EL DESMANTELAMIENTO DE PEMEX

Sergio O. Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 23 febrero 2016

México carece de una política de Estado. Una política de Estado es un conjunto de normas generales avaladas por el más alto nivel de conducción política del Estado como resultado de un amplio consenso social del país para que el Estado realice sus fines superiores con un horizonte estable y permanente en el tiempo. En lugar de ello, el destino del país hoy está a merced de un grupo de políticos desprestigiados que firmaron el Pacto por México, así como de un mediocre Plan Nacional de Desarrollo.

El Pacto por México de 2012 fue tan sólo un acuerdo sexenal de simulación democrática para repartirse el presupuesto público entre las cúpulas de tres partidos políticos (PRI, PAN y PRD); mientras que el Plan Nacional de Desarrollo es un listado de ocurrencias cortoplacistas de un grupo de improvisadores.

En consecuencia, hoy México carece de: i) un consenso social real; ii) congruencia entre los fines del Estado mexicano y las acciones de gobierno; iii) una articulación de políticas públicas de largo alcance, y; iv) altura de miras en el ejercicio del poder público.

Como en toda la administración pública mexicana, en materia energética también vamos a la deriva. La economía mexicana ha entrado en una crisis y, de continuar el actual bajo nivel de aprovechamiento gubernamental de los hidrocarburos propiedad de la nación, esta crisis se profundizará.

La producción petrolera del país se ha ido reduciendo drásticamente durante los últimos tres años y la recientemente aprobada Reforma Energética carece de elementos que nos permitan suponer recuperación alguna. En términos fiscales la situación no es mejor, pues los actuales esquemas contractuales para la asignación a particulares de bloques de exploración y producción de hidrocarburos no son los adecuados para la maximización de la renta petrolera por parte del Estado mexicano.

Es de una irresponsabilidad imperdonable que al día de hoy ni la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), ni la Secretaría de Energía (SENER), ni Petróleos Mexicanos (Pemex) han publicado estudio serio alguno que nos permita tener la certeza de que la Ronda Cero era económicamente óptima para Pemex dadas sus capacidades tecnológicas, financieras y de capital humano.

De lo que sí podemos estar seguros, en cambio, es que las regalías, impuestos y beneficios fiscales estipulados en los contratos de asignación a empresas particulares en la Ronda Uno de licitaciones son adversos al Estado mexicano. Lo anterior puede corroborarse con tal sólo hacer un comparativo internacional de las condiciones fiscales con que otros países concesionan la explotación de sus hidrocarburos. Así pues, existe una notable inviabilidad económica del actual esquema de asignaciones a particulares y de los niveles de inversión que está asumiendo Pemex.

La Ronda Uno está siendo un total fracaso para los ingresos públicos de México en tanto que se están asignando contratos a particulares en condiciones muy desventajosas para el fisco mexicano. Los funcionarios públicos encargados de este proceso de asignaciones están conscientes de lo anterior.
La aparente desesperación del Gobierno mexicano por los bajos precios del petróleo está sirviendo de justificación para el malbaratamiento de las asignaciones a particulares: cortina de humo engañabobos que esconde formidables negocios de funcionarios públicos y sus socios.
Así pues, a las autoridades mexicanas en materia energética les planteo las siguientes preguntas de planeación:

• ¿Cuál debe ser el ritmo adecuado de exploración, producción y comercialización de hidrocarburos en México por parte de Pemex, de empresas particulares y de farmouts dados la volatilidad de los precios internacionales, el debate ambiental entre el uso de combustibles fósiles y energías renovables y el contexto geopolítico del mercado mundial de hidrocarburos?
• ¿Cuándo deben lanzarse convocatorias para asignaciones a empresas particulares de bloques de hidrocarburos versus cuándo esperar?
• ¿Cuándo debe exportarse más crudo y gas natural?
• ¿Cuántos hidrocarburos debe exportar México y cuánto destinar a apoyar el despegue de la industria nacional?
• ¿Cuántos hidrocarburos debe México retener estratégicamente para usarse en el futuro?
• ¿Cuál es la programación financiera de corto y de largo plazo del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo?
• ¿Cuál debe ser la política de Estado en materia de aprovechamiento de hidrocarburos en México tal que nos permita aprovecharla óptimamente para financiar el desarrollo socioeconómico nacional con equidad?

No van a contestar a una sola de estas preguntas. No tienen interés y lo más probable es que tampoco tengan idea al respecto. No van a contestar porque percibo en ellos un total desprecio a la opinión pública y a la voluntad popular. No van a contestar por su absoluta ausencia de valores nacionalistas. No van a contestar porque tienen prisa en desmantelar Pemex hasta rematar sus instalaciones como fierros viejos.

@SergioSaldanaZ

LA TRADICIÓN ANTIDEMOCRÁTICA MEXICANA

Sergio O. Saldaña Zorrilla, Sin Embargo, 16 febrero 2016

Es difícil saber hacia dónde exactamente se dirige el país. Lo que, en cambio, no es tan difícil de saber es que hoy México no va hacia la construcción de una verdadera democracia, y nuestros actuales órganos electorales no nos están ayudando en nada a construirla.

En México existe una tradición antidemocrática. El suelo que hoy da forma a la República Mexicana nunca ha sido democrático. No lo era en tiempos de las civilizaciones precolombinas. Aunque estas, unas más que otras, destacaban en las ciencias, las artes y en su organización social, estaban erigidas sobre un orden jerárquico y autoritario. Ello ayuda a comprender por qué la Conquista fue relativamente sencilla para la corona española. El hábito al orden jerárquico de los pobladores de estas regiones muy probablemente haya facilitado la adopción de un nuevo orden. Ambos bloques de culturas tenían en común el hábito a los órdenes jerárquicos, autoritarios: del Huey Tlatoani y del rey; de la clase sacerdotal y de la Iglesia católica; de la penitencia y de la ofrenda.

Al cabo del siglo XVII, ambas tradiciones jerárquicas se habían prácticamente acoplado. España integró a criollos y, en menor medida, mestizos a la vida española, concediéndoles un trato jurídico y económico de iguales respecto de los habitantes de los reinos de España; a los indígenas, por su parte, los asimiló por medio de la evangelización y la encomienda.

Ahora bien, el Siglo XIX, desde la independencia hasta el Porfiriato, está dominado de un empuje popular cuya agenda contempla la igualdad, la libertad y la democracia. Sin embargo, ese empuje popular no logra la organización de la sociedad desde sus bases. Si bien el inicio de los movimientos armados del Siglo XIX está protagonizado por una pluralidad de clases, las clases populares quedaron fuera de los respectivos acuerdos de paz: igual los que se reunieron la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con un estandarte de la Guadalupana; los que marcharon con Morelos al sacrificio; o hasta los indígenas que durante el mandato de Santa Ana incluso llegaron a levantarse defendiendo posturas conservadoras. Lo que al final lograron esos movimientos fue un reacomodo entre élites. Así, la implementación de la democracia y la integración de los grupos marginados al poder siguieron posponiéndose.

Durante el Porfiriato, la apuesta de Porfirio Díaz y sus científicos era clara y entendible: el progreso como condición a la democratización; creía que primero se tenía que realizar una acumulación de capital considerable antes de empezar a redistribuir y sólo después iba a ser posible educar al Pueblo a fin de que la democracia cobrara sentido. El positivismo de la época, la teoría económica clásica y el materialismo dialéctico son interpretaciones complementarias de esa postura. Visto desde el paradigma económico predominante de la época (Marshall, Pigou, etc), el desarrollo económico no puede basarse en la atomización de la propiedad rural ni en la simple producción de materias primas, sino en la concentración de los medios de producción en manos innovadoras.

Así, tierra, trabajo y capital debían alcanzar grandes escalas. Fallidamente, en el Porfiriato ello devino en latifundismo, esclavitud y usura, respectivamente. En su inicio, la apuesta de Díaz tenía no sólo una perfecta lógica, sino probablemente también buenas intenciones. Sin embargo, la propiedad de los medios de producción fue tomada ya sea por hacendados (en uso de su tradición jerárquica), o de anglosajones (abiertamente respaldados por sus potencias). Por ello, Porfirio Díaz poco podía extraerles de solidaridad social hacia el país y la democratización era un proyecto que cada día se posponía más y más.

 Ese tránsito que nunca ocurrió hizo que su proyecto modernizador no sólo se estancara, sino que abortara por completo: tuvo que conformarse con la simple producción de materias primas y administrar la concentración extrema de la riqueza. Esa trenzada estructura de élites del Porfiriato fue principalmente la que le impidió al Estado recaudar los impuestos suficientes para emprender una cruzada educativa y demás mecanismos que cerraran la brecha social. La falta de educación del pueblo mexicano era lo que, en el fondo, motivó a Díaz a considerar que México nunca estuvo listo para la democracia.

La Revolución Mexicana fue protagonizada por el pueblo. Sin embargo, sus líderes fueron asesinados, quedando el país nuevamente en manos de una élite que tampoco quiso la democratización. El gran triunfador de la Revolución Mexicana fue Álvaro Obregón, quien no representaba ideales populares ni mucho menos democratizadores. Así, los gobiernos posteriores a la revolución de 1910, y a pesar de la cruzada vasconcelista, tampoco lograron alcanzar la democracia.

Luego de la Revolución Mexicana, en los pocos enclaves del país en donde la educación logró exitosos resultados a más amplios sectores del pueblo, surgieron demandas democratizadoras genuinas. Gracias a esa difusión educativa, entendieron los procesos revolucionarios del pasado como los escalones hacia la desconcentración del poder y el ascenso más generalizado del pueblo al poder. Ahí, sin embargo, el Estado cooptó o reprimió.

En momentos de la historia como en 1958 con el movimiento ferrocarrilero, en 1968 con el movimiento estudiantil, en 1971 con el movimiento periodista, en 1988 con el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (FCRN), hemos observado la lucha de un notable sector del pueblo que creyó en la democracia. Similar a la frustración que la contraorden genera en cualquier adiestramiento, una resentida decepción se incubó en los miembros de todos esos movimientos, la cual después se convirtió en pesimismo. Desde los años noventa, quienes demandaban democracia en México más bien ya han bajado los brazos –o se han asimilado dentro de partidos políticos que, como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), hoy ya sólo sirven de comparsa al gobierno para impedir la democratización del país y montar una farsa democrática ante el Pueblo mexicano y el mundo.

Tomar conciencia de que en México nunca ha habido una democracia real no debe incubar en nosotros el sentimiento fatalista de impotencia para cambiar nuestro destino; estar conscientes de ello debe, en cambio, empujarnos a la pronta construcción de nuestra democracia. Tal vez desde los años noventa, México ha carecido de rectores intelectuales de la democracia (a quienes no debemos confundir con los técnicos que diseñaron el Instituto Federal Electoral, IFE, y demás artefactos institucionales que sólo dan forma y nunca han dado fondo a la democratización).

La democratización de un pueblo no consiste, como ya hemos vivido en este país, en el asignar presupuestos millonarios y una estructura ridículamente aparatosa como la que hoy tienen el Instituto Nacional Electoral (INE) y los tribunales electorales. La democratización consiste en la presión incesante que la sociedad civil debe hacer hoy para derrumbar al actual aparato electoral y reemplazarlo por órganos electorales ciudadanos, austeros e independientes; independientes del gobierno, de partidos políticos, de empresas, de gobiernos extranjeros y de cualquier otra fuerza.

Necesitamos órganos electorales que tengan la independencia y el valor para anular elecciones, cancelar registros de partidos y descalificar candidatos ante pruebas de actos de corrupción, compra y coacción del voto, campañas anticipadas, financiamientos ligados al crimen organizado y al desvío de dinero público (robo) de los gobernadores de los estados y demás crímenes a la voluntad popular. Los órganos electorales actuales son incapaces de actuar en favor de la democratización del país; hoy actúan bajo órdenes del gobierno y de sus acuerdos con los partidos, para consumar así, una y otra vez, el aborto democrático. Estemos claros: los actuales órganos electorales mexicanos tienen secuestrada la democracia y debemos reemplazarlos.

@SergioSaldanaZ

La invalidez del matrimonio Peña-Rivera

Sergio O. Saldaña Zorrilla. Sin Embargo, 9 de febrero de 2016

En su ya cercana visita a México, el Papa Francisco tendrá que tomar decisiones cruciales. Tendrá que decidir entre los intereses del Vaticano y los de Peña Nieto. Una reciente investigación de la revista Proceso y Aristegui Noticias documentó los atropellos que cometió la Arquidiócesis Primada de México, encabezada por el Cardenal Norberto Rivera Carrera, para intentar cancelar la validez del matrimonio por la iglesia contraído entre Angélica Rivera y José Alberto Castro en 2004. Ello con la intención de posibilitar que Angélica Rivera se casara por la iglesia con Enrique Peña Nieto en 2010, lo cual finalmente ocurrió. Sin embargo, jamás se logró cancelar la validez de dicho matrimonio.
En su lugar, el Tribunal de la Arquidiócesis de México canceló una misa que hizo pasar falsamente por el matrimonio en comento. Se trata de una misa celebrada en fecha posterior al matrimonio entre Angélica Rivera y José Alberto Castro para renovar los votos matrimoniales en una playa de Acapulco, la cual fue oficiada por el Padre José Luis Salinas Aranda.

Con la intención de desviar la atención del verdadero matrimonio, el Padre Salinas Aranda fue falsamente acusado y luego injustamente condenado por el Tribunal de la Arquidiócesis de México por supuestamente casar a Angélica Rivera con José Alberto Castro sin tener licencias ministeriales para casar. Como pena, el Padre Salinas Aranda fue expulsado de la Arquidiócesis de México. No obstante, el Padre Salinas Aranda apeló con éxito ante el Vaticano, el cual ordenó la restitución de todos sus derechos, a lo cual la Arquidiócesis Primada de México hizo caso omiso.

Todo este proceso tuvo lugar mientras el Padre Salinas Aranda enfrentaba una lucha contra el cáncer, enfermedad por la que finalmente falleció en 2015. Así, la iglesia anunció falsamente la cancelación de la validez del primer matrimonio de Angélica Rivera para contraer –aquí sí inválidamente- matrimonio con Enrique Peña Nieto. Esto me conduce a pronunciar los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Cuál fue la obsesión de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto que llevaron a movilizar a la más alta jerarquía de la iglesia católica mexicana al punto de falsear hechos y a calumniar hasta su muerte al propio Padre Salinas Aranda?
2. ¿Creen Enrique Peña y Angélica Rivera que el Pueblo de México es tan católico como para no aceptar a un candidato a Presidente que no esté casado por la Iglesia católica?
3. ¿Por qué la necedad de construir a toda costa “la boda del año” pagando una multimillonaria propaganda encubierta con, principalmente, Televisa?
4. ¿Qué recibió a cambio el Cardenal Norberto Rivera por parte de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera para presionar el montaje de una justicia simulada para cancelar la validez de dicho matrimonio, aún a costa de cometer toda clase de injusticias y violaciones al propio derecho canónico?
5. ¿Cuánta maldad existe dentro de Enrique Peña, Angélica Rivera y del Cardenal Norberto Rivera como para calumniar al Padre José Luis Salinas Aranda aún cuando era por todos sabido lo avanzado de su cáncer?
6. ¿Qué tanto contribuyeron a agravar el cáncer del Padre Salinas Aranda los incesantes ataques difamatorios lanzados por el Cardenal Norberto Rivera Carrera en su contra?
7. ¿Qué tanto son responsables Enrique Peña, Angélica Rivero y Norberto Rivera Carrera por la muerte del Padre Salinas Aranda?
8. ¿Cuál es la responsabilidad del Papa Francisco por haberse mantenido omiso, callado, ante los injustos ataques proferidos en contra del Padre Salinas Aranda?
9. ¿Le conviene al Papa Francisco sostener al Cardenal Norberto Rivera Carrera al frente de la iglesia católica en México a pesar del desprestigio de este siniestro personaje en México? De ser así, el Cardenal Norberto Rivera debe representarle al Vaticano una enorme fuente de ingresos, proveniente, sospecho yo, del actual Gobierno federal mexicano (cuando menos). De otra forma, no veo por qué lo sostienen.
10. ¿Qué negocio es más rentable para el Vaticano: alinearse con Peña Nieto (con los beneficios económicos que ello implique) o limpiar la injustamente pisoteada honra del padre Salinas Aranda (impidiendo así la eventual caída de ingresos por diezmos de los católicos que se sientan agraviados ante este escándalo)?
11. ¿Qué clase de religión es aquella que da la espalda incluso a su propia curia?
12. ¿Qué autoridad moral le quedará al Papa y a su Iglesia si se niega a intervenir por las víctimas de la impunidad en México, incluyendo no sólo el caso del Padre Salinas Aranda sino también de los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y de las víctimas de curas pederastas?

Aquí mis conclusiones:

1. Dado que nunca se anuló ni se canceló la validez del matrimonio por la iglesia entre Angélica Rivera y José Alberto Castro, ante la Iglesia Católica ellos siguen casados.
2. El matrimonio por la Iglesia Católica entre Angélica Rivera y Enrique Peña es inválido.
3. Existe un total desacato por parte de la Arquidiócesis Primada de México y su Tribual respecto del Vaticano. El Tribunal de la Suprema Signatura Apostólica del Vaticano, al no encontrar elementos en contra del Padre Salinas Aranda, pidió la inmediata restitución del Padre a su ministerio. Sin embargo, esto nunca se realizó.
4. El Cardenal Norberto Rivera Carrera debe irse y rendir cuentas ante los tribunales canónicos correspondientes.
5. De no haber consecuencias drásticas por esta serie de atropellos, la Iglesia Católica le estará ratificando al mundo entero que la alta jerarquía de la Iglesia Católica sigue siendo la misma de la Edad Media: al servicio del poder en turno, dispuesta a cometer todo tipo de injusticas, indolente con el pueblo e incluso indiferentes al dolor de sus propios sacerdotes.

@SergioSaldanaZ