Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla 
(Reproducido de mi columna en Sin Embargo del 8 diciembre 2015)
 El pasado domingo 6 de diciembre se llevó a cabo la consulta 
ciudadana sobre el proyecto del Gobierno de la Ciudad de México 
“Corredor Cultural Chapultepec”. Ganó claramente el “no” al proyecto, 
con un 63 por ciento del total de los votos. La esencia del rechazo al 
proyecto consiste en la incertidumbre colectiva sobre la potencial 
entrega de un bien público a un grupo de empresarios; en este caso, la 
entrega del espacio público de Av. Chapultepec.
Este corredor implica la
 construcción de un complejo de locales comerciales con dinero público y
 en espacios públicos para el lucro de particulares. 
 Por su 
parte, esta obra posee múltiples impactos urbanísticos negativos: i) 
Aumentaría el caos vial de esta zona tan céntrica de la ciudad al 
sobrecargarla de comercios adicionales. Las actuales vías públicas ya 
son de por sí insuficientes, por lo que un aumento de la densidad 
comercial en la zona aumentaría dramáticamente el tránsito vehicular; 
ii) Si el espacio público en la Ciudad de México ya de por sí es muy 
escaso, esta obra destinaría sumas multimillonarias de dinero público 
para espacios privados. A la ciudad le urge disponer de áreas verdes 
recreativas; y si se ha de construir infraestructura, que esta sea para 
aumentar la eficiencia urbanística y el bienestar público; iii) El valor
 de esta megaobra debe contabilizar no sólo la sumatoria de sus costos 
de construcción, sino además debe sumársele el sobreprecio de mercado 
del metro cuadrado por estar tan bien ubicado. El precio del metro 
cuadrado en esta zona es alto, por lo que invertir un millón de pesos en
 ladrillos en esta zona tiene un retorno de la inversión muy alto 
comparado con invertir el mismo millón de pesos en una zona promedio de 
la ciudad: por eso, esta megaobra significaría un gigantesco regalo de 
nuestros recursos para un grupo de privilegiados; iv) Esta megaobra 
carece de valor estético y funcionalidad urbana, de acuerdo a las 
abrumadoras opiniones de arquitectos y urbanistas que han alzado la voz.
En lugar de este complejo comercial, debería construirse un espacio 
realmente público, para todos, en cuya planeación se escuchen antes las 
voces expertas; y si se quieren introducir locales comerciales, que 
estos no sean una extensión de las plazas comerciales que abundan por 
todo el país –y que benefician siempre a los mismos empresarios. Bien 
podría aprovecharse este tipo de espacios para erradicar el comercio en 
la vía pública y recuperar así –y con toda autoridad- los espacios 
públicos tomados por el ambulantaje en el Eje Central, en las calles de 
atrás de Palacio Nacional, en Av. Puente de Alvarado, Av. San Cosme, 
Calz. México-Tacuba, entre otros muchos espacios públicos actualmente 
perdidos para los ciudadanos. Así, por cada metro cuadrado construido se
 podrían recuperar muchos más de espacios públicos, con lo que la 
ciudadanía obtendría una enorme ganancia neta en términos de calidad de 
vida al recuperar nuestras banquetas, fachadas de edificios históricos, 
parques, plazas, jardines, etc., amén de la mejora de la salubridad en 
la vía pública.
Los ambulantes no sólo son objeto del interés 
público, también son sujeto. En tanto la economía mexicana continúe sin 
crecer en términos reales, como ha sucedido durante los últimos treinta 
años, el gobierno seguirá careciendo de autoridad moral para prohibir el
 comercio ambulante; en ese sentido son sujetos a respetarse. Sin 
embargo, no por ello los ciudadanos podemos seguir siendo privados de 
los espacios públicos que se han apropiado los ambulantes; en ese 
sentido, deben ser objeto de regulación pública. Ante ello, es Estado 
debe intervenir: estructuralmente, debe generar más crecimiento 
económico; coyunturalmente, debe reordenar –casi quirúrgicamente- el 
espacio público.
El problema del ambulantaje en la Ciudad de 
México podría resolverse si se le ordena y estructura en grandes centros
 comerciales en zonas de alta concurrencia, con un valor estético 
notable, que incluya áreas verdes de calidad y se les dota de ágiles 
vías de comunicación. No estoy con esto sugiriendo que esto 
necesariamente se haga sobre Av. Chapultepec, pero sí sugiero que 
abramos seriamente el análisis al respecto.
Como ejemplo exitoso,
 cito el caso de Tailandia. Hasta 1985, el comercio ambulante en 
Bangkok, su capital, era tanto o más conflictivo que el nuestro; con 
problemas similares en materia de mafias organizadas, condiciones de 
insalubridad, fricción constante con autoridades y ciudadanía, entre 
otros.
 La presencia creciente de mafias internacionales en 
Tailandia amenazaba entonces con filtrarse fácilmente en la gran red del
 comercio ambulante de Bangkok, lo cual habría hecho ingobernable la 
ciudad. Así, en 1985 el gobierno Tailandés construyó el centro comercial
 Mahboonkrong, más conocido por sus siglas MBK.
A diferencia de 
las típicas reubicaciones del comercio ambulante en centros comerciales 
en México -que fracasan fácilmente debido a la poca afluencia de 
compradores-, el éxito de MBK radicó en que su construyó en el corazón 
del centro financiero de Bangkok y las cuotas cobradas a los locatarios 
por concepto de servicios (electricidad, seguridad, etc.) fueron 
similares a las pagadas en la vía pública. Sus instalaciones incluyen 
bancos, restaurantes, estacionamientos, entre otros servicios de 
calidad. MBK ocupa toda una manzana con espacios óptimamente 
aprovechados en 10 pisos superiores y 2 subterráneos en la intersección 
de varias líneas del metro y del tren ligero elevado.
La clave 
del éxito de esta reubicación consiste en proporcionar al comercio 
ambulante un espacio alterno con expectativas de ingresos superiores. El
 error común de planeadores urbanos y autoridades en México consiste en 
que han subestimando la racionalidad económica de los comerciantes: si 
el espacio sustituto para establecerse no les garantiza un horizonte de 
ingresos superior al proporcionado por su espacio actual, no tendrán 
entonces incentivo para reubicarse.
Si se aplica 
estratégicamente, esta medida podría incluso fortalecer a la industria 
nacional. El primer obstáculo a vencer consiste en el origen lícito de 
las mercancías. Como solución –simultánea al combate a la corrupción 
aduanera-, podrían establecerse plazos de regularización, lo que les 
implicaría a los comerciantes cambiar progresivamente de proveedores de 
mercancías de contrabando a proveedores legales.
Ello estimularía la 
comercialización de productos nacionales, reposicionando, por ejemplo, a
 la industria nacional textil y del juguete, además de abrir un nicho 
estable de mercado a los hasta ahora fabricantes de aparatos 
electrónicos “hechizos”, permitiéndoles establecer fábricas con 
controles de calidad (de lo cual Vietnam, Tailandia, China y la India 
proporcionan experiencias exitosas).
No debemos oponernos a la 
inversión público-privada; por el contrario, es necesario coordinar 
inversiones para optimizar los recursos de la sociedad.
Sin embargo, sí 
debemos seguir oponiéndonos a la secrecía con la que se están manejando 
las megaobras no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país; 
debemos oponernos a que el gobierno no consulte a los expertos en 
arquitectura, planeación urbana y finanzas públicas para llevar a cabo 
tremendas inversiones de nuestros dineros; debemos oponernos a que le 
regalen concesiones a particulares amañados con el gobierno; debemos 
oponernos a que se lesione el interés público; debemos oponernos a la 
manipulación de la información de los proyectos públicos; debemos seguir
 oponiéndonos a que los gobiernos no construyan para los ciudadanos sino
 para acrecentar fortunas personales. La organización social demostrada 
contra el Corredor Cultural Chapultepec acaba de ganar una emblemática 
batalla contra el cáncer de la corrupción en México: es por ahí.
 Twitter: @SergioSaldanaZ
 
 
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