¿Cuál es el objetivo de la sociedad mexicana?

Sin un acuerdo moral al interior de la sociedad su estado de derecho se vulnera. Así por ejemplo, en el sistema judicial, las penas se van volviendo absurdas a los ojos de la sociedad en la medida en que se van alejando de lo que esta considera como bueno y malo. Si no existe sentimiento de culpabilidad, las penas irán incluso pareciendo injustas, y la moral personal podrá tolerar el sistemático rompimiento del estado de derecho. La búsqueda de un acuerdo social sobre justicia es entonces la reforma primaria a la actual crisis del país.

John Rawls, teórico del derecho judicial, propone la permanente reconstrucción de la justicia con base en un acuerdo de respeto sin excepciones a derechos individuales. Reconoce la validez del contrato social rousseauniano, pero sólo en tanto que este parta del “estado natural” de la sociedad.

Dicho estado consiste en un conjunto de circunstancias bajo las cuales los integrantes de la sociedad hacen un acuerdo de igualdad sin saber su papel concreto a jugar dentro de esta. Se trata de una especie de acuerdo justo a ciegas, en el cual no saben qué posición ocuparán en el tablero una vez iniciado el juego.

Esa condición de estado natural sirve para cerrar las puertas a la posibilidad de que una autoridad o un sector de la sociedad permitan a algún miembro de esta violar el acuerdo sólo por simpatizar ideológicamente con el infractor –o simplemente porque su moral individual no lo juzgue como malo.

El siguiente paso consiste en fijar el objetivo prioritario que la sociedad persigue: ¿consiste este en la maximización de los ingresos? En cuyo caso estaríamos ante una justicia utilitarista; ¿o más bien consiste en mejorar la distribución de los ingresos? ello nos colocaría dentro de una justicia igualitaria; ¿o lograr la estabilidad en los ingresos? eso sería una justicia conservadora; ¿el perfeccionamiento cultural y humanístico? eso sería justicia perfeccionista; ¿alcanzar la felicidad? ello nos situaría dentro de una justicia hedonista; ¿gozar del máximo posible de placeres? orientando a la sociedad hacia el eudemonismo.

Muchos países lo han definido, por lo que sus sistemas judiciales y éticos han ido alineándose de una manera coherente. Explicado por los excesos del absolutismo de los siglos previos, Francia, desde el siglo XIX, decidió basarse en la igualdad; Inglaterra se basa en la libertad individualista; los EUA en la libertad igualitarista; Alemania en el perfeccionismo progresista. Para definir consistentemente nuestro proyecto de país ¿qué objetivo debería perseguir prioritariamente la sociedad mexicana?

Refundación Económica

Me parece poco comprensible que el gobierno mexicano no haya aún implementado las medidas económicas de fondo para evitar el ahondamiento de la crisis actual. En parte, dicha crisis se deriva de la crisis mundial, acentuada por el reciente brote de Influenza humana A/H1N1. Por otra parte, esta es una crisis anunciada desde hace mucho tiempo debido al alto riesgo que implica la actual alta dependencia de la economía mexicana de la de los EUA. A este respecto, muchos diseñadores de políticas públicas del país durante los años 40’s y 50’s ya advertían del enorme riesgo que una orientación demasiado ligada a ese país implicaba: si militar y políticamente la presencia de los EUA ya era asimétrica, no había entonces por qué extender esa asimetría a la esfera económica.

Los planeadores de políticas públicas mexicanos de los 80’s y 90’s no lo creyeron así y apostaron por reforzar esa asimetría. Aún cuando lo anterior tiene la lógica económica de aprovechar las ventajas comparativas y competitivas que el comerciar con un mercado vecino tan complementario y vasto como el de los EUA implica, ello también implica, como actualmente sucede, el riesgo de absorber negativamente los choques externos provenientes de los vaivenes del vecino.

Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció su pronóstico de crecimiento económico para México: -4.8%. Dada la tasa media de crecimiento demográfico en México del 1.1% anual, el crecimiento del PIB per cápita se aproximaría entonces al -6%. Ahora, para mitigar los efectos negativos de ese decrecimiento económico, el gobierno se ha concentrado más en el discurso que en medidas tangibles. No obstante, no son los discursos sino los actos materializados de la autoridad los que influyen las expectativas y decisiones de los actores económicos. Así, el Plan Nacional de Infraestructura anunciado en 2008 en poco alteró las decisiones privadas debido a que las inversiones programadas para el actual sexenio son casi las mismas que las propuestas antes del advenimiento de la crisis.

Algo similar pasa con el Acuerdo Nacional a favor de la Economía Familiar y el Empleo, presentado el 7 de enero, en el que se presentan soluciones que no servirán de mucho ante la magnitud del decrecimiento económico. Dicho acuerdo presume un congelamiento de los precios de las gasolinas, cuando en realidad estos ya se encontraban en niveles superiores a los precios internacionales de referencia –por lo que su congelamiento ya era algo exógeno. También presume la reducción de tarifas eléctricas y de gas para empresas. Aun cuando lo anterior es entendible como mecanismo de contención de la inflación por el abaratamiento de insumos, esto no desacelerará el desempleo, pues la contracción del consumo mantiene deprimida la producción. El factor crítico de la economía no está ya en los insumos, sino en la baja demanda. Además, ese tipo de subsidios contribuye a aumentar el riesgo moral de las empresas al desincentivarlas para que hagan un uso energético más eficiente y, más aún, para que transiten hacia la adopción de energías renovables.

El gasto en esos subsidios a las empresas estaría mejor asignado si se destinara a un seguro de desempleo, a expandir la cobertura del IMSS y a una inversión integral en infraestructura. Tal como está en el acuerdo, el subsidio a tarifas eléctricas empresariales se traducirá en ahorro para la clase empresarial y no en reinversión y empleo; ello sólo generaría mayores inventarios. Aunque un mayor ahorro de la clase empresarial tal vez genere una mayor disponibilidad de liquidez, ésta no se traducirá en mayor inversión en tanto el consumo continúe deprimido, aumentando así la actual brecha de demanda.

Si, en cambio, el dinero se empleara en apoyar a los mexicanos en situaciones difíciles, se fortalecería el consumo privado y la demanda podrá reactivarse, reactivando la producción y el empleo. También debe redefinirse el Plan Nacional de Infraestructura, que hasta ahora consta de proyectos desarticulados de inversión de relativamente corta duración. Si sólo se ejecutan esos proyectos de corta duración, no se estarán generando empleos de forma sostenida, impidiendo la formación de una nueva generación de profesionales de la infraestructura productiva. Además, las inversiones corren el riesgo de perder empuje productivo en las regiones donde tienen lugar, impidiendo la formación de corredores productivos y ‘clusters’ tecnológicos.

¿Queremos desarrollar nuestra infraestructura portuaria para comerciar competitivamente con todo el globo o seguir dependiendo de la exportación de carga por tierra a prácticamente sólo los EUA? ¿Queremos crear nuestra propia industria aeronáutica o seguir esperanzados a las innovaciones de Airbus y Boeing? ¿Queremos desarrollar energías alternativas o sólo esperar a importar la solución?

La primera opción de cada una de esas interrogantes parece ser la obvia a elegir; pero su realización requiere enfrentar las actuales inercias, una renegociación del contrato vigente entre élites y entre éstas y las demás clases. En las conclusiones de los Foros Temáticos Nacionales y Regionales para enfrentar la crisis, a los que en enero convocó el CCE, pude presenciar el predominio de la acostumbrada petición de una mayor flexibilidad del mercado laboral y de mayores beneficios fiscales para evitar más despidos. Esto, sumado a lo hasta ahora poco audible de la voz de las demás organizaciones de la sociedad, sugiere que nuevamente las clases bajas serán las que pagarán innecesariamente los costos de esta crisis. Necesitamos entonces que la decisión gubernamental se esfuerce por escuchar y obedecer a los demás sectores de la sociedad, así como que se cuestione si sus soluciones económicas son realmente eficientes o si tan sólo son mecanismos para contener conflictos inmediatos.

[Esta entrada es una versión actualizada de mi artículo original publicado en El Universal el 5 de marzo de 2009]

Fundación Pro-Acción para la Renovación, la Integración y el Progreso

"Cada pueblo tiene el gobierno que se merece", este es el tipo de frases que se vuelve constante en discusiones como la de este blog. Precisamente esta fue mencionada en dos comentarios de la anterior entrada. Por ser una frase tan trillada parece que ha ido perdiendo su significado entre nosotros. Sin embargo, se sigue ajustando a la realidad: No es que seamos malos y que por eso nos merezcamos lo peor; sino que mientras no seamos capaces de construir algo mejor, la consecuencia lógica de ese no-acto es continuar hundiéndose.

Quienes estamos concientes de la necesidad de la refundación a la que hago mención en las anteriores entradas somos quienes primero debemos organizarnos para llevarla a cabo.

Al respecto, no basta con refunfuñar. Eso es precisamente lo que refuerza la no-acción; de lo que el país está inundado. Los reclamos aislados se pierden en un enojo pasajero en alguna reunión con los amigos. Con simples rabietas, nuestras mayorías creen superar lo que está mal en el país; creen ser mejores por mentarle la madre al gobierno o a cualquier ente con un mínimo de autoridad. Esas actitudes refunfuñonas y pasivas, sin embargo, son lo que los mantienen en calidad de ciudadanos de tercera, estériles y pueriles. Peor aún quienes ni una opinión tienen al respecto. Propongo ponernos de acuerdo en el diseño del tipo de país que queremos.

Al respecto, varias personas me han propuesto que elaboremos una propuesta integral seria. Por eso he creado con ellos una Fundación. La hemos llamado Fundación Pro-Acción para la Renovación, la Integración y el Progreso, A.C., constituída ante Notario Público el 12 de mayo de 2009. Uno de sus principales objetivos es el de proponer antes de fin de este año nuestro propio proyecto de país. La puerta está abierta para quienes quieran sumarse al esfuerzo. Pueden hacerlo por medio del envío de propuestas concretas en el área en que crean que más puedan contribuir. Permanentemente estaremos revisando y discutiendo nuestras propuestas de forma tal que nos aseguremos de tomar las mejores acciones y con los métodos más oportunos. Con ello pasaremos a los actos lo antes posible, creando un fuerte movimiento que transformará al país.