de la ciudad al
sobrecargarla de comercios adicionales. Las actuales vías públicas ya
son de por sí insuficientes, por lo que un aumento de la densidad
comercial en la zona aumentaría dramáticamente el tránsito vehicular;
ii) Si el espacio público en la Ciudad de México ya de por sí es muy
escaso, esta obra destinaría sumas multimillonarias de dinero público
para espacios privados. A la ciudad le urge disponer de áreas verdes
recreativas; y si se ha de construir infraestructura, que esta sea para
aumentar la eficiencia urbanística y el bienestar público; iii) El valor
de esta megaobra debe contabilizar no sólo la sumatoria de sus costos
de construcción, sino además debe sumársele el sobreprecio de mercado
del metro cuadrado por estar tan bien ubicado. El precio del metro
cuadrado en esta zona es alto, por lo que invertir un millón de pesos en
ladrillos en esta zona tiene un retorno de la inversión muy alto
comparado con invertir el mismo millón de pesos en una zona promedio de
la ciudad: por eso, esta megaobra significaría un gigantesco regalo de
nuestros recursos para un grupo de privilegiados; iv) Esta megaobra
carece de valor estético y funcionalidad urbana, de acuerdo a las
abrumadoras opiniones de arquitectos y urbanistas que han alzado la voz.
En lugar de este complejo comercial, debería construirse un espacio
realmente público, para todos, en cuya planeación se escuchen antes las
voces expertas; y si se quieren introducir locales comerciales, que
estos no sean una extensión de las plazas comerciales que abundan por
todo el país –y que benefician siempre a los mismos empresarios. Bien
podría aprovecharse este tipo de espacios para erradicar el comercio en
la vía pública y recuperar así –y con toda autoridad- los espacios
públicos tomados por el ambulantaje en el Eje Central, en las calles de
atrás de Palacio Nacional, en Av. Puente de Alvarado, Av. San Cosme,
Calz. México-Tacuba, entre otros muchos espacios públicos actualmente
perdidos para los ciudadanos. Así, por cada metro cuadrado construido se
podrían recuperar muchos más de espacios públicos, con lo que la
ciudadanía obtendría una enorme ganancia neta en términos de calidad de
vida al recuperar nuestras banquetas, fachadas de edificios históricos,
parques, plazas, jardines, etc., amén de la mejora de la salubridad en
la vía pública.
Los ambulantes no sólo son objeto del interés
público, también son sujeto. En tanto la economía mexicana continúe sin
crecer en términos reales, como ha sucedido durante los últimos treinta
años, el gobierno seguirá careciendo de autoridad moral para prohibir el
comercio ambulante; en ese sentido son sujetos a respetarse. Sin
embargo, no por ello los ciudadanos podemos seguir siendo privados de
los espacios públicos que se han apropiado los ambulantes; en ese
sentido, deben ser objeto de regulación pública. Ante ello, es Estado
debe intervenir: estructuralmente, debe generar más crecimiento
económico; coyunturalmente, debe reordenar –casi quirúrgicamente- el
espacio público.
El problema del ambulantaje en la Ciudad de
México podría resolverse si se le ordena y estructura en grandes centros
comerciales en zonas de alta concurrencia, con un valor estético
notable, que incluya áreas verdes de calidad y se les dota de ágiles
vías de comunicación. No estoy con esto sugiriendo que esto
necesariamente se haga sobre Av. Chapultepec, pero sí sugiero que
abramos seriamente el análisis al respecto.
Como ejemplo exitoso,
cito el caso de Tailandia. Hasta 1985, el comercio ambulante en
Bangkok, su capital, era tanto o más conflictivo que el nuestro; con
problemas similares en materia de mafias organizadas, condiciones de
insalubridad, fricción constante con autoridades y ciudadanía, entre
otros.
La presencia creciente de mafias internacionales en
Tailandia amenazaba entonces con filtrarse fácilmente en la gran red del
comercio ambulante de Bangkok, lo cual habría hecho ingobernable la
ciudad. Así, en 1985 el gobierno Tailandés construyó el centro comercial
Mahboonkrong, más conocido por sus siglas MBK.
A diferencia de
las típicas reubicaciones del comercio ambulante en centros comerciales
en México -que fracasan fácilmente debido a la poca afluencia de
compradores-, el éxito de MBK radicó en que su construyó en el corazón
del centro financiero de Bangkok y las cuotas cobradas a los locatarios
por concepto de servicios (electricidad, seguridad, etc.) fueron
similares a las pagadas en la vía pública. Sus instalaciones incluyen
bancos, restaurantes, estacionamientos, entre otros servicios de
calidad. MBK ocupa toda una manzana con espacios óptimamente
aprovechados en 10 pisos superiores y 2 subterráneos en la intersección
de varias líneas del metro y del tren ligero elevado.
La clave
del éxito de esta reubicación consiste en proporcionar al comercio
ambulante un espacio alterno con expectativas de ingresos superiores. El
error común de planeadores urbanos y autoridades en México consiste en
que han subestimando la racionalidad económica de los comerciantes: si
el espacio sustituto para establecerse no les garantiza un horizonte de
ingresos superior al proporcionado por su espacio actual, no tendrán
entonces incentivo para reubicarse.
Si se aplica
estratégicamente, esta medida podría incluso fortalecer a la industria
nacional. El primer obstáculo a vencer consiste en el origen lícito de
las mercancías. Como solución –simultánea al combate a la corrupción
aduanera-, podrían establecerse plazos de regularización, lo que les
implicaría a los comerciantes cambiar progresivamente de proveedores de
mercancías de contrabando a proveedores legales.
Ello estimularía la
comercialización de productos nacionales, reposicionando, por ejemplo, a
la industria nacional textil y del juguete, además de abrir un nicho
estable de mercado a los hasta ahora fabricantes de aparatos
electrónicos “hechizos”, permitiéndoles establecer fábricas con
controles de calidad (de lo cual Vietnam, Tailandia, China y la India
proporcionan experiencias exitosas).
No debemos oponernos a la
inversión público-privada; por el contrario, es necesario coordinar
inversiones para optimizar los recursos de la sociedad.
Sin embargo, sí
debemos seguir oponiéndonos a la secrecía con la que se están manejando
las megaobras no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país;
debemos oponernos a que el gobierno no consulte a los expertos en
arquitectura, planeación urbana y finanzas públicas para llevar a cabo
tremendas inversiones de nuestros dineros; debemos oponernos a que le
regalen concesiones a particulares amañados con el gobierno; debemos
oponernos a que se lesione el interés público; debemos oponernos a la
manipulación de la información de los proyectos públicos; debemos seguir
oponiéndonos a que los gobiernos no construyan para los ciudadanos sino
para acrecentar fortunas personales. La organización social demostrada
contra el Corredor Cultural Chapultepec acaba de ganar una emblemática
batalla contra el cáncer de la corrupción en México: es por ahí.
Twitter: @SergioSaldanaZ
