(Reproducido de
mi columna en Los Angeles Press del 5 de noviembre del 2014)
Hoy estamos pagando los costos de
haber permitido la implantación de un Estado policiaco: la lista de
desaparecidos y crímenes de Estado va en aumento. Las policías municipales,
estatales y federales en México son un gran riesgo para el ciudadano. Desde el
sexenio de Calderón proliferaron los retenes policiacos y militares a lo largo
y ancho del territorio mexicano con el pretexto de aumentar la vigilancia y la
seguridad –violando con ello el artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Similarmente, los patrullajes se intensificaron. El aparato policiaco-militar
ya se adueñó de los principales cruces de caminos, carreteras y calles, así como
de las entradas y salidas miles de poblaciones y puntos intermedios. Hoy tienen
el control absoluto del tránsito del país. Se distribuyeron entre ellos zonas
geográficas y sectores productivos de una forma parecida al reparto de cuotas.
Hoy, ellos saben perfectamente quiénes pasan por dónde en cada punto de nuestra
geografía. Si bien es cierto que existen casos de exitosas detenciones de
delincuentes por esos medios, por otra parte las violaciones a los derechos
humanos han sido por mucho superiores a esos escasos casos de éxito.
Existe una gran heterogeneidad en
los niveles de capacitación y corrupción del personal policiaco y militar,
especialmente de aquellos ubicados en retenes y módulos. Es incierta la suerte
que el ciudadano corre al ser retenido o detenido. Como pueden ser respetuosos
y molestar al mínimo al conductor o peatón, también pueden ser agresivos,
hostigadores, secuestradores y/o asesinos –como sucedió con el reciente caso de
los cuatro jóvenes en Matamoros, con los asesinados en Iguala y con los 43
normalistas de Ayotzinapa secuestrados, por nombrar sólo los casos más
recientes.
Los ciudadanos estamos vulnerables
al bajo nivel de capacitación de esos policías y militares, estamos expuestos a
sus estados de ánimos, a sus acuerdos con el crimen organizado, con la
delincuencia común y con gobernantes asesinos; somos vulnerables a las cuotas
de extorsión exigidas por sus superiores y hasta a sus niveles de alcohol y
drogas consumidas que alteran sus formas de proceder.
Esto debe cambiarse a partir de
este momento:
1. Deben
someterse a una investigación inmediata
todos los integrantes de policías y del ejército presuntamente asociados
con asesinatos y secuestros, para, en su caso, procesárseles penalmente;
2. Se debe
constituir una policía nacional, única,
con mando único –este punto lo desarrollaré en otro artículo, pues su
definición es harto compleja para abordarse aquí mismo.
3. Se deben desaparecer las policías municipales y
estatales, pues serán reemplazadas por la policía nacional.
4. Promulgar un código de procedimientos policiacos y
militares que cumpla con las garantías individuales y con los
protocolos internacionales de trato respetuoso al ciudadano y con penas muy
altas en caso de incumplimiento (como la prisión mínima de diez años por la más
pequeña falta, como es el caso de los Carabineros en Chile, lo cual explica
parte de su éxito).
5. El código
de procedimientos policiacos y militares debe
al menos garantizar:
a) Que nadie,
que no haya sido sorprendido in fraganti
cometiendo un delito, podrá ser molestado en su persona o en sus propiedades
sin la orden expresa de un juez. Con ello, se
suprimen los retenes policiacos y militares así como las detenciones y
revisiones en patrullajes;
b) Los
policías y militares deberán permitir
que cualquier ciudadano los filme y/o fotografíe en cualquier momento,
estén o no en servicio. Su calidad de servidores públicos así lo exige;
c) Todo
elemento policiaco y militar deberá actuar
inmediatamente ante cualquier hecho delictivo (¡lo ridículo que puede
parecer esto por su obviedad!); su retraso u omisión ante un crimen serán
tratados como traición y serán castigados con severidad;
d) Prohibición a las patrullas de activar sus faros,
sirenas y timbres si no se encuentran en una persecución –ya que suelen
usarlos para intimidar al ciudadano;
e) Un trato respetuoso hacia al ciudadano
ante cualquier situación no delictiva, incluyendo el tono de la voz y la forma
de mirar, así como con un uso proporcional de la fuerza ante la comisión de
delitos;
f) La
totalidad de garantías individuales consagradas
en nuestra Constitución. Para su cumplimiento debe constituirse una defensoría
de derechos humanos independiente y de designación ciudadana. Con ello, la
actual Comisión Nacional de Derechos Humanos quedaría sustituida.
Estos puntos deben ser considerados
en la definición de la agenda ciudadana de quienes hoy nos manifestamos en las
calles. Debemos protestar a todo pulmón y en todas las formas contra estos
crímenes de Estado, sí. Pero con ello no basta. Ello es sólo el punto de
partida para restablecer el funcionamiento del Estado mexicano, lo cual se
logrará con base en el diseño de una clara y concreta ruta de reconstrucción
que se impulse con un muy bien estructurado pliego petitorio –o ruta
constituyente, en caso de continuar la actual negativa gubernamental de
cumplirle al Pueblo.
