· La experiencia mundial demuestra que la apertura al sector privado en el suministro eléctrico aumenta las tarifas a los consumidores.
·
En México, desde hace años, los
particulares venden electricidad cara a CFE.
Abrir a particulares la participación en la generación,
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica en el país,
como lo propone la legislación secundaria enviada por el Presidente Enrique
Peña Nieto, es un grave error económico.
No hay
razones económicas que justifiquen esa legislación. Permitir la participación
de suministradores privados de energía eléctrica no causa ahorro alguno al
Estado mexicano; por el contrario, hasta ahora la energía que CFE ha comprado a
particulares ha tenido un costo de producción mayor al de la capacidad
instalada de CFE. CFE no emplea óptimamente su capacidad instalada debido a que
tiene contratos con particulares –predominantemente extranjeros. Si CFE hiciera
uso pleno de su capacidad instalada en plantas hidroeléctricas, de
comparativamente bajos costos unitarios, se abatiría el costo promedio unitario
de CFE. Así, CFE ahorraría enormemente si dejara de comprar energía a los productores
privados.
Los
perjudicados hasta ahora han sido los usuarios –hogares y empresas-, que pagan
cada vez más por el suministro eléctrico. De ampliarse el suministro eléctrico
por medio de empresas privadas, como lo propone esta legislación, el costo de
las tarifas eléctricas aumentará aún más y se perjudicará aún más al Pueblo de
México.
Desde inicios de los años ochenta diversos países comenzaron
a reformar sus marcos legales a fin de romper el monopolio del Estado en el
sector eléctrico. Al día de hoy, la evidencia empírica de los resultados en esos
países nos arroja resultados abrumadoramente negativos.
La justificación de las reformas en esos países se sustentó
en una parte de la teoría económica que sostiene que la libre competencia, al
permitir actuar libre y eficientemente a las fuerzas del mercado, ocasiona un
menor precio para el usuario final. Ello suele ser cierto para el caso de la
mayor parte de los mercados de una economía convencional. Sin embargo, en el
sector energético esas consecuencias no tienen lugar. La propia teoría
económica lo reconoce. Son muchos los teóricos de la economía que han analizado
el carácter oligopólico de los mercados energéticos, entre ellos varios premios
nobel de economía como Paul Krugman y Joseph Stiglitz.
El sector energético tiene un carácter estratégico
para un país debido a que es el insumo base de toda la economía, de la sociedad
y de los gobiernos.
Debido al alto monto de inversiones que requiere
para operar una empresa del sector energético, es imposible que lleguen a haber
tantas empresas oferentes en el mercado tal que dé paso a una fijación de
precios por la libre competencia. Por ello, la supuesta reducción de precios al
usuario final es falsa –aún al cabo de los años.
Incluso en los países desarrollados, estos
oligopolios han sido muy difíciles de regular y sus beneficios sociales han
sido escasos o negativos, como es el caso de los Estados Unidos de América
(EUA) e Inglaterra, países en los que ciudadanía y gobierno incluso debaten el
regreso a la nacionalización de su industria eléctrica. En el caso de los
países en vías de desarrollo y con instituciones en proceso de consolidación,
las consecuencias han sido mucho peores.
O ¿cómo
se nos garantiza que en México no se formarán oligopolios en este sector? ¿Tenemos
acaso instituciones más desarrolladas y probas en materia de regulación
energética que en los países desarrollados? Por su diseño, el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE), propuesto en esta legislación secundaria, y la Comisión Federal de Competencia Económica serán insuficientes para
afrontar un reto de este tamaño.
Es necesario que el Estado mexicano
mantenga el monopolio en la industria eléctrica. Cuando el Estado es el
proveedor de electricidad, la prioridad es la cobertura social y productiva a
precios accesibles. En un mercado abierto al sector privado, en cambio, la
prioridad es la maximización de utilidades.
La industria eléctrica se debe
adelantar al desarrollo industrial y social del país con una visión estratégica
de largo plazo; esto no lo pueden hacer los particulares, esto sólo puede hacerlo
el Estado.
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