13 de noviembre de 2014

¿CÓMO REEMPLAZAR AL APARATO POLICIACO-CRIMINAL?

(Reproducido de mi columna en Los Angeles Press del 5 de noviembre del 2014)

Hoy estamos pagando los costos de haber permitido la implantación de un Estado policiaco: la lista de desaparecidos y crímenes de Estado va en aumento. Las policías municipales, estatales y federales en México son un gran riesgo para el ciudadano. Desde el sexenio de Calderón proliferaron los retenes policiacos y militares a lo largo y ancho del territorio mexicano con el pretexto de aumentar la vigilancia y la seguridad –violando con ello el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[1]. Similarmente, los patrullajes se intensificaron. El aparato policiaco-militar ya se adueñó de los principales cruces de caminos, carreteras y calles, así como de las entradas y salidas miles de poblaciones y puntos intermedios. Hoy tienen el control absoluto del tránsito del país. Se distribuyeron entre ellos zonas geográficas y sectores productivos de una forma parecida al reparto de cuotas. Hoy, ellos saben perfectamente quiénes pasan por dónde en cada punto de nuestra geografía. Si bien es cierto que existen casos de exitosas detenciones de delincuentes por esos medios, por otra parte las violaciones a los derechos humanos han sido por mucho superiores a esos escasos casos de éxito.

Existe una gran heterogeneidad en los niveles de capacitación y corrupción del personal policiaco y militar, especialmente de aquellos ubicados en retenes y módulos. Es incierta la suerte que el ciudadano corre al ser retenido o detenido. Como pueden ser respetuosos y molestar al mínimo al conductor o peatón, también pueden ser agresivos, hostigadores, secuestradores y/o asesinos –como sucedió con el reciente caso de los cuatro jóvenes en Matamoros, con los asesinados en Iguala y con los 43 normalistas de Ayotzinapa secuestrados, por nombrar sólo los casos más recientes.

Los ciudadanos estamos vulnerables al bajo nivel de capacitación de esos policías y militares, estamos expuestos a sus estados de ánimos, a sus acuerdos con el crimen organizado, con la delincuencia común y con gobernantes asesinos; somos vulnerables a las cuotas de extorsión exigidas por sus superiores y hasta a sus niveles de alcohol y drogas consumidas que alteran sus formas de proceder.

Esto debe cambiarse a partir de este momento:

1.      Deben someterse a una investigación inmediata todos los integrantes de policías y del ejército presuntamente asociados con asesinatos y secuestros, para, en su caso, procesárseles penalmente;

2.      Se debe constituir una policía nacional, única, con mando único –este punto lo desarrollaré en otro artículo, pues su definición es harto compleja para abordarse aquí mismo.

3.      Se deben desaparecer las policías municipales y estatales, pues serán reemplazadas por la policía nacional.

4.      Promulgar un código de procedimientos policiacos y militares que cumpla con las garantías individuales y con los protocolos internacionales de trato respetuoso al ciudadano y con penas muy altas en caso de incumplimiento (como la prisión mínima de diez años por la más pequeña falta, como es el caso de los Carabineros en Chile, lo cual explica parte de su éxito).

5.      El código de procedimientos policiacos y militares debe al menos garantizar:

a)      Que nadie, que no haya sido sorprendido in fraganti cometiendo un delito, podrá ser molestado en su persona o en sus propiedades sin la orden expresa de un juez. Con ello, se suprimen los retenes policiacos y militares así como las detenciones y revisiones en patrullajes;

b)      Los policías y militares deberán permitir que cualquier ciudadano los filme y/o fotografíe en cualquier momento, estén o no en servicio. Su calidad de servidores públicos así lo exige;

c)      Todo elemento policiaco y militar deberá actuar inmediatamente ante cualquier hecho delictivo (¡lo ridículo que puede parecer esto por su obviedad!); su retraso u omisión ante un crimen serán tratados como traición y serán castigados con severidad;

d)      Prohibición a las patrullas de activar sus faros, sirenas y timbres si no se encuentran en una persecución –ya que suelen usarlos para intimidar al ciudadano;

e)      Un trato respetuoso hacia al ciudadano ante cualquier situación no delictiva, incluyendo el tono de la voz y la forma de mirar, así como con un uso proporcional de la fuerza ante la comisión de delitos;

f)       La totalidad de garantías individuales consagradas en nuestra Constitución. Para su cumplimiento debe constituirse una defensoría de derechos humanos independiente y de designación ciudadana. Con ello, la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos quedaría sustituida.

Estos puntos deben ser considerados en la definición de la agenda ciudadana de quienes hoy nos manifestamos en las calles. Debemos protestar a todo pulmón y en todas las formas contra estos crímenes de Estado, sí. Pero con ello no basta. Ello es sólo el punto de partida para restablecer el funcionamiento del Estado mexicano, lo cual se logrará con base en el diseño de una clara y concreta ruta de reconstrucción que se impulse con un muy bien estructurado pliego petitorio –o ruta constituyente, en caso de continuar la actual negativa gubernamental de cumplirle al Pueblo.



[1] Que consagra la garantía individual de que nadie podrá ser molestado en su persona o sus bienes sin una orden expresa de un juez.

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