(Reproducido de mi columna en el Diario Contrapoder del 24 de abril de 2014)
Por su censura a Internet, las leyes secundarias de
telecomunicaciones propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto
contravienen la Resolución 68/167 Adoptada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como la Resolución
20/L.13 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la
Promoción, protección y disfrute de los derechos humanos en Internet.
Aunque por una parte, este tipo de resoluciones de Naciones Unidas
tienen un carácter no vinculante; por otra parte la práctica de un
Estado Miembro de la ONU como México en sentido contrario a estas
resoluciones constituye una práctica opuesta a la Carta de las Naciones Unidas. Lo
anterior es aún más relevante si se considera que México es un Estado
Miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Así entonces, la adopción de medidas como las contenidas en la
legislación secundaria de telecomunicaciones del Ejecutivo Federal
constituyen una falta al tradicional respeto de México por el
multilateralismo.
La sociedad civil está manifestándose por diversos medios para
oponerse a estas medidas, así como, entre otras, a las medidas de
favoritismo al duopolio televisivo.
Si el gobierno federal logra
imponerse haciendo pasar esta legislación, dispondrá ahora de todo el
poder, pues su estrategia parece ser, en este orden: i) Recompensar por
anticipado a Televisa y TV Azteca por apoyo para lo que viene; ii)
Impedir fuga de información por las redes sociales (censurando
Internet), y, su fin verdadero; iii) Disponer a discrecionalidad de las
utilidades de la producción de petróleo y gas natural, tal como está
previsto en la reforma energética.
Lo anterior sería imposible de lograr
sin los puntos i) y ii), pues sólo la movilización social organizada
desde todos los medios es lo único que podría frenarlo.
