LISTA DE INSTITUCIONES Y PERSONAS QUE HAN CONDENADO PÚBLICAMENTE LA IMPUNIDAD Y EL NARCO-ESTADO MEXICANO

 a) MEDIOS
- The New York Times (EUA)
- Financial Times (Inglaterra)
- Der Spiegel (Alemania)...
- Le Monde (Francia)
- El País (España)
- Telesur (Argentina)
- The Guardian (Inglaterra)
- The Washington Post (EUA)
 - The Economist (Inglaterra)
- Telemundo (EUA)
- MVS (México)
- The Chicago Tribune (EUA)
- Sin Embargo (México)- La Jornada (México)
- Proceso (México)
- Reporte Índigo (México)
b) ORGANISMOS INTERNACIONALES Y PARLAMENTOS
- ‪ONU‬
- Human Rights Watch- Parlamento Inglés (Cámara de los Comunes)
- Parlamento de Alemania
- Congreso de Costa Rica
 c) PERSONALIDADES
- Padre Solalinde
- Kaylash Satyarthi, Premio Nobel de la Paz 2014
- Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006
- Jody Williams, Premio Nobel de la Paz 1997
- Rigoberta Menchú, Premio Nobel de la Paz 1992
- Javier Sicilia
- José Mujica, Presidente de Uruguay
- Evo Morales, Presidente de Bolivia
- Calle 13
- Café Tacuba
- Alfonso Cuarón
- Caifanes
- Javier "El Chicharito" Hernandez
- Kate del Castillo
- Héctor Suárez
- Zoe
- Ana Colchero
- Gael García
- Damián Alcázar
- Ana de la Reguera
- Talía Vázquez (ex-abogada de Mireles)
d) COMUNIDADES UNIVERSITARIAS
- ‪#‎UNAM‬ (Facultad de Economía, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias, Escuela Nacional de Antropología e Historia, Escuela Nacional de Música)
- ‪#‎IPN‬
- ‪#‎UAM‬
- ‪#‎UACM‬
- Universidad Autónoma de Chapingo
- UNACH (Facultad de Ciencias Sociales)
e) ORGANIZACIONES
- Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
- Frente de Pueblos por la Defensa de la Tierra de Atenco
- Comité del 68
- Sindicato Mexicano de Electricistas
- Asociación Nacional de Empresas para el Campo
- Congreso Popular
- Cooperativa Pascual
- CNTE, varias secciones
- STTPDF
- Trabajadores Migrantes
- Sindicato de Telefonistas
- Guía Orgánica A.C.
- STUNAM
- SITUAM
- Campaña Sin maíz no hay país
- Colectivo los Escribientes
- Colectivo Siniestra
- Comité Estudiantil Metropolitano
- Punto Final
- Frente Popular de la Cd. de México
- Fundación ProAcción
- Nueva Central de Trabajadores
f) REDES SOCIALES
- 146 millones de veces se ha usado el hashtag ‪#‎YaMeCanse‬ en Twitter
- 13 millones de entradas de 'Ayotzinapa' en Google
- 1 millón de entradas de 'Ayotzinapa crimen de Estado' en Google
g) MANIFESTACIONES
- 138 manifestaciones en 67 países
- 5 mega marchas en el DF
- 218 manifestaciones en 52 ciudades de México

¿Quién falta?

Les comparto un video de las organizaciones que nos reunimos con los padres de los normalistas desaparecidos el pasado 20 de noviembre para preparar el acuerdo de objetivos, acciones y ruta del movimiento.

ATAQUE DE POLICÍA FEDERAL Y GRANADEROS A POBLACIÓN CIVIL INDEFENSA DURANTE MARCHA PACÍFICA DEL 20NOV POR AYOTZINAPA EN EL ZOCALO // MEXICAN POLICE ATACK ON CIVIL UNARMED POPULATION DURING PACIFIC RALLY ON NOVEMBER 20 FOR AYOTZINAPA CRIMES AT ZOCALO SQUARE

ESPAÑOL  //  ENGLISH

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ESPAÑOL

Comparto video de la represión policiaca el 20 de noviembre de 2014 en el zócalo de la Ciudad de México contra manifestantes por la desaparición y asesinatos de normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Policía federal y granaderos del DF golpearon a población civil indefensa. Golpearon e insultaron a mujeres, adultos mayores, niños, familias enteras que pacíficamente marcharon para pedir justicia por la desaparición de 43 estudiantes que se suman a los miles de desapariciones y asesinatos de este año que a su vez se agregan a los cientos de miles de crímenes de los años recientes cometidos con la complicidad de políticos, funcionarios públicos, policías y el ejército mexicano y que quedan en la completa impunidad.

Los encapuchados que actuaron violentamente fueron coordinados por la policía; fueron contratados para infiltrarse entre los manifestantes y simular provocaciones a la policía. Con ello trataron de justificar que la policía disolviera la manifestación y golpeara a miles de personas pacíficas -seguramente con el fin de inhibir las siguientes manifestaciones.

La orden de ataque de la policía fue dada por medio de tres cohetes cuya luz iluminó la plancha del zócalo, disparados desde cerca de la reja principal de catedral y lanzados en dirección a Palacio Nacional. Coincidentemente, al estallido de cada cohete la policía avanzaba sus filas en una acción claramente coordinada y premeditada.

Quienes debieran gobernar delinquen, quienes debieran investigar los crímenes encubren a los criminales, quienes debieran capturar a los criminales reprimen al pueblo que les exige justicia.

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ENGLISH

I share video of police repression on November 20th, 2014, at Zocalo square (Mexico City’s main square) against demonstrators. Federal and Mexico City’s police attacked civil unarmed population. They hit and insulted women, elders, children and entire families, who walked by and/or stood there peacefully to demand justice for the recent abduction of 43 students and murder of 6 more (from Ayotzinapa town) by policemen in Iguala City, state of Guerrero. These crimes build on the current year’s thousands of abductions and murders. In turn, these crimes join the hundreds of thousands of crimes from the recent years, which account on the complicity of politicians, governmental officers, policemen and –most alarming- army elements. All these crimes remain unpunished.

Ca. 30 hooded people started hostilities against the police and buildings during the rally. However, overwhelming evidence suggests that they obeyed police commando in order to infiltrate the rally pretending being provocative to the police. It attempted justifying police intervention to disseminate and beat thousand of peaceful demonstrators –and most likely for inhibiting upcoming demonstrations.

The police attack order came from three flares launched from near the cathedral main entrance in direction to the presidential building. They lighted the square. By coincidence, every flare triggered police frontlines advancement. Evidently, it was a coordinated and planned action.

Those who are supposed to rule commit crime; those supposed to investigate cover up criminals; those supposed to catch criminals repress the people demanding justice.

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RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO EN CRÍMENES DE AYOTZINAPA: INTERROGUÉMOSLO

Por: Sergio O. Saldaña Zorrilla

(Reproducido de mi columna en SDP Noticias del 17 de noviembre de 2014)

La responsabilidad del Ejército mexicano en los crímenes de Ayotzinapa es clara. Por ello debe llamársele a interrogatorio público. Si bien el pasado jueves 13 de noviembre el Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), se reunió con diputados integrantes de la Comisión sobre el caso Ayotzinapa, esta reunión fue en privado y, a juzgar por las declaraciones de prensa de los legisladores al final del encuentro, me parece que tanto el tono como el contenido de dicha reunión fueron como un día de campo para el Gral. Cienfuegos[1]. Yo esperaba mucho más de los integrantes de esta comisión. Sea por falta de preparación sobre el caso por parte de los diputados o sea por falta de voluntad política –o por ambas-, mis expectativas sobre los resultados de esta comisión son ahora muy bajas.

Abundan los testimonios sobre la complicidad de elementos del ejército aquella noche. La presencia del ejército en esa zona data de décadas y poco se mueve dentro del territorio guerrerense sin que el ejército se entere; especialmente en la noche del 26 de septiembre de 2014, en la que el ejército tuvo un papel protagónico. Al respecto, véase la declaración de Omar García, normalista de Ayotzinapa sobreviviente del ataque, en entrevista con Carmen Aristegui[2]. En esa entrevista, el testigo describe la complicidad a sueldo que por años ha tenido el ejército mexicano con los carteles de la droga en el estado de Guerrero y la participación activa de los militares esa noche en los asesinatos y desaparición de los estudiantes –por eso me indigna tanto la timorata actitud de los diputados con el titular de la SEDENA[3].

Es abrumadora la evidencia de que estas prácticas mercenarias del ejército están teniendo lugar en todo el territorio nacional desde hace décadas y que se ha ido agravando en los últimos años[4].

Al día de hoy, la opinión pública tiene fuertes elementos sobre la culpabilidad en este crimen de lesa humanidad por parte de elementos del Estado provenientes de los tres niveles de gobierno, mínimamente: del gobierno federal por medio del ejército mexicano; del gobierno estatal por medio del Gobernador con licencia Ángel Aguirre y de su Secretario General de Gobierno, y; del gobierno municipal de Iguala y de Cocula por medio de policías y funcionarios municipales.

La responsabilidad por estos crímenes de Estado[5] no se limita a los autores materiales directos, pues también –y con más peso aún- incluye a los jefes y otros superiores. Lo anterior lo afirmo con fundamento en el Estatuto de Roma^[6], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005 –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte.

La responsabilidad, con base al Estatuto de Roma, recae también en los jefes y otros superiores:

Artículo 28.- Responsabilidad de los jefes y otros superiores. Además de otras causales de responsabilidad penal de conformidad con el presente Estatuto por crímenes de la competencia de la Corte:

a) El jefe militar o el que actúe efectivamente como jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por fuerzas bajo su mando y control efectivo, o su autoridad y control efectivo, según sea el caso, en razón de no haber ejercido un control apropiado sobre esas fuerzas cuando:

i) Hubiere sabido o, en razón de las circunstancias del momento, hubiere debido saber que las fuerzas estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometerlos; y

ii) No hubiere adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir su comisión o para poner el asunto en conocimiento de las autoridades competentes a los efectos de su investigación y enjuiciamiento.

Quien debiera indagar la participación del ejército en este crimen y en la mayor parte de los crímenes a gran escala es la Procuraduría General de la República (PGR). Sin embargo, parece no estarlo haciendo.

El Senado de la República, en su facultad de órgano investigador del Estado, debe entonces llenar ese vacío y llamar a interrogatorio en sesión pública, mínimamente, a las siguientes autoridades castrenses  –en este orden:

1.      José Rodríguez Pérez, Coronel Comandante del 27/o Batallón de Iguala, Guerrero;

2.      Alejandro Saavedra Hernández, General de Brigada de la 35/a Zona militar, en Chilpancingo, Guerrero;

3.      Martín Cordero Luqueño, Comandante General de División de la 9ª región militar de Acapulco, Guerrero, y, al final, a;

4.      Salvador Cienfuegos Zepeda, Secretario de la Defensa Nacional.

Una vez hecho el interrogatorio, el Senado debe instar al Agente del Ministerio Público respectivo y a la PGR a proceder con base en los elementos recabados por esta investigación.

Aunque en sus discursos los senadores, la PGR y el propio Presidente Peña se desgarren de indignación, de no llamar a interrogatorio público y en su caso procesar, entre otros, a estos personajes castrenses, volverán a enviarle el mensaje a la ciudadanía de que se rehúsan a desempeñar su mandato como servidores del Pueblo y que prefieren ser percibidos por la ciudadanía y el mundo entero como cómplices antes que dejar que la Justicia abra esta Caja de Pandora. Fue el Estado quien perpetró este crimen y es el Estado quien está encubriendo a sus responsables.

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[1] Ver nota: http://www.eluniversal.com.mx/nacion-mexico/2014/cienfuegos-diputados-reunion-abordan-ayotzinapa-1054055.html

[2] - Ver video, minuto 7:45 https://www.youtube.com/watch?v=xsiJD3n7s4s

- Ver nota: http://aristeguinoticias.com/3010/mexico/el-ejercito-tambien-esta-involucrado-en-el-ataque-a-normalistas-revela-omar-garcia/

[3] Además, léanse los siguientes testimonios documentales:

-          Ejército presenció masacre a estudiantes de Ayotzinapa sin intervenir: http://www.losangelespress.org/ejercito-presencio-masacre-a-estudiantes-de-ayotzinapa-sin-intervenir/#sthash.n3gHVFcH.dpuf

-          Blog del Estado Mayor sobre la intervención del ejército en contra de los normalistas: http://estadomayor.mx/48206

-          Militar torturado por la Policía de Iguala, antes de caso Ayotzinapa: http://www.losangelespress.org/militar-torturado-por-la-policia-de-iguala-antes-de-caso-ayotzinapa

-          Artículo de Jenaro Villamil en la Revista Proceso: Ayotzinapa, desaparición forzada y crisis de EPN: http://www.proceso.com.mx/?p=386077

[4] Véanse:

-          Artículo del diario inglés The Guardian, “Alianza de Estado asesina de México, el ejército y los carteles de la droga (Mexico’s murderous alliance of state, the army and the drug cartels)”: http://www.theguardian.com/world/2014/nov/16/mexicos-murderous-alliance-of-state-army-and-the-drug-cartels

-          Artículo del diario The New York Times sobre señalamientos oficiales del gobierno de los EUA sobre la complicidad de militares mexicanos con los cárteles de la droga: http://www.nytimes.com/2012/05/30/world/americas/mexican-army-case-adds-to-us-unease-in-drug-war.html?pagewanted=all&_r=0

-          Artículo del periódico ABC de España: http://www.abc.es/internacional/20131108/abci-estados-unidos-narco-mexico-201311071744.html

[5]  O, más precisamente, Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado, cuya validez del término he fundamentado en otro artículo. Véase: http://www.losangelespress.org/senor-procurador-iguala-si-es-el-estado-mexicano/

[6] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.

 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

EL FIN DE UNA SOCIEDAD MISERABLE

Ser pobre y ser miserable son dos cosas muy distintas. Ser pobre es carecer de los recursos para satisfacer las necesidades humanas básicas (alimentación, vivienda digna, salud y educación, principalmente). Ser miserable, en cambio, es estar dispuesto a rebajar la dignidad propia a cambio de unos centavos. Existen miserables pobres y ricos, miserables ignorantes y doctos, miserables de primer y tercer mundo, miserables rubios y morenos.

Existen, a su vez, épocas de las sociedades en que la miseria se generaliza más marcadamente. Hoy México vive una época de extrema miseria; miseria -más no pobreza- que nos coloca como sociedad al nivel de sociedades sin estructuras civilizatorias sólidas como las que se encuentran en ciertas regiones del Congo y otras partes del África Subsahariana.

Aún existen, afortunadamente, enclaves de civilización en México en las universidades, en organizaciones de la sociedad civil, en ciertos círculos religiosos, etc., que hoy están actuando más colaborativamente. Esos enclaves son la última oportunidad de revertir el actual proceso de salvajismo al que -en mi quizás relativa apreciación- desde hace 15 años retrocede esta sociedad. De la capacidad de unificación de esas burbujas de civilización depende la redirección de esta sociedad.

De nosotros depende re-civilizar a las mayorías. Esa tarea tiene todas las características de una misión, como las de la ONU (que a su vez se inspiran en las antiguas misiones católicas, basadas en el convencimiento, el llamado a la razón, al entendimiento y la conexión espiritual). De nosotros depende propagar prácticas civilizadas en nuestra sociedad; hacerle entender al que cambia su voto por una prebenda (100 pesos, despensa, láminas, etc.) que está cometiendo un acto miserable; igual que al policía que extorsiona, al que responde con violencia, etc. Hagamos que hoy termine la permisividad a la miseria.

SR. PROCURADOR, AYOTZINAPA SÍ ES CRIMEN DE ESTADO

(Reproducido de mi columna del 11 de noviembre de 2014 en Los Angeles Press)

Se equivoca el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, al afirmar que llamar Crimen de Estado a los crímenes de los normalistas de Ayotzinapa “es un poco peligroso”, que “un Crimen de Estado es una cosa mucho mayor”.[1] Mi fundamento para decir que sí se trata de un Crimen de Estado, es el Estatuto de Roma[2], el cual rige la competencia y funcionamiento de la Corte Penal Internacional (ONU 1998), del cual México es signatario desde el año 2005[3] –y por tanto acepta la competencia de dicha Corte[4]. De hecho, denominar esos actos atroces como Crimen de Estado es incluso abreviar lo que en realidad debe ser su tipificación completa: Crímenes de lesa humanidad por asesinato, privación grave de la libertad física, tortura, persecución y desaparición forzada de personas por parte del Estado.

El Estatuto de Roma establece que:

“Artículo 7. …se entenderá por ‘crimen de lesa humanidad’ cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato;… e)… privación grave de la libertad física…; f) Tortura;…h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos… i) Desaparición forzada de personas;… Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.”

También es impreciso el Procurador Murillo al afirmar que “Iguala no es el Estado mexicano”. Al igual que el resto de municipios que conforman el gobierno mexicano (en su nivel municipal), el municipio de Iguala forma parte del Estado mexicano. Recordemos que la Teoría del Estado convencionalmente considera al gobierno como elemento formativo del Estado (junto con la población y el territorio) así como elemento de cumplimiento de los fines del Estado (junto con el poder público)[5].

Finalmente, hago un respetuoso llamado a las autoridades investigadoras de este caso a que le den la seriedad que requiere y no den respuestas que denoten minimización de su gravedad y cansancio en su labor. Este no es un caso más. Este es el primer caso en que la sociedad mexicana tiene cero tolerancias a la justicia selectiva, a la impunidad, a la ineficacia, a la simulación, al carpetazo, al uso de chivos expiatorios, de cortinas de humo, de montajes televisivos y demás vicios no poco frecuentes de la justicia mexicana. Si valoran lo poco de legitimidad y prestigio internacional que aún le queda a la actual administración, deben aplicar una pronta justicia en casa y evitar la vergüenza internacional que sería exhibir este caso ante la Corte Penal Internacional en la Haya.

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[1] Conferencia de prensa del pasado viernes 7 de noviembre de 2014. Ver video de Gobierno de la República, minuto 55:15 al 55:41: https://www.youtube.com/watch?v=QNcfdHUiP8c

[2] ONU (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Depositado en la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas. Documento A/CONF.183/9. 66 pp. Roma.

 http://www.un.org/spanish/law/icc/statute/spanish/rome_statute(s).pdf

[3] Desde el 7 de septiembre del 2000, México firmó el Estatuto de Roma (ratificado por el Senado el 21 de junio de 2005), por lo que acepta la competencia de la Corte Penal Internacional de la Haya. Véase: http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInternacional/6/pim/pim39.pdf

[4] Estatuto de Roma (ONU 1998): “Artículo 12. 1. El Estado que pase a ser Parte en el presente Estatuto acepta por ello la competencia de la Corte....”

[5] González González, María de la Luz (2008). Teoría General del Estado. Ed. Porrúa y Facultad de Derecho de la UNAM. ISBN 978–970–07–7541–8. 670 pp. México, DF.

¿CÓMO REEMPLAZAR AL APARATO POLICIACO-CRIMINAL?

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 5 de noviembre del 2014)

Hoy estamos pagando los costos de haber permitido la implantación de un Estado policiaco: la lista de desaparecidos y crímenes de Estado va en aumento. Las policías municipales, estatales y federales en México son un gran riesgo para el ciudadano. Desde el sexenio de Calderón proliferaron los retenes policiacos y militares a lo largo y ancho del territorio mexicano con el pretexto de aumentar la vigilancia y la seguridad –violando con ello el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1]. Similarmente, los patrullajes se intensificaron. El aparato policiaco-militar ya se adueñó de los principales cruces de caminos, carreteras y calles, así como de las entradas y salidas miles de poblaciones y puntos intermedios. Hoy tienen el control absoluto del tránsito del país. Se distribuyeron entre ellos zonas geográficas y sectores productivos de una forma parecida al reparto de cuotas. Hoy, ellos saben perfectamente quiénes pasan por dónde en cada punto de nuestra geografía. Si bien es cierto que existen casos de exitosas detenciones de delincuentes por esos medios, por otra parte las violaciones a los derechos humanos han sido por mucho superiores a esos escasos casos de éxito.

Existe una gran heterogeneidad en los niveles de capacitación y corrupción del personal policiaco y militar, especialmente de aquellos ubicados en retenes y módulos. Es incierta la suerte que el ciudadano corre al ser retenido o detenido. Como pueden ser respetuosos y molestar al mínimo al conductor o peatón, también pueden ser agresivos, hostigadores, secuestradores y/o asesinos –como sucedió con el reciente caso de los cuatro jóvenes en Matamoros, con los asesinados en Iguala y con los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados, por nombrar sólo los casos más recientes.

Los ciudadanos estamos vulnerables al bajo nivel de capacitación de esos policías y militares, estamos expuestos a sus estados de ánimos, a sus acuerdos con el crimen organizado, con la delincuencia común y con gobernantes asesinos; somos vulnerables a las cuotas de extorsión exigidas por sus superiores y hasta a sus niveles de alcohol y drogas consumidas que alteran sus formas de proceder.

Esto debe cambiarse a partir de este momento:

1.      Deben someterse a una investigación inmediata todos los integrantes de policías y del ejército presuntamente asociados con asesinatos y secuestros, para, en su caso, procesárseles penalmente;

2.      Se debe constituir una policía nacional, única, con mando único –este punto lo desarrollaré en otro artículo, pues su definición es harto compleja para abordarse aquí mismo.

3.      Se deben desaparecer las policías municipales y estatales, pues serán reemplazadas por la policía nacional.

4.      Promulgar un código de procedimientos policiacos y militares que cumpla con las garantías individuales y con los protocolos internacionales de trato respetuoso al ciudadano y con penas muy altas en caso de incumplimiento (como la prisión mínima de diez años por la más pequeña falta, como es el caso de los Carabineros en Chile, lo cual explica parte de su éxito).

5.      El código de procedimientos policiacos y militares debe al menos garantizar:

a)      Que nadie, que no haya sido sorprendido in fraganti cometiendo un delito, podrá ser molestado en su persona o en sus propiedades sin la orden expresa de un juez. Con ello, se suprimen los retenes policiacos y militares así como las detenciones y revisiones en patrullajes;

b)      Los policías y militares deberán permitir que cualquier ciudadano los filme y/o fotografíe en cualquier momento, estén o no en servicio. Su calidad de servidores públicos así lo exige;

c)      Todo elemento policiaco y militar deberá actuar inmediatamente ante cualquier hecho delictivo (¡lo ridículo que puede parecer esto por su obviedad!); su retraso u omisión ante un crimen serán tratados como traición y serán castigados con severidad;

d)      Prohibición a las patrullas de activar sus faros, sirenas y timbres si no se encuentran en una persecución –ya que suelen usarlos para intimidar al ciudadano;

e)      Un trato respetuoso hacia al ciudadano ante cualquier situación no delictiva, incluyendo el tono de la voz y la forma de mirar, así como con un uso proporcional de la fuerza ante la comisión de delitos;

f)       La totalidad de garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. Para su cumplimiento debe constituirse una defensoría de derechos humanos independiente y de designación ciudadana. Con ello, la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos quedaría sustituida.

Estos puntos deben ser considerados en la definición de la agenda ciudadana de quienes hoy nos manifestamos en las calles. Debemos protestar a todo pulmón y en todas las formas contra estos crímenes de Estado, sí. Pero con ello no basta. Ello es sólo el punto de partida para restablecer el funcionamiento del Estado mexicano, lo cual se logrará con base en el diseño de una clara y concreta ruta de reconstrucción que se impulse con un muy bien estructurado pliego petitorio –o ruta constituyente, en caso de continuar la actual negativa gubernamental de cumplirle al Pueblo.

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[1] Que consagra la garantía individual de que nadie podrá ser molestado en su persona o sus bienes sin una orden expresa de un juez.

DESLEGITIMACIÓN DEL ESTADO MEXICANO POR INSUFICIENTE REACCIÓN ANTE AYOTZINAPA: PGR, EJÉRCITO y ONU

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 14 de octubre de 2014)

 
  El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa no fue una detención de la policía municipal, sino un secuestro perpetrado por elementos de la seguridad del Estado mexicano. Ese secuestro constituye un crimen de Estado. Un crimen de Estado que no es castigado deslegitima al Estado. Una vez deslegitimado, éste pierde su razón de ser y hay que reemplazarlo inmediatamente.

El nivel de gobierno ejecutor de este crimen de Estado es el municipal. Sin embargo, al ser la propia autoridad municipal incapaz de investigar y castigar a los responsables, de acuerdo al principio de subsidiariedad administrativa la responsabilidad corresponde escaladamente al nivel estatal y, en caso de persistir dicha incapacidad, la responsabilidad escala al nivel federal. Así pues, los dieciocho días transcurridos de los hechos son tiempo suficiente para darse cuenta de que no se están tomando las medidas en proporción a la gravedad de este crimen de Estado.

La única ruta para que el Estado mexicano recupere su legitimidad consiste en la realización inmediata de las siguientes acciones:

1.       La PGR debe inmediatamente llamar a cuentas –lo que hace tiempo se tenía que haber hecho-, a los secretarios y generales de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, pues sus elementos tienen presencia en todo el territorio nacional –y en especial en el estado de Guerrero, donde tienen una gran cantidad de elementos desplegados desde los años sesenta; desde hace décadas, difícilmente algo se mueve en el estado de Guerrero sin que ellos lo sepan. Los militares, sin lugar a dudas, poseen información valiosa sobre estos sucesos –y no sólo sobre el caso Ayotzinapa, sino sobre toda la guerra contra el narco en México. Los interrogatorios a estas autoridades castrenses revelarán la mayor parte de nombres de implicados y hechos. En caso de que estos interrogatorios no revelen información significativa, aún en ese caso deben haber fuertes consecuencias para las autoridades castrenses, pues ello revelará incumplimiento de su deber. Estos interrogatorios deben realizarse en audiencia pública en radio y televisión abierta en cadena nacional a fin de minimizar el riesgo de extorsiones dentro del proceso.

2.       Aprehender y procesar rápidamente al presidente municipal de Iguala.

3.       Aprehender y procesar rápidamente a todos los elementos de seguridad pública municipal que intervinieron en el secuestro de los estudiantes.

4.       Obtener la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre con el fin de que no interfiera con las investigaciones del caso. La abrumadora cantidad de señalamientos documentados en su contra constituyen elementos morales suficientes para retirarle la confianza del encargo de gobernador.

5.       Procesar y en su caso encarcelar al gobernador y demás personal gubernamental que resultara responsable.

6.       Investigar todas las denuncias que formal o informalmente se hayan realizado ante la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de fincar las responsabilidades y procesar en consecuencia a los funcionarios de esta dependencia por su posible negligencia, omisión o encubrimiento al alcalde de Iguala, al gobernador de Guerrero y a demás autoridades señaladas de colusión con el crimen organizado.

 

Cualquier cosa que haga el Estado mexicano que no comprenda los puntos anteriores será una simple simulación. El caso argentino es elocuente al respecto. La paz regresó al país (y las desapariciones cesaron) hasta que se enjuició a los militares responsables de la guerra sucia de los años setentas y ochentas.

Esta deslegitimación del Estado mexicano no sólo está teniendo lugar ante los ojos del Pueblo de México, sino que ahora también a nivel mundial. La tibia reacción del Estado mexicano ante este crimen de Estado también demuestra al mundo que México sigue sin tener la voluntad de convertirse en una democracia, con lo que la propaganda oficial internacional de “Un México que ha decidido cambiar” se convierte a partir de ahora en una farsa más. Nuevamente, estamos apareciendo ante el mundo como un país atrasado, sin estado de derecho, con prácticas salvajes y una corrupción incontrolable a todos los niveles.

La reciente proposición del Presidente Peña –secundada por el Senado- de que fuerzas militares mexicanas participen en misiones humanitarias de Naciones Unidas como cascos azules se torna ahora inoportuna. Si bien es cierto que la eventual participación de nuestros militares en estas misiones traería enormes beneficios a nuestras fuerzas armadas en tanto que les enseñaría mejores procedimientos de respeto a los derechos humanos, también es cierto que este no es el mejor momento para esa participación debido a lo reciente de las ejecuciones militares extrajudiciales en Tlatlaya y la pasividad mostrada por el ejército en Ayotzinapa.

 
  Los cascos azules los necesitamos más bien nosotros en México puesto que ya reunimos los requisitos que justifican una intervención de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, pues tenemos[1]: i) un conflicto bélico real (el Pueblo bajo ataque de un Estado cómplice del crimen organizado); ii) las instituciones del Estado son incapaces de solucionar el conflicto (pues se ha roto la confianza en el ejército mexicano, los cuerpos policiacos y las instituciones responsables de la impartición de justicia), y; iii) existe una sistemática violación a los derechos humanos de la población civil.

En caso de que el Estado mexicano no tome medidas de fondo como las arriba propuestas, será entonces hora de que la población civil, por medio de organizaciones sociales y grandes personalidades, solicite directamente a la Asamblea General de Naciones Unidas se someta a discusión el caso de México. También podemos solicitar a distintos gobiernos que lleven nuestro caso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

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[1] Véase: http://www.un.org/es/peacekeeping/